15 de julio 2020
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El Ministerio de Energía y Minas (MEM), propuso a los generadores privados de electricidad que acepten una modificación de sus contratos para reducir el precio al que venden la energía que producen, a cambio de extender los plazos, confirmó a CONFIDENCIAL el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), César Zamora.
Para formar parte del sistema eléctrico, las empresas generadoras deben firmar un acuerdo de compra de energía, conocido como Power Purchase Agreement (PPA), que contiene los detalles y las reglas por las que se regirá la relación.
La renegociación de los PPA permitirá “reducir los precios de energía y potencia en el presente”, al extender en el tiempo la vigencia de esos contratos, de modo que la cantidad de dinero que reciban los generadores durante todo el periodo sea similar.
Dos expertos consultados por esta publicación, desestimaron la utilidad de esa propuesta, considerando que “es un parche… que beneficia a las empresas propiedad de Daniel Ortega”, en opinión de César Aróstegui, mientras que Fernando Bárcenas asegura que esa decisión “disminuye la tarifa hoy, pero hipoteca el futuro”.
Zamora explicó que las propuestas recibidas “son individuales”, de modo que cada empresa está haciendo su propia revisión de contratos, “por transparencia y para evitar colusión. Nosotros estamos revisando los números. Entendemos la seriedad del caso, y haremos una propuesta que sea satisfactoria para ambos, algo que sea ganar – ganar”, dijo el también gerente de país de Inkia de Nicaragua.
Zamora advirtió que “la gente tiene que estar clara que si se reduce en un porcentaje el precio de la generación eléctrica, la disminución de la tarifa no será en esa misma proporción, porque la generación solo representa el 60% de los costos en la tarifa. La distribuidora carga 35% y la transmisión el 5% restante”.
El presidente de la Cámara de Energía reconoció que no les sorprendió la propuesta, porque desde enero estaban hablando del tema. “Todos los PPA se han negociado con el actual gobierno. Ninguno de los que están vigentes se negoció con los gobiernos anteriores, sino que todos los hemos negociado con las autoridades actuales”, lo que significa que ya se conocen entre ellos.
Aunque tienen dos meses para negociar la extensión de sus contratos, Zamora advierte que lo que se necesita es dar viabilidad financiera al sector en el mediano y largo plazo, lo que implica disminuir más las pérdidas técnicas, y lograr que disminuyan los 200 millones de dólares que la distribuidora adeuda a las generadoras.
“La tarifa le debe al sistema 200 millones de dólares, y no queremos que crezca ese número. Esa deuda es de 3000 millones en Honduras, y eso afecta las finanzas del Estado. En ese país se pierde un millón de dólares al día en electricidad, por problemas técnicos, robos, etc.” detalló.
Mejorar la situación del sistema “no pasa solo por la renegociación con los privados, y con las plantas de Albanisa y del Estado, sino también con lograr el saneamiento de la distribuidora” añadió.
Decisión cerraría puertas a nueva generación
Ese tipo de renegociación beneficia principalmente a “las plantas térmicas propiedad de Daniel Ortega, cuyo titular es Albageneración, que es la que tiene el mayor número de contratos, y se los van a prolongar por todo el tiempo que ellos decidan”, aseguró el abogado Aróstegui, experto en legislación energética, recordando que “solo a las plantas térmicas les pagan por potencia, y la mayoría son de Albanisa”.
Los que generan con otras fuentes de energía como los ingenios, que queman biomasa; las eólicas, y las hídricas que son propiedad de ENEL, también contarán con la garantía de que les van a seguir comprando la electricidad que produzcan, aunque la importación de energía en el mercado regional centroamericano, obliga a dejar de comprarle a los generadores locales.
“Este es solo un cálculo de economía financiera: al extender el plazo, el costo mensual disminuye. Se obtiene una rebaja en el monto mensual del contrato”, determinó el consultor en temas de electricidad, Fernando Bárcenas.
Un resultado posible de esto es que “podrían aumentar el porcentaje a bajarle a la tarifa, pero esto creará un problema cuando quieran contratar nueva energía”, dijo mientras se preguntaba las razones para tomar esa decisión “en esta coyuntura, donde hay tanto desempleo, y tanta crítica hasta de sus mismas bases”.
“Están actuando mal al determinar cuál debe ser la tarifa. A última hora están queriendo presentar una rebaja mayor del 3%, que a la población le pareció irrisorio. Tampoco lo están haciendo tan sencillo, como dice la normativa, de hacer una revisión de costos”, explicó.
Renegociar estos contratos para extenderlos en el tiempo, tendrá consecuencias para la entrada de nuevos generadores al mercado, porque estos tienen que estudiar su factor de planta, que es como se denomina a la cantidad de horas que podrán trabajar, que está ligada con la cantidad de energía a generar.
El factor de planta tiene que disminuir en la medida en que haya más generadores, lo que también significa que los consumidores tienen que pagar a más empresas por el cargo por potencia, que es como se denomina al pago que reciben los dueños de las generadoras térmicas por tener sus unidades en disponibilidad, pago que reciben siempre. Sea que estén generando o no.
Dado que “estos nuevos generadores seguirán vigentes en el tiempo, cuando ya haya llegado el momento de que los nuevos los saquen”, ocurrirá que los nuevos generadores no entrarán, o lo harán generando menos, lo que afecta a futuro, “pero el Gobierno no piensa a futuro”, sentenció Bárcenas.
Para Aróstegui, la solución es “romper el dominio que ha establecido el régimen sobre toda la industria eléctrica, desde la generación hasta comercialización. La Ley Industria Eléctrica decía que cada segmento era independiente, y estaba absolutamente prohibido que un distribuidor pudiera generar, pero cambiaron la ley, y ahora es legal que el generador Ortega le vende al distribuidor Ortega”.
