OIT demanda restablecer libertad de asociación gremial en Nicaragua

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), instó al Gobierno de Nicaragua a que permita al Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), “operar nuevamente sin autorización previa”, durante la 112 Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra (Suiza). La recomendación, publicada el 13 de junio, no conlleva amenaza ni advertencia alguna. Sin embargo, un experto en el tema, que conversó con CONFIDENCIAL, recordó que la OIT tiene comunicación directa con los organismos financieros internacionales.

La OIT también “deploró profundamente el persistente clima de intimidación y acoso de las organizaciones de trabajadores y de empleadores independientes… tomó nota con profunda preocupación de las alegaciones de arresto y detención de dirigentes empleadores”, así como del mayor deterioro de la situación y de “la ausencia de progresos y de cooperación por parte del Gobierno desde la discusión del año pasado”.

La OIT dijo que desde hace más de un año pidió al Gobierno que presentara un informe detallado, corroborado y documentado, sobre las organizaciones de empleadores que existen en Nicaragua, incluidas las organizaciones de hecho. También pidió indicar la importancia numérica y comparativa de cada una de esas organizaciones. Asimismo, debería incluir el procedimiento usado para designar el delegado y los consejeros técnicos de los empleadores, en consulta con las organizaciones empresariales representativas, las organizaciones consultadas y los criterios usados. Sin embargo, la OIT reportó que el régimen de Nicaragua desoyó la petición.

OIT puede sugerir que se pospongan o retengan préstamos

“Si bien es cierto la OIT no tiene ‘colmillo’ para decir aplíquesele esto, es una dependencia de las Naciones Unidas que hace recomendaciones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), cuando un país no cumple con el convenio de libertad sindical, y puede sugerir que se pospongan o retengan préstamos que estén pendientes”, detalló el procurador laboral, José Antonio López.

El experto asevera que, en este caso, la OIT le hace señalamientos al Gobierno de Nicaragua, cuando dice: “Lo único que ha hecho el Gobierno de Nicaragua es informar algunos progresos relativos a la aplicación del Convenio”.

El hecho de que solo se trate de “algunos progresos relativos, pero no grandes”, puede generar el tipo de recomendaciones que tanto el FMI como el BM toman en cuenta al evaluar un préstamo.

“El Gobierno de Nicaragua ha estado diciendo que no recibe préstamos, pero es por lo mismo: porque no cumplen”, sentenció.

Reclamo por libertad de asociación gremial en Nicaragua

Aunque solo se menciona al Cosep por su nombre, un exmiembro del consejo directivo de la ilegalizada entidad gremial, explicó que lo que la OIT está defendiendo es la libertad de organización, tanto para empleadores como para sindicatos.

“No se trata de querer imponer la figura del Cosep, sino ejemplificar cómo una organización, o un grado de asociatividad empresarial, es necesaria en la vida cotidiana de un país que tiene un Estado de derecho adecuado y que tiene un debido ambiente de negocios”, comentó.

Para ejemplificar lo extraordinario de la resolución de la OIT, la fuente destacó que la misma “no es común en términos de que la inmensa mayoría de los países permiten la asociatividad empresarial, permiten la gremialidad y permiten que a través de estas organizaciones de naturaleza empresarial se discutan las leyes, reglamentaciones y situaciones que tienen que ver con el ambiente de negocios de un país”.

Aunque el régimen intentó hacer pasar a la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni), así como a la Cámara Nacional de la Pequeña Industria (Conapi), como los verdaderos representantes del sector privado nicaragüense, la Organización Internacional del Trabajo pidió pruebas documentales de la personalidad jurídica de cada una de ellas, así como del verdadero nivel de representación que cada una tiene.

Si le hacen esa petición a la dictadura “es porque no les creen”, dijo López, señalando que estas nuevas organizaciones gremiales “son las comparsas que ellos hicieron, que son afines al Gobierno”, porque reciben beneficios del erario público, por ejemplo, “con la asignación de las obras que se están haciendo, por lo que prefieren hacerse de la vista gorda”.

Posible, pero poco probable

Por su parte, el exdirectivo del Cosep opinó que si la OIT rechaza a Aprodesni y a la Conapi, debe ser porque “tiene bien recopilado el sentir empresarial, y está claro además, el perfil con el que este tipo de organización pudo haberse mostrado. Es llamativo también el surgimiento de una organización empresarial en el marco de la desaparición de otra que había sido históricamente la que representaba a esa comunidad de hombres de negocios, de empresas y de actividades económico productivas”.

Añade que “la OIT puede estar leyendo que la falta de libertades que son fundamentales en un ambiente de negocios, y para la estabilidad económica y social de un país, es lo que conllevó a que el Cosep desapareciera y que en un entorno en donde esas libertades no se han recuperado, cualquier organización que surja puede tener un sesgo que no hace viable la discusión o el abordaje del tema, como naturalmente lo hacen los empresarios”.

Finalmente, consideró que, al menos en la teoría, siempre existe la posibilidad de que la dictadura cumpla con el requerimiento que le hace la OIT, pero sabe muy bien que eso es muy poco probable, habida cuenta del temor que expresa el régimen ante cualquier tipo de organización que no esté bajo su control.

Organizaciones gremiales como el Cosep (y todas las cámaras empresariales ilegalizadas) existen en todos los países “precisamente porque colaboran con el desarrollo de sus naciones, sin embargo, en Nicaragua, toda forma de organización se ve como un riesgo para quienes están en el poder, y por tanto no se permiten. De ahí que es escasa la posibilidad de que admitan esta recomendación”, admitió.