2 de noviembre 2022
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El excanciller salvadoreño y exsecretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Hugo Martínez, abogó para que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no separe el tema de derechos humanos de sus decisiones financieras, mientras informó que la entidad bancaria regional es la principal fuente de financiamiento público del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“No podemos decir business son business y derechos humanos son derechos humanos”, insistió Martínez después de la presentación de su investigación “Desafíos y perspectivas: Banco Centroamericano de Integración Económica”, auspiciado por el Institute of International Education, realizada la semana pasada durante el foro de donantes en Tegucigalpa, Honduras.
La dictadura de Nicaragua se encuentra aislada de la comunidad internacional desde 2018, alineándose únicamente a Cuba, Venezuela, Rusia, China, e Irán, para evitar rendir cuentas por los abusos cometidos contra sus propios ciudadanos, los que fueron ampliamente documentados por organismos locales e internacionales de derechos humanos, en tanto se niega a liberar a 219 presos políticos que existen en el país.
El BCIE tiene casi 62 años de existencia y reportó una cartera de préstamos de 8 000 millones de dólares en 2020. Según la investigación de Martínez sobre el BCIE, el 25.5 % de la cartera de préstamos de la entidad se encuentra concentrada en Nicaragua—tal como CONFIDENCIAL adelantó el 12 de septiembre pasado— seguido de Costa Rica con el 21 .7% y El Salvador con el 18.2%.
El investigador recalcó que los Estados miembros del BCIE tienen compromisos en temas de derechos humanos y el banco “es una instancia intergubernamental, y entonces no puede estar abstraída de respeto a los derechos”.
El documento muestra que el Banco tiene 102 operaciones activas al 6 de julio de 2022: 30 en Nicaragua, 18 en El Salvador, 15 en Costa Rica y 13 en Honduras. “Del total de operaciones, 52 son catalogadas como desarrollo humano en infraestructura social, 19 de infraestructura productiva, 10 de desarrollo rural y medioambiente, 11 servicios para la competitividad, 8 energía y 2 en intermediación financiera y finanzas para el desarrollo”, sostiene el informe.
Además de revisar estadísticas, Martínez hizo entrevistas con expertos regionales para conocer sus valoraciones sobre el banco, varios de ellos incluso han fungido como directores o gobernadores de dicha institución.
Cortés: “¿Cómo puede ser el BCIE ciego ante Nicaragua?”
La investigación fue comentada en Tegucigalpa por Alberto Cortés, exdirector por Costa Rica ante la institución financiera, y por la actual representante ante Honduras, Belinda María Carías Martínez.
El costarricense consideró que no se puede obviar la realidad de Nicaragua, marcada por la suerte de los presos políticos y por una migración de más de 200 000 personas que ya no encuentran en el país un futuro tras la crisis política desatada por el régimen por la represión desde 2018.
“¿Cómo puede ser el BCIE ciego ante esto? No solo esto, el presidente ejecutivo del Banco, Dante Mossi, ha salido a justificar. No son un organismo de derechos humanos, pero eso no quiere decir que pueden obviar el criterio de valoración del tema de una cláusula democrática, que incorpora el tema de los derechos humanos”, argumentó.
Según Cortés, la valoración sobre una cláusula democrática en el BCIE es un “tema complicado”, dado que varios países están en una deriva autoritaria—refiriéndose a los que participan en la entidad financiera—, sin embargo, reafirmó que los bancos multilaterales serios sí incorporan este tipo de cláusulas.
Para él, el financiamiento a Nicaragua tiene que ver con la lógica con la que funcionan los bancos en aras de colocar financiamiento, lo que Ortega garantiza al no tener contrapeso interno, pero además podría haberse visto beneficiado con el cambio de la lógica de colocación de recursos, dado que pasó de financiar proyectos a “políticas”. “Cuando aprobás políticas, eso es más difuso, opaco. Eso está pasando”, sostuvo.
Por su parte, Belinda Carías Martínez, representante de Honduras ante el BCIE, explicó que se sigue un proceso para la aprobación del financiamiento: la evaluación sobre el programa de pagos, la experiencia con proyectos anteriores y el impacto de los mismos en las comunidades para decidir sobre los nuevos empréstitos.
La funcionaria del organismo dijo que Nicaragua todavía tiene “oxígeno”, refiriéndose a que el techo máximo al que puede acceder es el 28 % de los empréstitos del BCIE. Se negó a comentar sobre la situación del país, marcada por la falta de libertades democráticas y las anulación del derecho a elecciones libres.
“Eso es un calificativo interno del país, yo no puedo le puedo decir si es dictadura o no es dictadura (la de Nicaragua). Además, no estoy facultada para intervenir en los problemas internos de otros países. Le estoy hablando la parte técnica que cumple”, adujo.
El alineamiento del presidente Mossi con Ortega
Los expertos independientes consultados por CONFIDENCIAL coincidieron en criticar al actual presidente del BCIE, Dante Mossi. En julio pasado, el funcionario regional defendió a Ortega al considerar que había un régimen de sanciones injusto contra altos funcionarios nicaragüenses, porque “se acusa y se juzga a una persona sin el debido proceso”.
Ortega ha sido responsabilizado por la represión dirigida por el Estado contra los ciudadanos desde 2018, la que dejó 355 asesinados y más de 2 000 heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero, además, ha mantenido durante cuatro años continuos un estado policial de facto que ha conculcado a los nicaragüenses sus derechos a manifestación y expresión, mientras emprendió una cruzada contra la sociedad civil con el cierre de más de 2,400 oenegés y la persecución a la prensa independientes
Para Hugo Martínez, Mossi tendría que dar explicaciones y recordó que se tienen ciertos límites por lo establecido en la institucional regional. También por el respeto que debe a su propia investidura.
Cortés agregó que “efectivamente el presidente Mossi tiene una relación bien clara de apoyo al régimen de Ortega. Eso prácticamente es una defensa del régimen con todas las implicaciones que eso lleva. Él está pidiendo para Ortega (debido proceso), lo que él no plantea para las personas que han sido secuestradas, y detenidas arbitrariamente por el régimen en Nicaragua”.
Cuestionan idoneidad de directivos BCIE
Entre los hallazgos principales del estudio, el excanciller Martínez destacó que existe una brecha entre la práctica cotidiana del Banco y el convenio constitutivo y la estrategia institucional, en lo referido a la ausencia de proyectos regionales, a pesar de que la integración es clave.
El excanciller salvadoreño dijo que actualmente no hay vigente un solo proyecto regional y solo mencionó el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) que viene desde hace 12 años, y otro en gestión que se llama el corredor seco centroamericano.
Martínez agregó que sí existen proyectos de geometría variable: bilaterales (Honduras-Guatemala) o trilaterales (Honduras-Guatemala- El Salvador o Honduras-Nicaragua- El Salvador), a pesar del mandato de integración regional que tienen las autoridades del BCIE.
El exsecretario general del SICA cuestionó también la idoneidad de algunos funcionarios del directorio del BCIE, cuyos miembros son nombrados por los países. Recordó en una entrevista posterior a la presentación del estudio que algunos tenían parentescos con altos funcionarios de la región como presidentes, ministros de hacienda, entre otros, un tipo de práctica que “se tiene que ir terminando y se tiene que ir una mayor regulación para que ese tipo de cosas (no) se dé”.
Además, de acuerdo con uno de los entrevistados por el consultor salvadoreño, los directores del BCIE ganan en promedio 20 000 dólares mensuales, fuera de otros apoyos como vehículos, seguros y asesores, todo lo cual considera desproporcionado por tratarse de una región con altos índices de pobreza.
El BCIE también es criticado por respaldar proyectos como la implementación del Bitcoin en El Salvador, debido a la estrepitosa caída de la criptomoneda, el programa de vacunación en Nicaragua manejado con absoluta opacidad por Ortega, o por beneficiar a la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, quien en la antesala de las votaciones presidenciales de 2021, entregó un “bono climático” con un préstamo de la entidad financiera.
Martínez agregó que el banco fue capaz de responder como una instancia de apoyo importante para enfrentar la pandemia del Covid-19, pero no ha sido capaz de responder con un plan integral de desarrollo de la región para enfrentar las causas estructurales de la migración irregular.
