30 de agosto 2023
AA
Share
La dictadura de Daniel Ortega nuevamente movió sus fichas en la dirección del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) para colocar al frente de esta instancia al excomisionado mayor, Domingo Navas Fúnes.
Navas se desempeñó como jefe de la Policía Nacional en León hasta agosto de 2018, hasta que fue sustituido por Fidel Domínguez, uno de los represores más leales de Ortega y quien está sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por estar “involucrado en golpizas y torturas contra periodistas y opositores”.
Desarticulan Consejo Directivo recién nombrado
Para colocarlo al frente de Procompetencia, Ortega desarticuló al Consejo Directivo de esta entidad que apenas nombró en abril de 2023.
Navas fue nombrado como director propietario en sustitución de Yandra Marenco Abea, según establece el acuerdo presidencial 160-2023 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, del 16 de agosto de este año.
En el mismo acuerdo presidencial, también fueron nombrados como directores propietarios adjuntos Magna Lucía Murillo y Luis Omar Espinoza, sustituyendo a Francisco Bonilla y Óscar Gutiérrez Navarrete, respectivamente.
Todos los que fueron removidos de sus cargos apenas habían sido nombrados el 14 de abril de 2023, como parte de las reformas ordenadas por Ortega a Procompetencia para establecer un Consejo Directivo como la figura a cargo de administrar esta instancia.
Ortega reformó Procompetencia
Estas reformas fueron realizadas a principios de abril, luego que el 29 de marzo de 2023 se divulgará por medio de La Gaceta la renuncia de Luis Humberto Guzmán como director presidente de Procompetencia, cargo que ejercía desde 2014.
Procompetencia es una entidad gubernamental a cargo de vigilar las prácticas anticompetitivas que puedan existir entre los distintos agentes económicos que operan en Nicaragua.
Ha sido señalada de ser un “elefante blanco” que absorbe anualmente 20 millones de córdobas del Presupuesto General de la República. Sin embargo, fuentes políticas han advertido de que pueda ser usada como otra “arma” de la dictadura en contra de la empresa privada.
El 2 de junio de 2023 se divulgó que Procompetencia multó con 200 mil dólares a la empresa Nicaragua Sugar Estates Limited, parte del Grupo Pellas, el mayor consorcio empresarial del país, acusándolos de prácticas anticompetitivas.
