1 de junio 2022
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Nicaragua mejoró en un punto sus resultados en la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS por sus siglas en inglés) 2021, al obtener 42 unidades, contra las 41 obtenidas en la Encuesta de 2019, informó el economista Leonardo Labarca, investigador del centro de pensamiento Expediente Abierto, 'think tank' que “analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica”. La encuesta de 2017 otorgó 43 puntos al país.
La OBS es la única evaluación comparativa, independiente y periódica a nivel global sobre transparencia, vigilancia y participación. Mide la transparencia presupuestaria y cómo ha cambiado con el tiempo; el grado en que están presentes las oportunidades de participación pública en ese proceso, y la fortaleza de las instituciones formales de vigilancia, que en el caso de Nicaragua son la Asamblea Nacional (AN) y la Contraloría General de la República (CGR).
“El pilar en que Nicaragua obtiene las mejores calificaciones (59 puntos de 100) es el que mide la fortaleza (en el papel) de las instituciones formales de vigilancia del presupuesto”, con 64 puntos para la Asamblea, y 50 para la Contraloría, dijo el experto. “La vigilancia del presupuesto por parte de los legisladores y auditores nacionales es limitada. Existen brechas graves en los controles y equilibrios”, añadió.
En la práctica, “la vigilancia proporcionada por la legislatura es generalmente más débil que las instituciones auditoras. El Poder Ejecutivo siente poca presión para implementar las recomendaciones de auditoría”, dijo recordando que “la Asamblea tiene una oficina de seguimiento al gasto público que, en teoría, debería estar generando reportes sobre cómo el Ejecutivo gasta el dinero, y recauda los ingresos”.
“La Asamblea tiene la potestad de aprobar o no, las reformas presupuestarias. En un mundo ideal, la Asamblea debería hacer contrapeso al Poder Ejecutivo con la gestión del presupuesto, pero sabemos que en Nicaragua hay una situación muy particular, como no la hay en Latinoamérica, excepto Venezuela… en Nicaragua, el sistema de rendición de cuentas es muy limitado”, puntualizó.
Conversación de élites
“Un trabajo óptimo de las instituciones formales, combinado con lo que aporta la sociedad civil, puede producir el mejor sistema de vigilancia presupuestaria”, señaló, aunque “sin instituciones formales de vigilancia efectivas, no puede haber una supervisión ciudadana eficiente”, añadió.
Ese es precisamente el punto débil de Nicaragua y, de hecho, de todos los países de América Latina: solo siete de los 18 países evaluados sacan más de 20 puntos en este indicador, con Perú (31), Ecuador (26) y Chile (24), liderando el ranking, lo que no significa que lo estén haciendo bien. En el otro extremo, Trinidad y Tobago (7), junto a Nicaragua (7), comparten el antepenúltimo sitio, con Paraguay (6) en el penúltimo, y Venezuela (cero) cerrando el listado.
En Centroamérica, el Triángulo Norte sale mejor posicionado (El Salvador con 20; Guatemala con 19 y Honduras con 17), mientras Costa Rica y Nicaragua obtienen nueve y siete puntos. “La participación pública en la toma de decisiones presupuestarias es el eslabón más débil. Los presupuestos siguen siendo una conversación principalmente de élite, con pocas vías para que la gente común se involucre y tenga voz”, observó el experto.
En Nicaragua, a partir de 2005, la Ley de Régimen Presupuestario ofrece las pautas para que haya un control adecuado sobre la transparencia, la fluidez de la información, y cómo deben publicarse los datos sobre el presupuesto. Por su parte, la Ley de Participación Ciudadana de 2003, dice que para crear leyes, incluyendo la presupuestaria, el Legislativo debe llamar a los sectores poblacionales interesados —incluyendo las organizaciones de la sociedad civil— para que ofrezcan sus aportes en materia de asignaciones.
A partir de 2015, “hemos visto un grave retroceso, en cuanto a la discusión de estos presupuestos. Antes, se podía llamar a algunas organizaciones, como el Ieepp”, (en referencia al ilegalizado Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas), que presentaba sus propios análisis, aunque reconoció que “esta problemática es muy común en muchos países del mundo”.
Nicaragua elige no opinar
En materia de ‘Transparencia Presupuestaria’, el país obtuvo 45 puntos de 100, lo que significa que “solo ofrece información limitada que no permite profundizar en un debate sobre los presupuestos públicos. Se requiere un mínimo de 61 para eso”, explicó Labarca. La puntuación obtenida depende de la publicación o no; puntual o tardía, de ocho documentos que son clave para que el público conozca cómo se manejan sus recursos.
Los ocho documentos son el presupuesto preliminar (cero puntos, porque no existe); el proyecto de presupuesto (54); el presupuesto aprobado (22); el presupuesto ciudadano (cero); más cuatro informes: el de medio año (70); el de ejecución (cero); el de liquidación (50), y el de auditoría (29).
“Hay relación directa entre la transparencia y los flujos de cooperación internacional. En Nicaragua disminuyeron, (o desaparecieron) las donaciones, en especial las que eran de libre disponibilidad para adecuar el presupuesto, pero como Nicaragua no tiene una adecuada transparencia en el uso de los recursos públicos, la menor confianza de los organismos financieros internacionales se traduce en mayor cautela al aprobar donaciones”, detalló.
En cuanto a los préstamos, Labarca recordó que lo que importa a las entidades financieras es “que el país cumpla, y Nicaragua ha cumplido”, pero si no hay avances en transparencia, “crecerá la desconfianza de la población y de los sectores económicos del país hacia el manejo de esos recursos. No es que en Nicaragua no haya transparencia, pero la puntuación que se le da, indica que la información es limitada, lo que permite hacer análisis -pero no a fondo- sobre el tema presupuestario”, aclaró.
El International Budget Partnership ejecuta desde 2006 la Encuesta de Presupuesto Abierto en más de 160 países, para evaluar los sistemas de rendición de cuentas de los Gobiernos nacionales. El proceso dura unos 18 meses, a cargo de un investigador de cada país. Aunque la organización concede a los Gobiernos evaluados la posibilidad de comentar los hallazgos del documento, Nicaragua nunca ha hecho algún comentario.
