12 de agosto 2019
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A pesar de todas las concesiones ofrecidas, el Gobierno de Daniel Ortega no logró mejorar la calificación que le había otorgado el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que mantiene al país en seguimiento intensificado, refrendando así su decisión de enero 2019.
Fundado en 1989 por los países del G7, el GAFI —y su versión regional, el Gafilat— es un organismo internacional que combate el lavado de activos, así como el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, ejecutando un monitoreo de la legislación y las prácticas de cada país en ese campo, como base para otorgar una calificación.
Aunque las evaluaciones se hacen en general cada dos años, el Gobierno de Nicaragua solicitó que se le practicara una nueva revisión de cumplimiento técnico, con la esperanza de mejorar la forma en que se le evalúa a nivel internacional, aunque su intento no logró el objetivo planteado.
“Las supervisiones se hacen cada dos años, y aunque Nicaragua —que está en supervisión permanente— solicitó una ampliación anticipada, todo quedó básicamente igual, porque el Gafilat llegó a la conclusión que el sistema no ha mejorado”, dijo a CONFIDENCIAL una fuente del ámbito financiero que pidió no revelar su identidad.
Nicaragua esperaba que los cambios hechos para fortalecer la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como para ampliar el número de profesiones señaladas como ‘sujetos obligados’ (a recopilar, conservar y presentar información de sus clientes), le otorgara una mejor clasificación.
El veredicto —después de evaluar nuevamente el cumplimiento de las 40 recomendaciones— fue que “considerando los resultados reflejados en el IEM, (o sea, el Informe de Evaluación Mutua) el Gafilat ubicó a Nicaragua en seguimiento intensificado”. Exactamente en donde estaba.
Según el Segundo Informe de Seguimiento Intensificado, (emitido en enero pasado, pero elaborado en diciembre 2017), Nicaragua solo daba cumplimiento técnico a tres de las 40 recomendaciones; cumplía mayoritaria o parcialmente otras 31, mientras que las seis restantes estaban en situación de abierto incumplimiento.
El Tercer Informe, (fechado en junio 2019, pero elaborado con información cortada a diciembre 2018), muestra que Nicaragua cumplió plenamente una recomendación más (llegó a cuatro); cumplió de forma mayoritaria o parcial otras 34, y seguía sin cumplir las otras dos.
No es la ley, sino cómo se use
La fuente del sector financiero, antes citada, explica que el reclamo más grande que recibió la Administración de Daniel Ortega es “porque no habían incluido a los abogados y notarios públicos, al punto que tuvieron que correr a reglamentarlo esta semana, con carácter de urgencia, para que no les bajaran la calificación”.
“No tenía sentido dejar fuera a los abogados cuando se amplió el número de profesiones que tenían que fungir como ‘sujetos obligados’, y aunque esta semana hayan aprobado el reglamento, ya no pudieron mostrar eficacia, ni responder con claridad al Gafilat, cuando les preguntó por qué no los incluyó de una vez hace un año, si tenía que hacerlo de todos modos”, añadió.
A pesar de la (ligera) mejora, la fuente no cree que esto eleve la imagen financiera del país, por cuanto “evaluar el sistema es una cosa. Nicaragua avanzó en modernizar la ley, pero habría que ver la eficacia del sistema. El hecho de tener una nueva ley, no quiere decir que se esté aplicando, y el Gafilat tendrá que venir a evaluarla en los próximos meses”, aclaró.
Coincidiendo con esta fuente, el abogado Eliseo Núñez recordó que “el problema no es la legislación”, sino si se aplica, y cómo se aplica.
“Existe un principio universal, que dice que toda norma o decisión administrativa es impugnable, pero si el sistema no te lo permite hay indefensión, no porque lo digan las normas, sino porque así lo ejecuta el sistema”, detalló, para recordar que quienes están al frente de la UAF son un militar y un policía, a quienes percibe que estarán “inclinados a hacer daño a los opositores, y dejar libre a los partidarios del Gobierno”.
CONFIDENCIAL supo que la UAF solo ha registrado siete casos, que fueron enviados a las estructuras superiores del Gobierno, sin dar parte a la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional y por consiguiente tampoco a la Unidad Especializada del Ministerio Público contra el Crimen Organizado, encargada de conocer ese tipo de delitos.
Por falta de méritos (o por cálculo político), los siete casos han sido archivados, pero eso deja a la UAF en mala situación, al no tener ni un solo caso que reportar, aun sabiendo que “ellos solo pasan la información, sin poder influir en las decisiones posteriores, pero a nivel de sistema es un fracaso, si detecta casos y no se judicializan”, dijo la fuente.
“La UAF nunca se ha pronunciado sobre casos de corrupción, ni sobre los sancionados por la OFAC, lo que también es parte de su campo de acción”, enfatizó.
