23 de agosto 2021
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El titular del Poder Ejecutivo, Daniel Ortega, envió a su similar de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, tres iniciativas de reformas a sendas leyes que regulan la actividad bursátil y financiera del país, para actualizar el cuerpo de ley, aunque en la práctica lo único que hacen es incrementar las multas que se puede aplicar a los funcionarios de los bancos, así como a las empresas que forman parte del mercado de capitales.
Los banqueros –que, en general, también son dueños de los puestos de bolsa que funcionan en el país- están analizando el texto de las tres propuestas de reforma, y siguen a la espera de escuchar los consejos de sus departamentos legales, antes de decidir cuál será su curso de acción, dijo a CONFIDENCIAL el gerente de una empresa del ecosistema financiero del país, que pidió no se citaran por su nombre, ni él ni la institución para la que trabaja.
En julio de 2018, el régimen dictó las leyes 976 y 977, con las que entregó a la UAF, acceso a datos de personas y empresas, y las reformó en 2019 para convertir a los abogados en informantes, o para controlar las remesas internacionales cuyo monto excediera los 500 dólares.
La semana pasada, Ortega propuso a una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, reformar la Ley 587, Ley de Mercado de Capitales; la Ley 561, Ley General de Bancos, y la Ley 316, de la Superintendencia de Bancos, y otras instituciones financieras (Siboif). Todas con trámite de urgencia.
“Pareciera que pretenden demoler por completo el sigilo bancario”, dijo a CONFIDENCIAL, un catedrático que conoce el marco legal tejido alrededor de la actividad financiera del país, y pidió mantener su nombre en reserva para evitar sufrir represalias por parte del régimen.
Esas propuestas “no tienen sustancia. Son exclusivamente represivas. No contienen absolutamente nada nuevo de naturaleza sustantiva, y evidencian un solo objetivo: una mayor escalada de la política de terror, en particular contra los bancos, banqueros y empresarios, que hasta ahora se consideran protegidos”, añadió.
El académico dijo considera que lo más importante, desde el punto de vista técnico, “ya se dijo en las leyes 976 y 977, sobre lavado de activos, narcoactividad y proliferación de armas de destrucción masiva; además del marco legal de la UAF, que tiene facultades amplísimas para el control y régimen sancionatorio”, y de las leyes aprobadas entre agosto de 2020 y mayo de 2021.
“Con estos tres proyectos nuevos se agregarían más sanciones, amenazas y limitaciones, que violan la Constitución y las leyes especiales”, mientras otorgan al Gobierno “más poder disuasivo y represivo”, que se traducirá en “más terror”, resumió.
Dos realidades
Un profesional experto en temas contables, dijo que “lo que hay es una sobrerregulación”, que se manifiesta en los nuevos controles que se imponen a las organizaciones no gubernamentales; en la forma agresiva en que las alcaldías comenzaron a cobrar los impuestos a partir de 2020, así como en las reformas, multas tributarias y revisiones fiscales excesivas, que están aplicando en tiempos de crisis política, social, económica y sanitaria.
Ese ambiente opresivo se complementa con “la regulación en materia de Prevención del Lavado de Dinero, que se manifiesta en un régimen sancionador que, dada la situación política, asusta a un sector privado que se ha quedado paralizado, y con su visión puesta en la sobrevivencia, más que en el corto y mediano plazo”.
“El sector privado prefiere quedarse callado, o pagar las multas, en vez de hacer ruido. Si acaso, buscan cómo negociar el monto de las multas a través de las mesas técnicas de la DGI o de la DGA, para resolver sin llegar al TATA”, explicó.
En referencia a que uno de los motivos para dictar esas reformas, es que lo hacen para subsanar una de las deficiencias que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), le encontró a Nicaragua, esta fuente acepta que “la UAF va a defender su situación, para ver si el GAFI les mejora la calificación, porque consideraban que las multas a los bancos estaban muy laxas”.
A su juicio, el problema de fondo es “la desconfianza, que es lo que el mete ruido a la decisión de presentar esas tres reformas, porque cabe la pregunta si eran necesarias, o si las dictan simplemente para poder apretar más a los bancos”.
De forma adicional, observa que están creando un marco legal más fuerte, que ya no solo sanciona a los bancos, sino también a las personas que trabajan para los bancos.
El experto considera que “esto es parte del discurso de normalidad” que el régimen intenta imponer con desesperación, de donde resulta que “el país se está moviendo a dos velocidades: la del Gobierno, que crea formalidades legales como estas para cumplir sus obligaciones internacionales, aumentando las multas, y la realidad de una economía en declive, desconfianza total, multas para los ciudadanos, las empresas y las ONG”, señaló.
Dependiendo del tipo de infracción –y del tipo de infractor- las reformas a la Ley 587 plantean multas que oscilan entre 1500 y 50 000 dólares, y hasta el despido, “sin perjuicio de la responsabilidad penal en que también pudieran incurrir”, mientras que las instituciones pueden ser multadas con una suma equivalente al 2% de su capital, o hasta el 5% en otros casos.
En el caso de los bancos, el rango de las multas arranca en los 20 000 dólares, y escala hasta el medio millón de dólares, lo que también puede expresarse en términos del 0.015% al 0.150% de su patrimonio.
