8 de julio 2018
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Unas 4,000 manzanas de tierras productivas han sido invadidas en las últimas siete semanas, profundizando así no solo el problema de inseguridad jurídica que sufren los propietarios, sino también la búsqueda de una solución a la crisis política, a la vez que se abre un nuevo frente de preocupación al poner en duda la capacidad de que el país produzca todos los alimentos que necesita.
Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), declaró en entrevista para el programa de televisión Esta Noche, que se transmite por Canal 12, que las invasiones en terrenos y propiedades comenzaron a mediados de mayo, aunque esa organización gremial comenzó a recabar datos hasta en junio.
“Lo que están invadiendo son las mejores propiedades, los mejores terrenos, los más caros, y eso crea preocupación en el sector productivo, especialmente los miembros de Upanic. Esta es otra represión directa contra el sector privado porque está unido con el pueblo, luchando por democratización y justicia”, dijo el también representante de los empresarios en la mesa del Diálogo Nacional.
Dada la ausencia de autoridad que vive el país, Upanic se ha limitado a recopilar toda la información sobre las propiedades de sus asociados que han sido tomadas, digitalizando y almacenando toda la documentación para proceder cuando llegue el momento. “Donde se ha podido hemos puesto denuncia, nos hemos amparado con la Policía en los territorios, pero ha sido muy difícil”, lamentó Healy.
Los datos al finalizar junio eran de más de 4000 manzanas invadidas, de las cuales la mitad son del que sector agrícola (maní, caña y otros cultivos), y la otra parte -1800 a 2000 manzanas- es pecuaria. Esto suma unos 35 propietarios afectados, entre fincas productivas y terrenos.
Por nacionalidad, “la mayoría de los que están siendo golpeados” son nicaragüenses, pero también hay italianos, estadounidenses, centroamericanos, o sea “extranjeros que han venido a invertir a este país, que han creído en este país, y les están quitando su derecho a la propiedad”, dijo Healy.
Esa treintena de casos se suma a los 53 que había antes del 18 de abril. El productor explicó que “la Procuraduría de la República no ha querido resolver esos casos, que son bien claros, con pruebas bien claras. Hay casos donde los dueños han ganado los juicios, y el procurador Hernán Estrada, por sus pistolas no las resuelve”.
FSLN y CPC
Los gremios del sector privado insisten en que se trata de acciones dirigidas, no solo porque el modus operandi es igual en el norte, oriente y occidente del país, sino también porque quienes dirigen las actividades, son integrantes del partido en el gobierno.
“Usualmente, quienes están involucrados en ciertos lugares son alcaldes, vicealcaldes, secretarios políticos del Frente Sandinista, más gente de los CPC (Consejos del Poder Ciudadano) y en general, allegados al orteguismo”, detalló el productor agropecuario.
Healy dijo que esas estructuras presionan a gente pobre en diferentes municipios, y llevan a muchos de ellos engañados, “diciéndoles que Daniel Ortega va a salir de esta crisis, y que cuando lo haga, el gobierno les regalará esa propiedad”.
En algunos casos ha sucedido que algunas propiedades fueron invadidas por 50 o 60 personas, pero algunos se retiran por su cuenta, al entender que “cuando acabe esta crisis, esas propiedades tendrán que regresar a su dueño”, sentenció.
El comportamiento de los invasores difiere entre aquellos que invaden y dividen la propiedad, y otros que meten gente armada, y no dejan que entre nadie a trabajar la finca.
Esas actitudes preocupan al sector productivo porque se han invadido tierras de cultivo, lo que puede afectar las proyecciones de crecimiento del sector agrícola, que pasa así de ser una alternativa para ayudar a reducir el impacto negativo de la crisis en la economía nacional, a una nueva fuente de conflictos, pues “esta instigación, estas tomas de tierra, crean desconfianza en el productor, y muchos están pensando si sembrar o no”, dijo Healy.
En este momento ya está en proceso la producción de rubros como el frijol, el maíz, la caña de azúcar y el café, pero los datos exactos de las áreas sembradas tal vez se conozcan hasta después de mediados de agosto, y luego en septiembre, cuando comience a salir la cosecha de primera. Para entonces ya se podrá conocer la intención de siembra de postrera, explicó el presidente de Upanic.
Riesgo de desabastecimiento
Los productores agrícolas están contando con que 2018 tendrá un buen invierno que se prolongará hasta finales de octubre o inicios de noviembre. Después de eso, “hay un 60% de chance que entre un ‘Niño’, (fenómeno climatológico generalmente asociado a intensas lluvias e inundaciones), lo que afectaría la producción de apante, que es la más pequeña”, explicó Healy.
El productor dijo que la invasión de propiedades “puede causar un efecto tan negativo que genere pérdidas”, en particular si la banca abandona al sector agropecuario, que se financia a través de las casas comerciales que venden agroquímicos y productos de necesidad como semillas, pero también a través de la banca privada y de las microfinancieras que trabajan con fondos internacionales.
“Aquí puede verse afectado el pequeño y mediano productor, debido a que las instituciones internacionales que le dan fondos a las microfinancieras, puede imponer mayores restricciones”, avizoró.
El presidente de Upanic mencionó el ejemplo del sector hortaliza, que solo podrá cumplir 50% a 60% de lo que tenían proyectado sembrar, “porque no tienen acceso a recursos. Las mismas ONG que los financian los están restringiendo un poco, y eso puede generar un desabastecimiento de hortalizas a corto o mediano plazo”.
Aunque existe la opción de importarlas, el sector tiene un problema con el estatal Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), que tenía un acuerdo para inspeccionar las plantas industriales, y que tuvieran sus permisos al día para exportar hacia Europa, Estados Unidos, o cualquier otro país.
“Las grandes industrias iban a tener tres a cuatro visitas al mes, con un costo de 2,000 dólares mensuales; mientras que las pequeñas y medianas iban a tener dos visitas al mes, pagando 800 a 1000 dólares, pero el gobierno ahora quiere hacer cobros retroactivos de 60,000 a 70,000 dólares a algunas industrias. Eso afecta los costos de producción, y puede afectar las exportaciones”, aseguró Healy.
