18 de febrero 2022
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está considerando la posibilidad de aplicar el mandato que le dio la Ley Renacer, para sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés, vigente desde 2006) o, en su defecto, suspender la cuota azucarera, y asignarla a otro país.
En agosto de 2021, el Senado estadounidense aprobó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), con el apoyo de ambos partidos. Luego, el 3 de noviembre, el Congreso aprobó la Ley, que fue firmada por el presidente Biden una semana después.
En un comunicado emitido en ese momento por la Casa Blanca, se detalló que la Ley Renacer “impone sanciones al Gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega” y servirá “para restringir los préstamos bancarios multilaterales y atacar la corrupción del régimen”.
Hasta ahora, los expertos consultados por CONFIDENCIAL han destacado lo difícil que es expulsar del Cafta a Nicaragua -o a cualquier otro país- porque se trata de un acuerdo multilateral, por lo que se requiere que las partes estén de acuerdo,
Del mismo modo, se considera que no es posible restringir la cuota azucarera asignada a Nicaragua (22 000 toneladas en 2006, que se incrementaron de forma automática en 440 toneladas por los siguientes 15 años, hasta llegar a 28 160 toneladas en 2020), porque el acuerdo se trata de “todo o nada”, explicaron.
“En primer lugar, no creo que se dé la eliminación de la cuota; eso tomaría varios años”, dijo un ejecutivo de la industria azucarera nicaragüense, que accedió a compartir su conocimiento del sector, con la condición de mantenerse en el anonimato.
Nicaragua exportó casi 300 millones de dólares en azúcar entre 2020 y 2021, cifra que podría aumentar levemente, si se cumplen las previsiones del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), que prevén en 2022, un aumento de dos centavos de dólar por kilo exportado.
Un economista experto en el funcionamiento de este tipo de tratados multilaterales, explicó que no cree que Estados Unidos dé el paso para expulsar a Nicaragua de ese acuerdo, o que limite o reasigne la cuota azucarera. “Tiendo a dudarlo, pero todo es posible”, concedió.
Basado en las leyes vigentes, y sabiendo cómo opera la clase política estadounidense, esta fuente admite que el presidente Biden “puede hacer lo que quiera, bajo el manto de la seguridad nacional de su país”, recordando que “el Congreso ha facultado al presidente para actuar con flexibilidad bajo razones de seguridad nacional”.
Empresarios deben actuar
Dado que leyes como la Renacer (y antes, la Magnitsky y la NICA Act), están diseñadas para sancionar a personas a título individual, o en todo caso, causar el menor daño posible a la ciudadanía nicaragüense, los expertos consultados por CONFIDENCIAL consideran que el mensaje es, en primer lugar, para la clase política y los empresarios nicaragüenses.
El analista político Eliseo Núñez, opina que “el mensaje es, básicamente, que Estados Unidos irá cerrando toda negociación con Nicaragua, y que no habrá ninguna salvaguarda, ni algo que pueda amparar la relación comercial bilateral, que solamente se irá deteriorando”.
“El sector empresarial tiene que entender que cada vez tendrá más costo hacer negocios dentro de Nicaragua, así que las decisiones van a estar signadas por esto. Es muy probable que esa decisión no venga sola, sino con varias otras decisiones que se van a ir aplicando paulatinamente”, complementó.
Una fuente empresarial expresó que “las afectaciones no son solo para Carlos Pellas. Los ingenios son propiedad de accionistas diversos: San Antonio tiene más de 1000 accionistas, Monte Rosa es del Grupo Pantaleón de Guatemala, Casur es del Grupo Mayagüez de Colombia, Montelimar es propiedad de Ernesto Fernández Holmann y René Morales Carazo entre otros”, detalló.
Datos de la industria indican que la actividad azucarera genera 35 000 empleos directos, y representa el 4% del PIB. Los ingenios compran el 40% de la caña que procesan, a más de 800 productores privados. Además, si se afecta a todo el gremio, también se limita la producción de electricidad que se genera con biomasa, o sea, con el bagazo de la caña.
El economista citado antes, dijo que “entiendo que el consenso era que las sanciones fueran más bien selectivas y no generales. De hecho, los sectores de inversiones claves como telecomunicaciones, minas y energía, ya están sancionados, además de enviar mensajes al Ejército y su fondo de retiro”.
Si esto es un mensaje para la dictadura, Núñez asegura que, “en la medida en que pasa el tiempo, Ortega sigue creyendo que podrá adaptarse, pero va a llegar un momento en que habrá un punto de quiebre, donde perderá esa capacidad. Llegado a ese punto, la economía comenzará a languidecer y quienes primero van a sufrir serán los más pobres, y hasta después, la dictadura”.
