8 de marzo 2024
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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, envió una carta a la presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, rechazando la decisión de limitar el acceso de Nicaragua a nuevos fondos, por considerar que el país ya superó los montos razonables que se le puede prestar a un solo socio por parte de ese Banco.
Por su naturaleza, las instituciones financieras de cualquier tipo y nivel, revisan con cuidado los grados de riesgo que implica concentrar en un solo cliente o sector, altos porcentajes de su cartera de crédito, lo que llevó a la costarricense a declarar casi una moratoria en la aprobación de nuevos montos para Nicaragua y El Salvador, naciones que, juntas, acaparan casi la mitad de todos los créditos concedidos por el Banco.
“Es un hecho que tenemos en este momento un nivel mayor de concentración de la cartera, siendo El Salvador y Nicaragua los países que más reciben fondos. Mi objetivo es que tengamos una cartera más diversificada”, dijo la presidenta de la entidad multilateral en una entrevista con Redacción Regional, un consorcio centroamericano de medios de comunicación, en el que anunció su compromiso de “proteger los límites de exposición por país, [y] diversificar la cartera”.
La carta del ministro de Hacienda a la presidenta del BCIE
En su misiva, Acosta dice a Sánchez que su afirmación de que las operaciones aprobadas a Nicaragua fueron “desde un esquema de poco balance y sin rigurosidad técnica… es refutable por el reconocimiento recibido tanto del BCIE, como de otros organismos internacionales de financiamiento evidenciados en los resultados de evaluaciones de cartera que determinan calidad en la ejecución, pago y rendiciones de cuentas debidamente certificadas durante estos últimos 17 años”.
El ministro de Hacienda recuerda a la titular del BCIE, que, como socio fundador, Nicaragua tiene “derecho a solicitar financiamiento para sus programas de desarrollo conforme los requisitos y políticas establecidas”, por lo que considera que “sus declaraciones no contribuyen a la gestión desarrollada por el Banco y al espíritu de integración centroamericana”.
De forma indirecta, la misiva también trata de descalificar las intenciones de la nueva administradora de la entidad regional, al recordarle que “en las instituciones financieras multilaterales, las políticas y visión estratégica se definen en las Asambleas de Gobernadores y responden el Directorio del Banco, en su calidad de representantes de sus Estados como socios accionistas”.
Finalmente, le recuerda que fue elegida con el apoyo de Nicaragua, al señalarle que apelan “al respaldo de nuestro voto el día de su elección y respetuosamente le insto a no convertir al Banco en un campo de batalla política; que reitero no abona al desarrollo e integración centroamericana”, a la vez que exigen “respeto al dirigirse a nuestro país y a los representantes del Estado de la República de Nicaragua”.
Dos golpes seguidos a la dictadura de Nicaragua
La decisión del Fondo Verde para el Clima, de cancelarle a la dictadura un proyecto por USD 116.6 millones, junto con la confirmación por parte de la titular del BCIE que prometió limitar el acceso de Nicaragua a nuevos fondos, obligará al régimen a buscar nuevas fuentes de financiamiento extracontinentales, considera el economista Juan Sebastián Chamorro.
La significativa reducción de los flujos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM), empujará a la dictadura a buscar otras fuentes de recursos, como ya lo hizo con el préstamo de USD 400 millones aprobado por China para construir el aeropuerto de Punta Huete, sin descartar la posibilidad de que busquen recursos con Corea del Sur, India, el Fondo Saudí para el Desarrollo, o el mismo banco de los BRICS, dijo el experto.
“Debemos recordar que el Banco Interamericano no tiene estrategia (de) país en Nicaragua en los últimos tres años, y eso es fuerte, porque el BID era el segundo financiador más grande después del Banco Mundial, y los dos están reducidos”, dijo detallando que esas fuentes tienden a ser más caras, como el préstamo de Punta Huete que, “además de que va amarrado con contratistas chinos, está contratado a una tasa de interés muy por encima de la que daban el Banco Mundial y el BID”.
Su criterio es que ese préstamo por USD 400 millones ignora la Ley de Deuda Pública, que establece los montos de deuda que el Estado puede contratar anualmente. Ese texto legal, que es parte del alivio que obtuvo el país como parte de la iniciativa HIPC, trata de evitar que la deuda volviera a crecer sin control en los países que recibieron ese beneficio.
“Hemos notado que Ortega ha hecho charanga con el financiamiento… y que esas consideraciones parecen no importarle, porque lo que busca es simplemente obtener más recursos”, dijo Chamorro.
Desde el exilio, otro economista nicaragüense remarcó a CONFIDENCIAL que, si bien las razones que movieron a la presidenta Sánchez a cerrar esos préstamos, “son estrictamente técnicas, y sin ninguna consideración de derechos humanos”, la dictadura recibió “un golpe muy fuerte”, pero conserva siempre diversas opciones para fondearse en otros mercados crediticios.
“Con los avales que todavía tiene del Banco Mundial, la dictadura aún puede encontrar algunos financiadores privados internacionales. A un costo mayor y con mayores limitaciones comerciales que la que le daba el BCIE, es cierto, pero libre de poder usarlo para lo que quiera, sin ninguna atadura”, señaló.
De cara al resto de Centroamérica, este experto opina que, en privado, la dictadura, comenzará a mover sus fichas para amenazar, presionar, chantajear, o persuadir a Honduras y El Salvador, principalmente, aunque también hablará con Guatemala y Costa Rica para recordarles que ellos tienen mecanismos para tomar venganza contra los socios que voten contra los préstamos que pide Nicaragua, porque esos países recurren muy frecuentemente al BCIE para obtener préstamos concesionales, o de bastante libre disponibilidad.
Dejar de pagar al BCIE sería suicida
Ante la hipótesis de que el régimen podría reaccionar al frenazo en la aprobación de nuevos fondos, con una política de retaliación en la que deja de pagar sus abonos al Banco para deteriorar su calificación crediticia internacional, dos fuentes descartaron esa línea de acción, por considerar que, para la dictadura, obrar de esa manera sería “como darse un balazo en el pie”.
Juan Sebastián Chamorro dijo que al ser Nicaragua socia del Banco, no tiene sentido operar en contra del negocio en el que tiene participación como codueño, y más siendo que al Banco le está yendo bien, porque ha ganado mucho dinero en los últimos diez años, así que aplicar esa estrategia como forma de represalia, no es algo que vaya en el mejor interés incluso de la dictadura.
Por el contrario, cree que lo que deberían hacer es buscar que al Banco le presten más dinero para hacer más grande el fondo, y tener más acceso a recursos. “Boicotear el Banco, afectando el historial crediticio del país, no me parece una estrategia razonable. Ahí pierden ellos, porque no consiguen más fondos; afectan el negocio del que son codueños, y pierden como país, pues un default afectaría la ya debilitada imagen internacional de la dictadura, valoró.
Un economista que trabaja en una de las sedes del Banco, dijo a CONFIDENCIAL que, si bien técnicamente es posible asumir una posición tan intransigente como esa, hacerlo sería “en el extremo de una ‘guerra’, pero eso nunca va a suceder, porque el Banco no le va a cortar nunca los créditos a Nicaragua, si no es por razones técnicas, como a todo el mundo, cuando excede los límites de préstamo”.
Esta fuente descartó que el frenazo a la aprobación de nuevos recursos por parte del BCIE, se explique por la aplicación de una política que reaccione a la violación de derechos humanos que ocurre en Nicaragua, sino que todo obedece simplemente a un tecnicismo.
“La presidenta del Banco no está en condiciones de fijar ella ese tipo de política. Primero porque el Banco es totalmente apolítico, así que no puede sentar una posición política de ningún tipo. En segundo lugar, si hubiera una posición de ese tipo, sería un tema del Directorio, nunca del presidente ejecutivo, porque la política la define el Directorio, no la presidencia”, detalló.
