Funides: reducir exenciones y exoneraciones

En los últimos diez años, el país pudo mantener la estabilidad macro e implementar las reformas económicas necesarias para modernizar su economía, pero hace falta ir más allá, reduciendo exenciones y exoneraciones, y focalizando apropiadamente los subsidios, si se quiere combatir la pobreza y la desigualdad de forma efectiva, según un estudio preparado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

El texto muestra que “el resultado de estas políticas se ha reflejado en un crecimiento económico moderado, del orden del 3.7% en promedio entre 2005 y 2014”. Sin embargo, ese desempeño “no ha sido suficiente para reducir la pobreza de forma sustancial y sostenida, y revertir la tendencia de una mayor desigualdad que se ha venido observando en el periodo”.

El documento muestra cómo la disciplina fiscal, el crecimiento moderado de las remesas, el aprovechamiento del CAFTA y la cercanía política con Venezuela, permitieron bajar casi a la mitad el déficit de la balanza comercial del país.

Desde luego, ayudaría mucho reducir el sistema de exenciones y exoneraciones, que representa el 7.6% del PIB (6.7% en IVA; 0.6% en IR a las personas jurídicas, y 0.3% en otros impuestos) según datos del 2010, “muy por encima del 4.1% observado en América Latina. Esto muestra la necesidad de una mayor reducción en las exenciones y exoneraciones, y el fortalecimiento a las entidades recaudadoras”, asegura la Fundación.

También se alerta que “el subsidio a la energía eléctrica y el gasto en asistencia social necesitan mayor focalización”. Lo dicen considerando que el subsidio a la energía eléctrica requiere una reforma que cambie el nivel y la estructura tarifaria. En el caso de los programas sociales, propone reformar la manera en que se otorgan, “a fin de excluir a sectores de ingresos medios y altos”, pensando en lograr mayor eficiencia.

Funides explica que si Nicaragua quiere seguir teniendo acceso a financiamiento externo y mejorar el bienestar económico, debe movilizar recursos y reforzar los espacios fiscales, lo que se logra “mejorando la administración tributaria, reduciendo las exoneraciones y exenciones, los gastos improductivos [en referencia a los empleos de baja productividad], y mejorando la eficiencia del gasto social a través de una mejor focalización”.

El estudio señala en especial a cuatro de esos gastos que son potencialmente negativos para el crecimiento económico: las remuneraciones, las compras de bienes y servicios, las transferencias corrientes y las prestaciones sociales, que representan un alto porcentaje del gasto público. Por ello, recomiendan “privilegiar el gasto de capital por sus efectos positivos en el crecimiento económico de largo plazo”.

Respecto a las transferencias municipales, se señala que éstas han sido útiles para las alcaldías, pero que el gobierno central sigue asumiendo algunas competencias que deberían efectuarse en los territorios. De paso, también señala que “no hay claridad sobre las acciones que promueven la reducción de la pobreza a través de estas transferencias”.