22 de junio 2021
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Excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta) —como solicitan senadores estadounidenses ante la deriva dictatorial de Daniel Ortega— afectaría las exportaciones, el empleo, la actividad económica, la recaudación de impuestos… y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Los senadores Marco Rubio, Jim Risch, Patrick Leahy, John Cornyn, Dick Durbin, Todd Young y Bill Cassidy, enviaron la semana pasada una carta al presidente de su país, Joe Biden, pidiéndole, entre otras cosas, “revisar la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio”, lo que encarecería el costo de las empresas nicaragüenses para exportar a ese país.
Si eso pasara “siempre podríamos vender en Estados Unidos, pero con altos aranceles”, aclaró José Ángel Buitrago, que como directivo de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan) conoce el funcionamiento del comercio internacional.
“Tendríamos que buscar nuevos mercados para nuestros productos”, dijo preguntándose si Venezuela, Cuba, China o Rusia podrían ser esos nuevos destinos.
El Tratado —que entró en vigencia para Nicaragua el 1 de abril de 2006— representó un gran salto adelante al convertir a Centroamérica en una plataforma para exportar al gran mercado estadounidense, lo que permitió que Nicaragua más que sextuplicara sus exportaciones a ese país, que pasaron de 228.4 millones de dólares en ese año, a 1402.1 millones en 2020.
Un economista que trabaja para una entidad que produce alimentos, y solicita reservar su identidad para evitar represalias, advirtió que el Gobierno podría ver la pérdida de las ventajas arancelarias que da el Cafta, como una oportunidad para chantajear a los empresarios.
“El Cafta puede verse como un mercado de bienes finales, pero también como un proveedor de materias primas que se importan desde Estados Unidos, libres de aranceles. Si se suspende, la decisión de mantenerlos en cero, o retornar a los aranceles generales quedaría discrecionalmente en manos de las autoridades nicaragüenses”, señaló.
A modo de ejemplo, dijo que un producto que pague 20% para entrar al país proveniente de cualquier parte del mundo, paga una tasa cero si se trae de Estados Unidos. Si nos sacan del Cafta, se encarecerían todas las importaciones, incluyendo las materias primas e insumos, ante lo cual el Gobierno podría dejarlo así, o aplicarle impuestos pensando en recaudar más, aunque este escenario aumentaría el costo de las materias primas que se usan para producir.
“El Gobierno también podría chantajear a los empresarios, ofreciéndoles mantener las ventajas perdidas en el Cafta, a cambio de su apoyo expreso, o al menos, de que regresen al esquema de ‘ustedes produzcan y hagan negocios, y déjenme a mí gobernar’, pero no veo a los empresarios aceptando esos condicionamientos”, precisó.
Sería otro golpe para el INSS
El economista narró a CONFIDENCIAL que entre sus colegas extranjeros hay preocupación, porque “hasta la semana pasada, la posibilidad de que nos excluyeran era un rumor, un argumento sin indicio de dar inicio a un proceso, pero eso cambió con el proyecto de María Elvira Salazar, e implica un cambio radical”.
Se refiere a la ‘Ley bipartidista de Revisión del Libre Comercio de Nicaragua’, que ya está en tubería igual que la Ley Renacer, y que, de aprobarse, incrementarían los riesgos asociados a hacer negocios en y con Nicaragua, y profundiza las decisiones de no invertir.
“La señal de riesgo fue transmitida, y se suma a la valoración de la Unidad de Inteligencia Económica (EIU por sus siglas en inglés), del diario The Economist, que nos da un calificativo de riesgo más elevado”, recordó.
El economista indicó que perder las ventajas asociadas al acuerdo comercial apuntaría directamente en contra de la estabilidad del Seguro Social, porque “gracias el Cafta, inevitable e indudablemente, hay un conjunto de inversiones (textileras, fabricantes de arneses) que se instalaron en el país, porque encontraron condiciones favorables gracias al acuerdo comercial”.
La entrada en vigor del Tratado atrajo capitales coreanos y taiwaneses que llegaron a Nicaragua y se adscribieron al régimen de Zona Franca, para aprovechar esta plataforma que permitía acceso al mercado estadounidense, pagando aranceles —y fletes— más bajos, rememoró una experta que fue parte del proceso de negociación del TLC, pero prefiere no ser identificada.
Ello permitió que el nivel de empleo que generan las empresas adscritas al régimen de Zonas Francas (unos 125 000 al primer trimestre de 2021) se considere “significativo”, de cara a la estabilidad del Seguro Social.
“Si se da el retiro de los capitales que se instalaron gracias a los atractivos del Cafta, eso repercutirá en el empleo, y generará una mayor tensión en las finanzas del INSS”, advirtió.
Sufriría el mercado interno
Todos saben que perder el Cafta implica que caigan los ingresos por exportaciones a Estados Unidos. Lo que nadie ha calculado con detalle es cuánto, aunque un experto que conoce cómo ha evolucionado el sector de zonas francas en el país a lo largo de las últimas dos décadas, calcula que “solo el sector textil perdería entre 1300 a 1500 millones de dólares anuales en exportaciones”.
La cifra surge de calcular varios escenarios teóricos, asumiendo que las empresas que se queden en el país regresarían a la elaboración de prendas básicas, (que se venden más baratas, pero se fabrican en mayores volúmenes, lo que permitiría seguir siendo competitivos, aun pagando aranceles) conservando, quizás, el 30% de la producción actual.
En un escenario como ese, las exportaciones oscilarían entre 300 a 500 millones, (después que rozaron los 1800 millones en 2019), y podría llevar a la pérdida del 50% de las 65 000 personas que emplea el sector. Todos cotizantes al INSS.
“Es difícil precisar qué significa el Cafta en términos de aumento de ingresos, porque creció tanto lo que se importa, como lo que se exporta”, dijo un académico familiarizado con el comercio internacional, que también pidió el anonimato.
“Cada dólar que no llega debilita el ingreso de la economía, y el de las personas. Esto representa un gran impacto para las empresas que atienden el mercado interno, como las productoras de alimentos, que se verán afectadas porque al disminuir el ingreso de las familias, habrá menor compra. El mercado se reducirá porque habrá menos dólares y menos asalariados”, vislumbró el economista.
Un ejemplo de ello son los productores agrícolas, que destinan el grueso de su producción a satisfacer el mercado interno, por lo que recibirían un fuerte impacto si la economía pierde fuelle.
La ventaja para algunos sectores es que entre más básico sea su actividad, tardará más en percibir los efectos negativos, aunque esa situación no sea sostenible, porque a la larga, todos sufrirán. Hasta la administración tributaria, que verá mermar los ingresos fiscales.
El riesgo de perder 15 años de avances
Si bien algunos sectores (como los exportadores de azúcar de caña y de carne de res) recibieron un impulso importante al negociar cuotas de exportación a Estados Unidos dentro del TLC, fue el sector de Zonas Francas el que vivió un antes y un después del Tratado.
“Dado que estos tratados —el Cafta y el Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y Europa— permiten entrar a los mercados más exigentes, las empresas mejoran su productividad para ser más competitivas”, dijo el académico.
“El Cafta vino, primero, a modernizar al sector, que pasó de producir prendas básicas (como pantalones sencillos y camisetas), a elaborar prendas de alto valor agregado, entre las que se cuentan camisas polo, camisas finas, pantalones de vestir, conjuntos y prendas interiores para damas. Pasaron de tres o cuatro productos, a una veintena”, dijo el experto.
El resultado es que se incrementó el valor agregado que las empresas en régimen de Zonas Francas aportan a la economía, lo que da pie al experto para asegurar que “ya no somos maquila, sino una industria que genera valor agregado, con proyectos de inversión en servicios auxiliares a la producción, como lavandería, teñido y acabado, bordado, serigrafía, logística, almacenamiento, etc.”.
La diferencia es, una vez más, “tener un tratado comercial que nos hace más competitivos, y permite que los inversionistas vuelvan los ojos hacia nosotros, porque pueden ahorrarse hasta un 30%, usando al país como plataforma exportadora”, lo que es válido no solo para el sector textil, sino también para el que fabrica arneses.
Al respecto, detalló que una empresa como la japonesa Yazaki, instalada en el occidente del país, triplicó su producción en los últimos cinco años, mientras que la alemana Draexlmaier, que fabrica en Nindirí partes para algunos modelos de BMW que se ensamblan en Europa, invirtió en una nave industrial adicional y mejoró sus capacidades, después de la firma del AdA.
Todos los ejemplos de consolidación y crecimiento citados antes (azucareras, cárnicas, textiles, arneses), son una prueba de lo que pueden hacer las empresas y los inversionistas cuando cuentan con un mercado seguro, y reglas del juego estables.
“Luego de 16 años de implementación, o sea, casi dos décadas de estar en vigencia, el Cafta propició una serie de transformaciones en tecnología, infraestructura, toma de decisiones; y aunque eso no se pierde, sí se limita la oportunidad de aprovechar la capacidad instalada, las habilidades de mercadeo, las preferencias conquistadas entre los consumidores externos”, detalló.
No es fácil perder el Cafta
La consecuencia de quedarnos huérfanos del Cafta “no es que dejemos de vender a Estados Unidos, sino que las empresas tendrán un mayor costo para exportar”, dijo la experta que participó en las negociaciones del TLC, defendiendo la tesis de que, aun si quisiera hacerlo, la Administración de Joe Biden no tendría tan fácil sacar a Nicaragua de ese acuerdo multilateral.
“El Cafta es un acuerdo meramente comercial; no existe ninguna medida a la luz del acuerdo, o de lo que está firmado, por el que Estados Unidos pueda decir que ‘excluye a Nicaragua, porque el país está fallando en materia de democracia’, aunque los Estados están en libertad de ‘denunciar’ el Tratado”, explicó la experta.
El problema es que, si Estados Unidos quiere excluir a Nicaragua, debe ‘denunciar’ el Cafta, pero al hacerlo, estaría excluyendo a los siete firmantes, por lo que ese procedimiento no es tan fácil, sin obviar que, aun si el país se quedara sin las ventajas arancelarias y de acceso a esos mercados, todavía quedaría la opción de denunciar a la Administración estadounidense ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
