23 de noviembre 2023
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El Fondo Monetario Internacional (FMI), volvió a respaldar al manejo de la economía nicaragüense por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque en sus recomendaciones al país aprovechó para criticar veladamente, temas como la corrupción o el inexistente Estado de derecho.
Entre el 6 y el 17 de noviembre, un equipo técnico del FMI dirigido por Alina Carare visitó Managua para realizar la Consulta del Artículo IV de 2023, reuniéndose con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta; el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, “así como otros altos funcionarios, representantes de la zona franca, bancos y otras partes interesadas, incluida la comunidad internacional”, dijo el ente multilateral en un comunicado.
El resultado fue un documento en el que la Misión del FMI destaca la prudencia con que se maneja el marco macroeconómico del país; el rápido crecimiento de las reservas internacionales, y publica su previsión de que la economía crecerá 4.0% este año, y 3.5% el próximo, gracias en parte, al crecimiento de las remesas y del consumo privado.
“Hay que saber leer el lenguaje con el cual habla el Fondo Monetario. Su ámbito de acción es el macroeconómico, así que cuando ve aumentar las remesas y el consumo, solo están siendo bastante factuales”, explicó el economista y exviceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro.
Otro economista que accedió a hablar con CONFIDENCIAL, pero desde el anonimato, destacó que “la mejoría que observa el FMI es producto de la alta migración de la gente que no encuentra soluciones a sus problemas dentro de Nicaragua”.
El documento pronostica que el PIB real crecerá 4.0%, que la inflación se desacelerará; que la posición fiscal del Gobierno central presentará un pequeño superávit y amplios depósitos, y que las remesas alcanzarán cerca del 28% del PIB a finales de 2023, “el doble de su nivel de finales de 2021, impulsadas por el rápido aumento de los emigrantes nicaragüenses”.
Adicionalmente, aseveran que “estas entradas de divisas e inversión extranjera directa, en un marco macroeconómico prudente, han contribuido a una rápida acumulación de reservas internacionales brutas, las cuales, a finales de octubre, han alcanzado los 5000 millones de dólares, equivalente a seis meses de importaciones, excluyendo la maquila”.
Menos préstamos y menor inversión extranjera
La expulsión de ciudadanos también tiene consecuencias negativas. La Misión declara que tanto en 2024 como en el mediano plazo, el PIB real crecerá en torno al 3.5% “soportado principalmente por el consumo privado”. Ese promedio es de solo 3.5% (inferior al promedio del período 2000 - 2017, que fue de 3.9%), “debido a una prudente recuperación de la inversión, un limitado acceso a financiamiento oficial y a una menor contribución del empleo al crecimiento, debido a la reciente emigración”.
Con base en la aseveración de Chamorro, de que el FMI usa un lenguaje “muy encriptado”, hablar de “la prudente recuperación de la inversión”, es otra forma de hacer notar cómo, después de que en 2021 el país recibiera el equivalente al 8.5% del PIB en inversión extranjera directa (IED), esos porcentajes disminuyeron a 8.2% en 2022, caerá hasta el 6.2% del PIB al cierre de este año, y caerá una vez más en 2024, cerrando en 5.9%.
Del mismo modo “un limitado acceso a financiamiento oficial”, muestra cómo al régimen se le están cerrando las fuentes de financiación, como reacción a la violación de los derechos humanos, y por el fraude masivo en las votaciones de 2021 y 2022, mientras que la “menor contribución del empleo al crecimiento debido a la reciente emigración”, muestra que la estrategia de expulsar ciudadanos para aumentar el monto anual de remesas que recibe el país, no puede implementarse sin costos.
En efecto, el texto del FMI usa el elogio para a renglón seguido hacer recomendaciones amables sobre cómo mejorar lo que acaban de elogiar, incluyendo la lucha contra la corrupción, la separación de poderes y la gobernabilidad.
Chamorro enfatiza este hecho, al señalar que en la última recomendación, “instan a la dictadura a tomar acciones con relación a la corrupción y al Estado de derecho. Esa es una forma muy típica del Fondo Monetario, de decir que se están robando los reales, y que no son democráticos”.
Recomendaciones sobre “Estado de derecho” en Nicaragua
Por ejemplo, dicen que “se ha progresado en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública”, pero también que “para aumentar la eficacia de la ley, el Gobierno debería asignar la supervisión integral de su aplicación a una entidad u organismo concreto”.
A renglón seguido, relatan que la Contraloría General de la República introdujo una plataforma digital para recopilar declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, que ha logrado avances significativos en la recopilación de declaraciones patrimoniales de personas políticamente expuestas a través de esta plataforma.
Sin embargo, a pesar de ese logro, recomiendan “reforzar el marco anticorrupción y su eficacia”, lo que se podría lograr publicando las declaraciones de bienes de las personas políticamente expuestas; implementando evaluaciones basadas en el riesgo de esas declaraciones, y promulgando normas para proteger a los denunciantes… pese a que interponer una denuncia en contra de un funcionario conlleva una sentencia de cárcel.
Haciéndose eco de una petición que existe desde la época en que el sector privado podía incidir sobre el Gobierno -pero nunca fue satisfecha- “la misión apoya la intención de las autoridades de seguir aplicando recomendaciones recibidas a través de asistencia técnica, especialmente en lo que respecta a la mejora de la calidad y la consistencia de las estadísticas, ya que estas son fundamentales para evaluar los riesgos, formular políticas apropiadamente y mejorar la confianza del sector privado”.
Usando ese mismo lenguaje, aseguran que “las autoridades siguen comprometidas con la publicación de los informes de auditoría externa sobre el uso de todos los fondos asociados a la pandemia de covid-19 y se espera que a finales de noviembre de 2023 se publique un segundo informe que cubra la ejecución desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022”. También recomiendan a la Contraloría realizar “mayores esfuerzos para garantizar auditorías basadas en riesgos y la publicación de informes de auditoría del Gobierno central y de las empresas públicas”. Finalmente, insisten en que “el Gobierno y el sistema judicial deben fortalecer el Estado de Derecho garantizando un recurso administrativo y judicial adecuado, eficaz y justo en el curso de los procedimientos legales que tengan consecuencias para los derechos de propiedad”, lo que debería garantizar que los marcos anticorrupción y de gobernanza sean eficaces; proteger debidamente los derechos de propiedad, así como el cumplimiento de los contratos y las inversiones”.
