25 de noviembre 2021
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo completó, con la colaboración de sus diputados y aliados políticos en la Asamblea Nacional, las reformas para tratar de sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la cúpula gubernamental del sector eléctrico.
Este martes y jueves fueron publicadas en La Gaceta, Diario Oficial, las reformas a la Ley Orgánica del Instituto Nicaraguense (INE), ente regulador del sector eléctrico y la Ley Creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), ambas aprobadas en el Parlamento, controlado por el orteguismo y los partidos políticos colaboracionistas.
Estas reformas que ya entraron en vigencia, se suman al acuerdo presidencial 192-2021, en el cual se nombra como viceministra del Ministerio de Energía y Minas a Estela María Martínez Cerrato, y a la vez se le otorgó el control administrativo de esta entidad, restando funciones de esta forma al ministro Salvador Mansell Castrillo, quien fue uno de nueve operadores del régimen sancionados.
Este acuerdo presidencial también le confirió a esta funcionaria las facultades para suscribir todos los documentos referidos a la rectoría del sector eléctrico que le competen al MEM, la administración de esta entidad, así como el desembolso de fondos y la suscripción de acuerdos de préstamos y financiamiento proveniente del exterior.
También por medio de un decreto presidencial, a Martínez Cerrato se le otorgó la representación legal de las acciones del Estado en la distribuidora eléctrica, una responsabilidad que compartirá con Santiago Hernán Bermúdez Tapia. Este movimiento en respuesta a la sanción en contra de Rodolfo Francisco López Gutiérrez, gerente del Despacho de Carga y quien estaba al frente de la distribuidora eléctrica luego de su nacionalización.
Precisamente para adecuar estos movimientos, fue que la Asamblea Nacional aprobó con carácter de urgencia las reformas a la Ley Creadora de Enatrel y de esta forma darle más poderes y facultades tanto a quien ocupe el cargo de viceministro de esta entidad, como a la misma Junta Directiva que la preside, las que fueron publicadas en la Gaceta este jueves.
Consejo Directivo del INE a cargo de su administración
En el caso del INE, el parlamento orteguista aprobó unas reformas a su Ley Orgánica, que prácticamente transfirió las facultades del director ejecutivo a un Consejo de Dirección, el cual podrá “delegar parcial o totalmente atribuciones administrativas en cualquiera de sus miembros y/o en cualquier funcionario del INE”. Estas reformas entraron en vigencia el martes, luego de su publicación en la Gaceta. El director del INE, José Antonio Castañeda Méndez, fue otro de los funcionarios del régimen que fue alcanzado por las sanciones de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos.
El economista y analista político Enrique Saénz en una entrevista en el programa Esta Noche- que se transmite por Facebook y YouTube debido a la censura del régimen orteguista- advirtió que la repercusión de las sanciones en la cúpula del sector eléctrico gubernamental va más allá de lo que estos movimientos por parte del régimen puedan hacer para sortearlas.
“La repercusión es de otro tipo. Ya no están encubiertos por la cortina o bajo una mampara. Ahora toda está segunda línea de funcionarios cómplices o de encubridores de Ortega ya quedaron expuestos y lo mismo es para sus familias”, señaló en la entrevista.
El negocio de la generación y distribución de la energía eléctrica en Nicaragua ha dejado cientos de millones de dólares al régimen de Daniel Ortega, a través de las plantas térmicas de Alba Generación, la rama del amplio conglomerado de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), con la cual controla alrededor del 50% del mercado de la generación energética, como explicó una investigación de CONFIDENCIAL publicada en noviembre de 2019.
Otros analistas han explicado que otro de los riesgos derivados de las sanciones en el sector eléctrico es que estas restricciones implican una “luz roja” para cualquier inversionista que se aventurará a incursionar en este campo en Nicaragua.
Un ejemplo de esto es el caso de la empresa estadounidense New Fortress Energy (NFE), con la que se firmó un acuerdo de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés), por 25 años por medio del cual se comprometía a construir una planta a gas, para generar hasta 300 megavatios de potencia, en una inversión que podría superar los 700 millones de dólares.
En su reporte del tercer trimestre, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) New Fortress Energy establece que el inicio de operaciones de su planta de gas está previsto a comenzar en el primer trimestre de 2022. Sin embargo, en el mismo reporte, la empresa reconoce que su inversión puede verse afectada por la crisis sociopolítica y el cerco internacional, principalmente el de las sanciones de Estados Unidos.
“Si alguna de nuestras contrapartes queda sujeta a sanciones como resultado de estas leyes y regulaciones, cambios a las mismas o de otro tipo, podemos enfrentar una variedad de problemas, que incluyen, entre otros: tener que suspender nuestro desarrollo u operaciones de manera temporal o permanente base, no poder recuperar el tiempo y capital invertidos anteriormente o estar sujeto a demandas, investigaciones o procedimientos regulatorios que podrían llevar mucho tiempo y ser costosos de responder y que podrían dar lugar a multas o sanciones penales o civiles. También existe el riesgo de disturbios civiles, huelgas o disturbios políticos en Nicaragua, y no se puede predecir el resultado de tales disturbios”, cita el reporte de New Fortress Energy.
