1 de junio 2020
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La pérdida de 235 000 cotizantes activos (24.2% del total), en el transcurso de 28 meses, representa para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) una merma de casi 15 millones de dólares mensuales, que agrava su crisis financiera, y aumenta su dependencia de las transferencias estatales, en un momento en que las finanzas públicas están muy presionadas por la caída en las recaudaciones tributarias.
“Este año, el Gobierno recaudará un monto menor a lo presupuestado, así que para cumplir sus obligaciones —transferencias al INSS incluidas— no tendrá más opciones que recortar el gasto corriente”, en especial, procurando disminuir la masa salarial, vaticinó el economista Adelmo Sandino.
“La situación era insostenible para el INSS, aun antes de la crisis por la covid-19, al punto que sobrevivía solo por las transferencias del Gobierno. Esas transferencias tendrán que crecer, porque el déficit financiero del Instituto crecerá significativamente, pues la pandemia aceleró el deterioro de la economía”, declaró un experto de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Estudios actuariales preparados a finales de la primera década del presente siglo, mostraron que, pese a tener reservas que superaban los 10 000 millones de córdobas, el Instituto estaba en una situación de quiebra técnica, en la que esas reservas se acababan en algún momento cercano a 2017, momento en que la entidad comenzaba a operar en déficit.
La brecha financiera se profundizó a partir del momento en que se ordenó que el INSS pagara una pensión reducida a miles de sus afiliados que no habían cumplido el requisito mínimo de haber cotizado 750 semanas, y se acercó al filo de la (in)sostenibilidad, cuando la represión estatal desatada en contra de los ciudadanos que participaron de la Rebelión de Abril, llevó a la destrucción acelerada de decenas de miles de empleos.
“El INSS padece una crisis financiera grande, porque cada día recibe menos ingresos para pagar las pensiones”, explicó Róger Murillo, actuario especializado en temas de Seguridad Social.
Pérdidas millonarias
El experto recuerda que, a diciembre 2017, había 970 000 personas cotizando al Seguro Social, y que ese número se había reducido hasta quedar en 735 000 entre marzo y abril de 2020.
“Esos 235 000 afiliados menos, multiplicados por un salario promedio de 9000 córdobas, producen una masa de 2115 millones de córdobas al mes. Si a eso le aplicamos la tasa de 23.5%, obtenemos un faltante de 497 millones cada mes, o sea, un poco más de 14.5 millones de dólares menos”, reconstruyó Murillo.
“La pérdida de esos empleos formales es una tendencia que no se ha logrado revertir. La crisis económica seguirá repercutiendo en el empleo, y en la capacidad del INSS para sostener el pago de sus obligaciones”, explicó el economista Sandino.
Aunque la ecuación financiera que permite entender la situación del INSS es más compleja, ese faltante de casi 6000 millones de córdobas anuales está en el corazón del faltante que el Ministerio de Hacienda le calculó al INSS para el año pasado y el año actual.
“Según Hacienda, el INSS iba a cerrar 2019 con un déficit de 3139 millones, y de 3185 millones para 2020”, dijo Funides.
“Eso es peor que el peor escenario que habíamos proyectado para el INSS, donde resultaba un déficit de 77 millones de dólares (2600 millones córdobas) en 2019, acorde con una caída del PIB de -5.4%, que al final fue de -3.9%, así que el déficit de 2019 debió haber sido menor”, declaró el economista.
La fuente recuerda que “eso ocurrió en un año en el que se acababa de aplicar una reforma a la Seguridad Social, en febrero de 2019. Esa reforma no rindió absolutamente nada. Ni siquiera el primer año, porque sus números siguieron estando en rojo”, comprobó.
Estadísticas oficiales del INSS, muestran que el déficit de la entidad creció en más de 11 700 millones de córdobas (365.3millones de dólares), al comparar lo ejecutado en 2017, con lo presupuestado para 2020.
Salvavidas estatal
Todos los economistas consultados coinciden en asegurar que el Estado no puede simplemente dejar que se hunda el INSS. Recuerdan que, pese a las dificultades, nunca ha quebrado un sistema de Seguridad Social en ninguna parte del mundo, y que la ley dice que el Estado nicaragüense tiene que hacer las transferencias que sean necesarias para que el Seguro Social siga funcionando.
Murillo señala que, al haber 235 000 asegurados menos, el Estado tiene menos ingresos, porque este grupo de desempleados y sus familias consumen menos, así que pagan menos impuestos.
Ese mismo fenómeno magnificado por las medidas de teletrabajo, y distanciamiento físico autoimpuestas por una parte de la sociedad para evitar el contagio de covid-19, hacen prever que el Estado nicaragüense perderá alrededor del 10% de los tributos esperados para el presente año (o sea, unos 8000 millones de córdobas), lo que limitará su capacidad de seguir apuntalando las finanzas del INSS.
“Si el INSS no ha incurrido en impago, es gracias a las finanzas públicas, pero la pandemia impactará sobre la recaudación central. El Gobierno tendrá que hacer una reforma presupuestaria —y esta vez sí será legítimo que la hagan con carácter de urgencia— que le permita hacer algún ajuste significativo en sus gastos”, detalló Sandino.
“El Gobierno recaudará un monto menor a lo presupuestado, y eso lo tiene casi al límite. Se está viendo forzado a tratar de disminuir gasto corriente, que disminuirá la capacidad del Estado para sostener el empleo, y generar nuevos puestos de trabajo” describió.
Sandino explica que, en estos casos, “el gasto más fácil de recortar, siempre son salarios y puestos de trabajo, porque lo que está atado a proyectos y destinado a obras está basado en compromisos internacionales, o es parte del plan de inversión pública, pero amarrado a recursos externos”.
“El Gobierno ha hecho transferencias al Banco Central para apuntalar las reservas internacionales, que ahora se podrían usar para sostener las finanzas del Seguro Social. El INSS no tiene muchas opciones de recorte, porque está obligado a pagar las pensiones”, cuyo monto no disminuye, mientras sus ingresos caen cada vez más, añadió.
Buscar más dinero, afuera o adentro
“Existen otras opciones, pero se verán comprometidas por la evolución de la pandemia, y por la capacidad del Gobierno de gestionar desembolsos de la cooperación, lo que no parece estar sucediendo, ante los señalamientos internacionales por la conducción de la crisis política y la crisis sanitaria”, señaló Sandino.
Al respecto, recordó que el Gobierno ha tratado de conseguir recursos de rápida disponibilidad pero no han podido, en comparación con lo que han logrado los vecinos centroamericanos. “Ese contraste denota el fracaso del Gobierno en sus esfuerzos por conseguir recursos externos, que habrían sido un apoyo adicional para que las finanzas públicas no se vieran más afectadas”, complementó.
El experto actuarial, Murillo, dice que la institución “debería echar mano a los intereses generados por la reserva -que ya casi no existe- y si eso es insuficiente, debe agarrar los intereses y parte de la reserva”.
“El INSS está viviendo de las transferencias del Gobierno. Tendrán que buscar préstamos o emitir bonos”, adelantó.
Funides señala un futuro muy incierto para el INSS. “Nuestra proyección de crecimiento del PIB es de -10.6%, y eso hará una mella enorme en el comportamiento del empleo formal. Lo va a licuar, completamente, y eso significará un aumento en la brecha financiera del INSS”, sentenció.
Citando datos oficiales, el economista Sandino recuerda que para marzo de 2020, “el IMAE mostraba signos positivos, con respecto a 2018, pero creería que la tendencia positiva se ha revertido, y probablemente la pandemia ya haya impactado en las cifras de abril y mayo, y terminemos junio en terreno negativo, lo que está en sintonía con las expectativas de crecimiento establecidas por el FMI, de -6.0% para este año”.
Fuentes están al límite
El centro de análisis incluye otro elemento a la ecuación: la imposibilidad de cobrar más a los afiliados activos.
“La tasa de contribución de los trabajadores es una de las más altas de América Latina, cuando tomas en cuenta la edad del trabajador formal nicaragüense, que es bastante joven. Eso le quita margen de maniobra a la administración del sistema de pensiones, porque ya no puede subir las cotizaciones”, explicó la Fundación.
“Pese a esos altos cobros, hay un déficit que solo se puede sostener con las transferencias presupuestarias”, detalla.
Sandino hila en esa misma dirección, señalando que “si el INSS ha podido operar en estos últimos dos años, es gracias a las transferencias directas del Gobierno. Desde 2018, el Gobierno ha hecho movimientos presupuestarios para poder transferirle recursos al Instituto, por el impacto de la crisis política sobre el empleo formal”.
“Si esas transferencias no hubiesen sido tan fuertes, probablemente el INSS estaría al límite de su capacidad para financiar su propio presupuesto de gastos, pero dada la trayectoria que traía, que se magnificó por la mala administración del INSS, ha hecho que requiera ayuda del presupuesto de la república”, explicó.
“La medida más clara es la transferencia que se le hizo al INSS en 2019, tomando parte de los recursos destinados a los municipios, para aplicarlos a la deuda histórica del Instituto, pero en este momento de pandemia, están evitando caer en impago de pensiones, que es un riesgo latente”, advirtió.
