Expertos tributarios: acoso fiscal puede disminuir las recaudaciones

Dos expertos tributarios consultados por CONFIDENCIAL opinan que la aplicación de una política de chantaje en contra de las empresas, enturbia el clima de negocios que los empresarios requieren para desarrollar su actividad lo que, a la larga, puede frenar la dinámica económica de un país, y disminuir la recaudación que se busca incrementar.

Una docena de hombres de negocios y líderes gremiales confirmaron la existencia de un esquema de acoso fiscal en Nicaragua, cuya implementación ha sido confiada a la Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), y la Alcaldía de Managua, (ALMA).

Algunos han sido atacados a la vez por la DGI y la DGA, y obligados a pagar para poder seguir operando.

Un empresario obligado a operar en un ambiente tan tóxico, “muy probablemente se lo piense para iniciar nuevos negocios, y los que ya están, pueden buscar certezas en otras partes, sea cambiando de rubro, o de país, que eso en Centroamérica es fácil”, aseguró Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda de Costa Rica entre 2014 y 2017.

El guatemalteco Abelardo Medina Bermejo, coordinador del área de Análisis Macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo que “indiscutiblemente, los empresarios necesitan tener una idea clara de cuál es el verdadero costo de funcionamiento del sistema general en el que se desarrolla su actividad”.

El problema es que, en Nicaragua, la administración tributaria prefiere operar desde la opacidad.

“La falta de definición de un mecanismo de auditorías o de claridad en los procedimientos de gestión -que puede desembocar en el establecimiento de ajustes por parte de la administración tributaria- eleva el riesgo y reduce el deseo de invertir o reinvertir en el país”, añade Medina Bermejo.

El costarricense Rodríguez reconoció que “en el cobro de impuestos siempre habrá tensión, pero para eso hay que desarrollar reglas, que tienen que estar claras previo al juego, para saber al entrar a una actividad económica, cuáles impuestos hay que pagar, y cómo se arreglan las diferencias”, explicó.

Para un empresario, la falta de reglas claras es “como sembrar sin saber si ese año va a llover o no. El empresario determina el grado de riesgo porque no se entra a un negocio para perder plata. La posibilidad de enfrentar fiscalizaciones arbitrarias, no anunciadas, con resultados que no se pueden prever, aumenta el riesgo fiscal, aún para los que están haciendo lo correcto”, alertó.

Por el contrario, imponerles pagos adicionales, puede llevarlas a la quiebra, y a largo plazo, eso sería contraproducente para la administración tributaria, porque disminuye la base de contribuyentes.

“Como administrador, querés que crezcan los contribuyentes, y las actividades que generan impuestos. Las empresas deben cumplir sus obligaciones, pero en un marco de certidumbre. Los bancos no te van a dar un crédito -ni vos lo vas a pedir- si la administración tributaria te cobra más de la cuenta”, insistió el exfuncionario público.

La actuación de la DGI

Desde sus oficinas en San José o en Ciudad Guatemala, ni Rodríguez ni Medina Bermejo pueden ser categóricos al analizar las vicisitudes que enfrentan los empresarios en Nicaragua, pero sí pueden suponer la posibilidad de que hasta ahora la administración tributaria esté haciendo bien su trabajo, y que esa sea la causa del aumento de los reclamos.

El administrador de una empresa que hace tres años sufrió un reparo por casi 400 000 dólares -del que terminó pagando solo una fracción, gracias a los contactos que uno de sus gerentes (un exfuncionario gubernamental) mantiene con gente que sigue en el Gobierno- coincide con la apreciación de los dos expertos.

“Lo que pasa es que [los inspectores de la DGI] están siendo más detallistas, lo que ha dado como resultado que se impongan más multas… y los empresarios se están quejando porque estaban acostumbrados a no pagar lo correcto”, aseguró.

Un empresario que tuvo que pagar una multa de varios centenares de miles de dólares, así como un abogado que trabaja con ese sector, rechazaron la tesis del ‘cobro correcto’, pero se abstuvieron de ofrecer una declaración en firme, o presentar sus argumentos, por temor a represalias.

El guatemalteco Medina Bermejo opina que, “en Nicaragua, los empresarios están muy acostumbrados a pagar lo que quieren y no les gustan las auditorías”. Por eso, cuando los auditan y les cobran lo que es correcto, dicen “¡persecución! ¡Terrorismo!”.

“Puede ser terrorismo y persecución, cuando la administración tributaria selecciona ‘a dedo’ cuáles son las empresas que va a evaluar”, o cuando auditan a la misma empresa una y otra vez, buscando cualquier resquicio contable para multarla, ilustró el experto.

Según su criterio, se necesita una evaluación pública que muestre los niveles de evasión existentes, para que la ciudadanía comprenda por qué hay que auditar a los contribuyentes, en especial a los más grandes, que suelen ser los mayores evasores.

“Debe existir un módulo de gestión de riesgo, que permita conocer los criterios a utilizar, para seleccionar cuáles son las empresas sujetas a verificación con mayor frecuencia”, sugirió.

No se vale ‘salir de pesca’

Refiriéndose a lo que debe ser un sistema tributario cualquiera, más que a lo que es la administración nicaragüense de impuestos, ambos expertos destacan la necesidad de que los sistemas operen desde la predecibilidad en todos los pasos del proceso, la transparencia en sus actuaciones, y la equidad con la que serán tratados los agentes, en especial, los contribuyentes.

El guatemalteco Medina Bermejo reconoce que hay empresas que están más propensas que otras a sufrir una revisión, cuando no presentan sus declaraciones, o quizás declaran menores ventas, mientras muestran que están comprando más, o simplemente, no reportan todas sus operaciones, etc.

En todos los casos, se requiere que todos -la autoridad tributaria, y los contribuyentes- conozcan las reglas de previo. “Si no se dan a conocer esos criterios, y se manda a evaluar un grupo opositor de manera permanente y persistente, eso es terrorismo fiscal”, dijo el experto.

“El problema es cuando una administración tributaria -como la nicaragüense- en su proceso de opacidad, atropella a los que están bajo su autoridad, aún en los casos en que el Estado tiene razón”, añadió.

Insistiendo en la idea de que “no es correcto que se le hagan varias auditorías al año al mismo contribuyente”, Medina Bermejo refirió que en países como España, se publica desde enero, a quienes auditarán en el transcurso del año.

Si bien en la mentalidad de quienes administran el sistema tributario nicaragüense, la idea parecerá extraña e inaplicable, el experto chapín explica que no se trata de salir a buscar quién está haciendo mal las cosas para multarlo, sino de asegurarse que todos lo hagan bien.

Rodríguez remarca que es esencial que existan certezas: cómo se cobra, cómo se dirime, cómo se arregla, qué reglas los protegen como contribuyentes… hasta el punto que “se avisa con tiempo, el tipo de empresas que se va a fiscalizar”, sean estas constructoras, bancos, etc.

“La administración tributaria practica controles aleatorios, con base en estándares preestablecidos. Avisar a las empresas, genera certezas”, insiste el costarricense, recalcando en que no es común hacer fiscalizaciones a las mismas empresas todos los años.

“Hay un principio internacional: no hacer fishing expeditions [expediciones de pesca]. No se vale llegar por sorpresa a una empresa, para ver qué saco. Son reglas que hay que respetar, y evitar simplemente salir a buscar de dónde sacar plata”, sentenció Rodríguez.