25 de mayo 2020
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Este lunes los bancos del sistema financiero nacional están obligados a aplicar tres acciones contra los nuevos funcionarios públicos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos: primero, deben cancelar las cuentas bancarias y tarjetas de crédito que tengan a nombre de Julio César Avilés, jefe del Ejército, e Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, y miembros de su familia o allegados.
Segundo, deben cancelar las cuentas bancarias de cualquier empresa en la que los mencionados sancionados por la OFAC (Oficina de control de activos extranjeros de Estados Unidos) tengan una participación accionaria y una representación legal, de directivos, o socios.
Tercero, deben notificar al Estado o empresas estatales en las que Avilés y Acosta son directivos sobre la cancelación de las cuentas bancarias, si ambos funcionarios no son sustituidos en dicha representación en un plazo acordado con la institución bancaria.
Para el caso de Avilés, la prohibición cubriría cuentas y relaciones financieras derivadas de su representación como jefe del Ejército o presidente del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) cuya junta directiva preside.
En el caso del ministro Iván Acosta, los bancos privados estarían obligados a suspender las cuentas derivadas de su cargo como representante legal del Ministerio de Hacienda y su participación en al menos cinco juntas directivas de instituciones, empresas estatales y cuasi públicas. Por ejemplo, Acosta es miembro de las Juntas directivas del Banco Central, el Aeropuerto Internacional, el IPSM, Enacal, la Empresa de Exportaciones e Importaciones (Emimex), la Corporación de Zonas Francas, y la empresa distribuidoras Disnorte y Dissur.
“Todas estas instituciones y empresas estatales serán notificadas por los bancos, para que sustituya al ministro Acosta como directivo o representante, o de los contrario las cuentas serán canceladas,”, explicó una fuente vinculada a la banca privada.
Asimismo, Iván Acosta, titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), tendrá que renunciar a sus cargos en los organismos financieros internacionales, y dejar de firmar convenios en nombre de Nicaragua, explicó Róger Arteaga, exdirector general de Ingresos.
Este viernes 22 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión del militar y del ministro, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), lo que representa una suerte de muerte civil desde el punto de vista financiero.
A partir de ese hecho, la pregunta es si Avilés puede seguir al frente de la institución armada, y si Ortega lo mantendrá ahí, planteó Roberto Cajina, experto en Defensa y Seguridad al ser entrevistado en el programa Esta Semana, que se transmite en línea.
“La decisión de remover o dejar al general Avilés al frente del Ejército la tiene que tomar no el Consejo Militar, sino el presidente de la República, que es el jefe supremo del Ejército Nacional… pero hasta este momento, no hay ninguna reacción oficial del Ejército, ni del general Avilés”, señaló Cajina.
A su juicio, la sanción tiene varios mensajes: uno directamente para Avilés; otro para el régimen Ortega - Murillo, y uno más para el Ejército, porque deja en vilo la posibilidad de una sanción a la institución como tal, (igual que ya le ocurrió a la Policía Nacional) “lo cual yo veo muy lejano, pero no imposible”, dijo el investigador.
Si bien las sanciones pretenden que el gobierno actúe frente a la pandemia, rectifique el rumbo que lleva en materia de Derechos Humanos y cese a la represión de los ciudadanos, Cajina duda que esto puede tener algún impacto en la ruta del Gobierno.
“Viendo cómo ha actuado el régimen Ortega Murillo hasta hoy, es casi como pedir un milagro que cambien de rumbo”, dijo. “Más después del argumento de que frente a las dificultades se cohesionan más. Cohesionado en este caso, significa estar más chiquito y más aislados, al final de cuentas”, definió.
Cajina también observa que si la Unión Europea decide replicar las sanciones “eso significará que la soga que está al cuello del régimen se va cerrando cada vez más. ¿Cuánto aguantará el régimen antes de darse por vencido? Eso depende de lo que ellos califiquen como su voluntad de resistencia”, aseveró.
Inversiones en riesgo
Aunque la sanción es individual, “estas tienen un ‘efecto derrame’, que va de la persona, hacia la institución en que trabaja o dirige”, explicó Cajina. A juicio del experto, sancionar a Acosta, genera un efecto derrama que afecta a toda la estructura del Ministerio de Hacienda, pero en el caso del Ejército, “el derrame será un poquito menos complicado, porque las áreas del Ejército Nacional trabajan de forma descentralizada”.
A modo de ejemplo, explicó cómo “el área de Finanzas, es administrada básicamente por el Jefe de Finanzas del Ejército. Operaciones, por el Jefe de Operaciones. El Comandante en Jefe es la figura pública que puede contraer acuerdos, firmar documentos legales de carácter nacional, sí, pero ahora está impedido”.
Cajina aseguró que si bien las sanciones no afectan al IPSM, habrá necesidad de reformar la Ley 181 reformada, y además, el reglamento estatutario del Instituto, que ya tiene a tres directivos sancionados: Roberto López, director del INSS; Iván Acosta, y el general Avilés.
“De siete miembros que hay en la junta directiva, quedan cuatro sin sancionar, incluyendo al director ejecutivo”, recordó.
“Lo del Ejército es grave, porque se venía denunciando, y el Ejército primero guardó silencio. Después lo negaron. Luego, Medardo Mairena les dijo que él había sido testigo de militares asesinando campesinos, y la respuesta fue pedirle pruebas”, detalló el economista Róger Arteaga.
“Que en menos de una semana se aprueben las sanciones, es porque Estados Unidos debe tener información y evidencia de que el Ejército ha asesinado campesinos, además que se negaron a desarmar a los paramilitares, y que le proporcionaron armas a esos paramilitares”, consideró.
“Todo eso es grave y pone en entredicho a la institución. Ahora ¿qué harán con Avilés? ¿Lo dejarán, lo quitarán, le pondrán un testaferro que firme por él, o reconocerán sus culpas? El Ejército tiene inversiones fuertes en Estados Unidos, y eso puede hacer que las reacciones de los militares sean diferentes. Están jugando con sus pensiones de retiro”, advirtió.
Acosta debe dejar el BID, BM, y BCIE
El ministro Iván Acosta tendrá que renunciar a sus cargos como gobernador por Nicaragua ante el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Centroamericano de Integración Económica.
“Cada una de esas instituciones le pedirá al país que, como Iván está sancionado, propongan a un nuevo gobernador que podría ser el presidente del Banco Central”, señaló Arteaga.
Otra de las funciones importantes que ejerce el ministro de Hacienda es la firma de convenios, muchas veces en sustitución de la persona que ocupa la presidencia de la República, que puede designar a cualquier otra persona.
“Ya ha habido casos en que un embajador firma en representación de Nicaragua, convenios y arreglos con organismos. Eso es movible, y pueden designar a cualquier otro”, explicó el exdirector general de Ingresos, quien también avizora que “podrían pedirle la renuncia, y dejarlo como asesor”.
A Acosta puede pasarle lo mismo que al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, o al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, a quienes les nombraron un administrativo para que firmara en nombre suyo, sugirió Arteaga.
“Hay mecanismos para continuar operando, pero la sanción se mantiene en su persona. Los bienes que tenga en Estados Unidos están congelados de inmediato. A partir del viernes, ningún banco seguirá trabajando con ellos: tendrán que cancelar sus tarjetas de crédito, sus cuentas, y manejar su dinero por medio de testaferros, o guardarlo debajo de la almohada”, ilustró.
