11 de marzo 2019
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Llenar el tanque de combustible el sábado o el domingo es una duda de todos los fines de semana para muchos nicaragüenses. ¿Bajarán o subirán los precios? La incertidumbre se debe a la falta de una institución que fije los costos de las gasolinas y el diésel, que quedan a decisión de las petroleras, que gracias a las ganancias por sobreprecio se han quedado con al menos 48 millones de dólares en los últimos años.
Expertos consultados por CONFIDENCIAL estiman que estas ganancias son el resultado de una política de colusión de precios de los combustibles y el control ventajoso del mercado de importación de hidrocarburos, que está dominado por dos empresas: Puma Energy y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), esta última vinculada al control empresarial de la familia presidencial.
Un análisis del especialista en hidrocarburos César Arévalo Peugnet, indica que del 2009 a 2018 el margen de comercialización anual de las tres petroleras subió de 54 millones a 142 millones de dólares, para un incremento de 88 millones. De este total, 38 millones fueron un efecto del aumento en el volumen de venta, pero al menos 50 millones fueron por el precio de los combustibles.
Aumento anual desde 2010
El sobreprecio, explica Arévalo, se da cuando el precio internacional de los combustibles baja, pero las empresas petroleras no trasladan ese ahorro a los consumidores, sino que se queda en sus cuentas.
En 2010, ese sobreprecio en Nicaragua fue de un millón de dólares, una cifra que ha incrementado anualmente; siendo el 2015 el año que más incrementó, con un total de 13 millones de dólares.
Arévalo sostiene así que entre 2009 y 2018 se han acumulado 48 millones de dólares en sobreprecio, equivalente a unos 16 centavos de dólar por galón.
Aún en 2018, pese a la crisis política del régimen y una baja en el volumen de ventas, las petroleras registraron un sobreprecio de 3.5 millones de dólares. Esta cifra la consiguieron al no bajar de forma proporcional los precios de los combustibles, pues desde abril los mantuvieron estables y en al menos dos periodos los congelaron: durante nueve semanas entre mayo y agosto; y cinco semanas entre octubre y noviembre.
“El sobreprecio que ponen a los combustibles se traslada a todo el sistema de precios del país, alimentando la inflación, la reducción de la competitividad de las empresas nacionales frente al exterior, lo cual obligará al cierre de empresas, cuando estas ya no pueden ahorrar en otros costos para asumir los incrementos de los combustibles”, explica.
Períodos de precios altos y bajos
Entre 2009 y 2012 —un periodo de altos precios internacionales— el sobreprecio acumulado fue de cinco millones de dólares. En esos años, el volumen de ventas subió un 8%, de 5.2 millones a 5.6 millones de barriles.
El precio internacional del petróleo pasó entones de 61.7 dólares por barril, en 2009, a 94.2 dólares por barril, en 2012. “Durante esos años, Venezuela suministró el 87% del total de las importaciones de petróleo y combustibles, con crédito promedio de 483 millones de dólares anuales, y aun así subieron el margen de venta”, comenta el especialista.
El análisis señala que entre 2013 y 2018 —período de bajos precios internacionales— el sobreprecio acumulado fue 43 millones de dólares, ya que el volumen de ventas subió de 5.6 millones a 7.1 millones de barriles.
“Fue en el 2013, cuando comenzaron a bajar los precios internacionales, que el margen de comercialización aumentó sustancialmente, porque los precios de ventas no bajaron en la misma proporción”, y así continuó hasta 2015, describe Arévalo.
Precios 10% o 15% más bajos
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), afirma que “la relación del precio internacional del petróleo con el combustible era de dos a uno, cuando el precio internacional comenzó a caer. Lo lógico es que el precio de los combustibles también, pero se comenzó a crear una lonja. La relación se volvió cuatro a uno, el precio de la gasolina se volvió cuatro veces el precio del petróleo”.
El economista agrega que a partir de 2015 se abrió una amplia brecha entre el precio internacional y los precios nacionales, lo que ha perjudicado a los consumidores, que no han “gozado de ese ahorro”.
“Esta es una caída (de precio) que no beneficia a los consumidores porque no se trasladó a ellos, beneficia a los distribuidores y particularmente a DNP”, asegura.
Precisa que si la relación dos a uno se hubiera mantenido después de la caída, el precio de los combustibles debería estar “un 10% o 15% más debajo de lo que está ahorita”.
Mercado de los combustibles
El análisis de Arévalo indica que el año pasado DPN Petronic controlaba el 39.1% del mercado, seguido por Puma Energy con 27.6 %, para un total del 66.7% en manos de esas dos empresas, que son las únicas con facilidades de importación de gasolinas y diésel, y además disponen de redes de estaciones de servicio y distribución directa a nivel nacional.
“Esta concentración y poder de mercado significa que el precio interno de los combustibles no se determina en un mercado competitivo. Por el contrario, estas empresas (Puma y DNP) tienen el suficiente poder de mercado para fijar los precios y el poder de los consumidores es muy bajo o inexistente, sobretodo en el segmento de las estaciones de servicios, pues el sector industrial tiene cierto poder de compra, según el volumen de consumo total”, explica.
Además, destaca que si el Gobierno recorta su presupuesto de gastos, seguramente reducirá el consumo de combustibles, impactando en el volumen de ventas, pero espera que esa baja no se traslade en el precio a los consumidores.
De hecho, analistas del sector ya pronostican para este año que el precio promedio del petróleo se mantendrá estable —con desviaciones menores mensuales—, debido a un menor crecimiento económico mundial, que empujaría una baja en los precios internacionales y las ventas de gasolinas y diésel.
La operación maquillaje de DNP Petronic
En las últimas semanas, DNP Petronic ha impulsado una serie de cambios para intentar transformarse en una red descentralizada de gasolineras privadas, para sortear el impacto de unas sanciones norteamericanas y contener un boicot de los consumidores. Día a día, los nicaragüenses se niegan a comprar combustibles en sus estaciones, porque consideran que hacerlo es financiar los actos de represión de la dictadura.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó un bloqueo a las operaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que alcanzó a la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa), al ser una subsidiaria de la petrolera venezolana.
DNP Petronic está ligada al régimen y según investigaciones de medios locales fue financiada en 2009 con fondos de Albanisa y Alba Caruna. También hasta agosto pasado, la directora ejecutiva de la compañía era Yadira Leets Marín, ahora exesposa del hijo mayor de la pareja presidencial, Rafael Ortega Murillo.
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La estatal Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic) posee el 49% de las acciones de Albanisa, mientras el restante 51% es de Pdvsa. El mandato estadounidense prohíbe cualquier operación con Albanisa o cualquier entidad en la que “esta empresa posea directa o indirectamente intereses por un 50% o más”.
DNP ha ocultado su marca, logotipo y otros distintivos en sus gasolineras de varias partes del país, que ahora operan como estaciones de línea blanca, a cargo de concesionarios allegados del régimen.
Al mismo tiempo, el Gobierno anunció la semana pasada que el general en retiro Ramón Calderón Vindell renunció a la presidencia de Petronic, que asumió en julio pasado, en sustitución de Francisco López, sancionado por la estadounidense Ley Global Magnitsky.
A Calderón le relevó Manuel Coronel Kautz, presidente de la entidad que supervisa el fracasado proyecto del Canal Interoceánico, con el empresario chino Wang Jing.
