10 de mayo 2019
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Un día de marzo pasado, ‘Emiliana’, una joven nicaragüense de 36 años, se dirigió a una empresa dedicada al envío y recepción de remesas en una ciudad del occidente del país, para retirar 70 dólares que le enviaban desde el extranjero. El dinero solo pudo recibir después de dos días de papeleo e interrogatorio en el que le preguntaron hasta su religión.
“A nosotros nos enviaron un dinero para ayudar a alguien del grupo, que está enfermo. Un contacto que está en España nos consiguió 50 dólares con alguien en Panamá, y que alguien en Costa Rica aportara otros 20 dólares”, relató a CONFIDENCIAL, reservando los nombres de las personas que quisieron ayudar al compañero enfermo.
Aquel día, ella se fue a la sucursal más cercana para hacer lo que creía sería “un retiro normal”. Para su sorpresa la hicieron llenar un formulario en el que tenía que reflejar muchos más datos de los que cualquiera piensa que podrían interesar a un analista financiero: con quien vivía, cuál era su estado civil, su religión, el nombre de sus padres… “¿Por qué tenía que darles tanta información personal, solo para recibir un dinero?”, les preguntó, y sigue sin saberlo.
La respuesta del personal de la empresa fue llamar a la central en Managua, y hacerla esperar cerca de una hora más, para al final indicarle que debía llevar una carta en la que explicara qué relación tenía con alguien a quien un año antes había enviado 20 dólares a Guatemala, “mientras a la par mía, alguien recibió 700 dólares, sin que se le hiciera ni una sola pregunta”, refirió.
“Les pregunté por qué tanto papeleo, y me dijeron que el sistema les había dado una alerta. ‘¿Alerta de que?’, insistí, y me dijeron que podía ser una alerta de fraude”. Con todo, le permitieron llevarse los primeros 50 dólares.
Más papeleo
El comportamiento coincide con la advertencia de expertos en temas bancarios sobre las normativas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
“En toda la región hay normativas similares a esta que obliga a pasar información a la Unidad de Análisis Financiero, pero en Nicaragua eso despierta sospechas de que la UAF sea una policía política, así que la gente se siente insegura al saber que existe una entidad que pueda estar usando la información con fines de espionaje. La UAF no se puede usar como un apéndice de la Policía Nacional o de la seguridad del Estado, porque la suya es otra finalidad”, dijo el experto.
Aunque en ese momento faltaba más de un mes para que se publicara la normativa, ‘Emiliana’ vivió el tipo de escrutinio que muchos receptores de remesas podrían comenzar a vivir.
La joven relató que regresó al día siguiente con la carta que le pidieron. Al entregarla, los empleados “hicieron otra llamada, y me hicieron perder otro montón de tiempo”.
Al final, recibió los 20 dólares restantes, y se fue con la advertencia de que cada vez que hiciera una transacción similar, tendría que repetir el trámite y aportar toda esa información, de modo que cuando poco después le enviaron un poco más de 100 dólares para celebrar su cumpleaños, pidió que los pusieran a nombre de alguien de su familia, que pudo retirarlos sin problemas.
Buscando otras vías
La citada normativa de la UAF —que indica a los sujetos obligados que deben reportarle cualquier remesa de 500 dólares a más— podría obligar a quienes usan el sistema financiero para enviar dinero al país, a buscar formas alternativas de financiar a sus parientes, sin tener que pasar por la supervisión del régimen.
“Habrá gente que no quiera verse sometida al escrutinio del régimen”, pero difícilmente dejarán de enviar dinero a sus familias. “Lo que puede suceder es que envíen montos menores al umbral, señalado por la UAF, pero no van a dejar de enviar”, dijo el experto antes citado.
A su juicio, lo que puede ocurrir es que comiencen a enviar el dinero con un pariente, o con alguien que venga a Nicaragua, con tal de no tener que dar explicaciones a nadie.
En términos similares se expresó el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, en el artículo de opinión “El control sobre las remesas familiares”, publicado en CONFIDENCIAL.
“Las consecuencias de esta normativa contra las remesas son múltiples, y una de ellas es que tendrán la tendencia a incidir sobre los canales informales, especialmente entre aquellos que teman ser vigilados, o que se sientan intimidados por el acto mismo de estar bajo la lupa de un Estado represivo”, avizoró.
La economía nicaragüense es altamente dependiente de las remesas. En 2018, las familias recibieron 1501.2 millones de dólares por ese concepto, monto que alimenta el consumo local, y es fundamental para que funcione la economía.
