27 de noviembre 2019
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El Gobierno presentó a la Asamblea Nacional una modificación al Presupuesto General de la República 2019, en la que pide autorización para incorporar 7855.5 millones de córdobas adicionales al presupuesto de ingresos, a la vez que congela el gasto público, encontrando en el proceso la forma de deteriorar aún más la inversión en infraestructura.
Por otra parte, a pesar que sus economistas acordaron con el Fondo Monetario Internacional el documento en el que se prevé que la economía se contraiga en -5.7% en 2019, y -1.2% en el 2020, el Gobierno insiste en su visión de ensueño, según la cual, la caída de este año se frenará en -3.5%, y que crecerá 0.5% en 2020.
La clave para que Ortega disponga del equivalente a 232.8 millones de dólares (según el cambio oficial a este martes 26 de noviembre), es el aumento de las obligaciones tributarias a las familias, las empresas y los ciudadanos, tal como lo confiesa el proyecto de Ley que reforma la Ley 984 (del Presupuesto 2019), enviado con trámite de urgencia al primer poder del Estado.
“La dinámica positiva observada en la recaudación al mes de octubre de 2019, ha sido determinada fundamentalmente por la implementación de la reforma tributaria, que ha compensado el efecto negativo en la recaudación, asociada a la baja de la actividad económica observada desde abril de 2018”, fundamenta Ortega.
“A eso se le llama flujo circular de la renta. El gobierno participa extrayendo recursos de los hogares y las empresas a través de la recaudación fiscal, pero si reinyecta menos a través del gasto, como en este caso, eso ejerce un papel contractivo sobre la economía”, explicó a CONFIDENCIAL un economista que habló a condición de mantenerse en el anonimato.
Menos inversión
Si bien el nuevo presupuesto integra esos casi 8000 millones de córdobas, la decisión que tomó el Poder Ejecutivo fue aplicar un ejercicio formidable de ingeniería presupuestaria que le permitiera redestinar partidas por un total de 5918 millones de córdobas, pero sin cambiar el gasto total, que se mantiene inalterable en 80 014.5 millones de córdobas.
Lo que sí hace, es que degrada la calidad de ese gasto, porque reduce otros 1856.4 millones al gasto de capital (el que financia mejoras y nueva infraestructura), y destina esa misma cantidad al gasto corriente (salarios y servicios), con lo que puede seguir pagando la planilla del Estado, pero sin entregar el aumento de 5% que los servidores públicos quedaron esperando todo el año.
“En este proyecto… se reducen las asignaciones presupuestarias en la mayoría de las instituciones, en particular en lo relacionado al ajuste salarial de las y los servidores públicos que por razones de limitaciones financieras presupuestarias y con el objetivo de proteger el empleo de los mismos, no fue posible otorgarlo”, asevera el documento.
De modo específico, también se reduce el Programa de Inversión Pública (PIP), que pasa de 16 181.6 millones de córdobas, a 14 037.0 millones, básicamente por la reducción de más de 3750 millones sustraídos a esa cuenta, al disminuir la partida presupuestaria que se asigna a las municipalidades.
Baja venta de Bonos muestra poca confianza
En línea con la carencia de recursos, más la necesidad de contener el gasto para poder crear un superávit que permita destinar recursos al seguro social o a incrementar reservas internacionales en el Banco Central, y –según algunos- de castigar a las alcaldías opositoras, esta reforma al Presupuesto mantiene la decisión de recortar el 60% de los fondos que debía asignárseles por Ley.
Por “razones de limitaciones presupuestarias”, y para “apoyar la estabilidad macroeconómica y fiscal”, se mantiene el recorte de las transferencias municipales, desde el 10% de los ingresos, tal como manda la Ley, al 4% pauperizante que ya pudo observarse al conocerse el Informe de Ejecución Presupuestaria del primer semestre de 2019.
Al cierre del primer semestre, la colocación de Bonos de la República quedó lejos de los planes iniciales: si la autoridad esperaba tentar a los inversionistas para que le confiaran sus capitales hasta por un monto de 11 264.2 millones, quizás el hecho que ahora solo esperen colocar 5082 millones, les confirme lo que les dijo el Fondo Monetario Internacional: no pueden pretender administrar un país, si la gente no confía en ustedes.
El documento lo reconoce por partida doble en un solo párrafo, al admitir que “las finanzas públicas… se han visto limitadas en su financiamiento por una menor colocación de bonos de la República por C$6182.2 millones… así como el no ingreso de recurso líquido de libre disponibilidad… por C$1656.5 millones”, provenientes del BID.
Más dinero ¿para quién?
El balance de reasignación presupuestaria deja varios ganadores netos, no solo entre los ministerios y dependencias que están subordinadas al Poder Ejecutivo, sino también entre los poderes mismos.
La Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República sufren mermas más bien marginales de 11 y 9.1 millones de córdobas respectivamente, mientras que la Corte Suprema de Justicia ve cómo se evaporan 200 millones. El gran ganador es el Consejo Supremo Electoral, al que se le aumenta la partida en 192 millones.
En términos absolutos, el Ministerio de Transporte e Infraestructura recibe 125 millones de córdobas adicionales; el de Salud, otros 801; mientras se asignan 462 millones más a Hacienda, y otros 90 a Gobernación.
En el otro lado, el Ministerio de Educación pierde más de 761 millones en esta reforma; el Mefcca, 95 millones; el Ministerio del Ambiente, 43.9 millones menos, y 43.5 millones el de Defensa. La balanza en realidad se nivela con los 1194 millones que se suprimen de la partida de ‘Asignaciones y Subvenciones’, y los 557 millones que ya no irán al servicio de la deuda.
