9 de junio 2023
Uno de los logros más enaltecidos por la propaganda orteguista es que Nicaragua ha logrado, en los últimos años, una “independencia energética”. Sin embargo, cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) indican que, entre 2018 y marzo de 2023, el país ha gastado 328.9 millones de dólares en compras de energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER) centroamericano, lo que revela un ineficiente esquema de generación eléctrica.
Esta ineficiencia se suma a la inestabilidad de la red regional centroamericana, que regularmente enfrenta incidentes como el apagón ocurrido este jueves 8 de junio de 2023, que dejó al 60% del territorio nicaragüense sin fluido eléctrico por varias horas, debido a fallas en unas plantas generadoras en Costa Rica.
“Ellos (los costarricenses) tuvieron algunos problemas en las plantas de generación y al estar interconectados con el resto de países (de la región), y Nicaragua siendo el país más cercano, lógicamente aporta a ese déficit de energía en ese momento en forma instantánea al sistema de Costa Rica”, explicó Salvador Mansell, presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) a medios de propaganda de la dictadura.
Las compras de energía de Nicaragua en el MER, principalmente al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y en menor grado a Guatemala, aumentaron 511.9% desde 2018 hasta 2023, según los informes del BCN. Pero, la propaganda de la dictadura exalta como uno de sus principales logros que la capacidad de generación instalada en Nicaragua se incrementó 115.3% entre 2007 y 2022.
“De 1995 a 2007 había una capacidad instalada de generación de 750 megavatios. Desde 2007, el Gobierno sandinista ha instalado más de 800 megavatios, la mitad térmica y la otra mitad renovable”, dijo Mansell en una entrevista para un medio de propaganda de la dictadura, en noviembre de 2022.
Los datos del Ministerio de Energía y Minas (EM) establecen que la capacidad instalada de Nicaragua es de 1615.44 megavatios. La demanda máxima de electricidad alcanzada por el país en 2022 fue de 727.37 megavatios, apenas un 45% de la capacidad instalada, de acuerdo a los informes del MEM.
El golpe a la tarifa eléctrica
El impacto negativo a la tarifa eléctrica que pagan los consumidores nicaragüenses por este escenario se da por dos vías: Las compras en el MER suplen el déficit provocado por la costosa operación de las plantas térmicas (que operan con base a hidrocarburos), principalmente las agrupadas en Alba Generación, a la cuales se les tiene que pagar un cargo fijo de potencia instalada. Estos costos son trasladados a la factura energética final.
Adicionalmente, las compras en el MER regularmente son a un precio más bajo que los establecidos en los contratos con las generadoras térmicas en Nicaragua.
Sin embargo, el régimen simplemente no traslada este alivio a la factura eléctrica de los consumidores. Estos factores llevan a que Nicaragua, el país más pobre de la región, tenga la tarifa eléctrica más cara en Centroamérica.
En vez de buscar un alivio a la tarifa eléctrica por medio de las compras en el MER, el régimen aplicó en 2019 un aumento del 20% en la tarifa de energía eléctrica en todos los sectores —comercial, industrial, domiciliar— y adicionalmente en 2020, a este último le redujo la cobertura del subsidio por el consumo de entre 100 a 150 kilovatios hora, al pasar de 40% y 30%, respectivamente; a 35% y 25%.
La explicación técnica para justificar la importación de energía en el mercado centroamericano, es porque la capacidad instalada no siempre está disponible para suplir algún déficit eléctrico.
“La capacidad instalada no está disponible las 8760 horas del año. Solo durante una fracción del tiempo, dependiendo de la tecnología (hidroeléctrica, eólica, térmica, bagazo o biomasa, solar), por lo que para satisfacer la demanda máxima, muchas veces la capacidad teórica instalada no está disponible”, explicó Rubén Zamora, asesor legal de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica.
“Por ejemplo, pueden tener 200 megavatios hora de potencia eólica de capacidad instalada, pero si no hay vientos, tienen cero megavatios hora disponibles para atender la demanda. Las tarifas que se cobran dependen del momento del año”, añadió.
Compras de energía en el MER sostienen a Alba Generación
En el caso de Nicaragua, las compras de energía en el MER son parte de un esquema corrupto para sostener las operaciones de las ineficientes plantas agrupadas en el consorcio de Alba Generación, el grupo de generadoras de energía conformado a raíz del acuerdo petrolero con Venezuela.
Alba Generación es operada directamente por personeros de la familia Ortega Murillo, principalmente Francisco “Chico”, López, quien ha fungido como el tesorero de los principales negocios de la dictadura.
Las plantas de Alba Generación (a excepción de una generadora llamada Alba Vientos) operan con energía térmica en base a búnker fueloil, la más cara de los tipos de generación existente.
Aunque no estén activadas debido a lo costoso de su tipo de generación, a estas generadoras se les está pagando un cobro fijo por mantener sus operaciones al mínimo, que se denomina como potencia instalada.
Actualmente la potencia instalada en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) es de 809.7 megavatios hora. De estos, 632 megavatios son pagados a las plantas agrupadas en Alba Generación, costos que posteriormente son trasladados a la factura final que asumen todos los consumidores.
Las plantas generadoras se clasifican entre aquellas que suministran energía y potencia, y las que sólo suministran energía. Se necesita de ambas para garantizar la generación energética en todo el SIN.
Las mejores para dar energía y potencia son las generadoras a base de búnker, geotérmicas, biomasa e hidroeléctricas de embalse; mientras las hidroeléctricas a filo de agua, eólicas y solares solo dan energía, pero no potencia firme.
En Nicaragua, se les paga potencia fija a todas las plantas térmicas, que incluyen a las de Alba Generación, y las hidroeléctricas de embalse, que son: Larreynaga, Hidropantasma, la Centroamérica y Carlos Fonseca.
De todas las plantas, las mejores pagadas son las térmicas de Alba Generación, que reciben un monto mensual superior a los 14 dólares por kilovatio hora, equivalentes a unos 14 000 dólares por megavatios. El pago de la potencia a cada planta es independiente de su generación final, de manera que este gasto es un pago fijo que asumen los consumidores nicaragüenses.
Estos costos, de acuerdo con los expertos, sumado al incremento en las compras de energía en el mercado centroamericano, empujan a que el consumo eléctrico sea uno de los rubros más costosos en Nicaragua, no solo para el sector residencial, sino también para el comercial y el industrial.
Enrique Sáenz: “Es una artimaña mafiosa”
El economista y exdiputado Enrique Sáenz mantiene una campaña de denuncia por medio de su blog sobre este esquema que aprieta los bolsillos de los nicaragüenses y que califica como “comportamientos mafiosos”.
“La magnitud de esta estafa es por la vía de estas otras artimañas mafiosas, como es importar energía barata de los otros países centroamericanos para venderla cara (a lo interno de Nicaragua), mientras están recibiendo un subsidio porque se les paga por tener las plantas paradas”, explicó Sáenz, entrevistado en el programa Esta Noche —que se transmite por Facebook y YouTube— debido a la censura del régimen.
“La empresa con mayor capacidad de generación instalada pertenece a Ortega, que es Alba Generación, y gana por la energía que produce y por la que no produce. Realmente solo una mafia puede realizar esto; corrupción sería una palabra suave para calificar lo que ocurre con el combustible y la energía eléctrica, simplemente son comportamientos mafiosos”, agregó el economista.
Insistió en que este esquema de operación ha generado un impacto hacia el alza en las tarifas de electricidad en Nicaragua, en contraste con el resto de países de la región centroamericana, que han aplicado políticas de reducción.
“Lo más asqueroso es que, a pesar de estas inversiones, están importando —desde 2018— cada vez más energía barata de los otros países centroamericanos. En 2022, esas importaciones superaron los 100 millones de dólares. Entonces compran energía en otros países centroamericanos, pero le aumentan la tarifa a los consumidores nicaragüenses” afirmó Sáenz durante su comparecencia.
Esquema similar al aplicado en los combustibles
El esquema de importación de energía a precios baratos y venderla en Nicaragua a un precio más caro ejecutado por el régimen, es similar al utilizado en el rubro de los combustibles.
Los reportes del Banco Central de Nicaragua señalan que en enero de 2023, el país compró el barril de petróleo a un promedio de 145.8 dólares. Pero, en el mercado internacional el barril de crudo promedió 78.5 dólares, menos de la mitad de lo que asegura el Gobierno de Nicaragua haber pagado por este producto. Según registros internacionales, el máximo observado a nivel internacional en enero de 2023 fue de 81.6 dólares y el mínimo de 73.1 dólares.
Esta operación disfraza el supuesto beneficio del congelamiento de los precios de los combustibles que la dictadura inició el 2 de abril de 2022, el cual ha generado un “sobreprecio”, que según cálculos de Sáenz ha significado más de 100 millones de dólares que se ha “embolsado” el régimen orteguista, en contubernio con las empresas petroleras que operan en Nicaragua.
Además, la política de congelamiento de los combustibles —promovida por la dictadura como un alivio para los consumidores— se ha traducido en que Nicaragua sea el país con los precios más altos para la compra de hidrocarburos en Centroamérica, sin incluir los impuestos en la estructura de costos. Con los impuestos incluidos, los combustibles en Nicaragua son los segundos más caros de la región, solamente superados por Costa Rica.
El fiasco de la Planta Managua de Alba Generación
Un reporte especial publicado por CONFIDENCIAL en noviembre de 2019 ejemplifica este esquema de ineficiencia y corrupción con el caso concreto de la planta Managua de Alba Generación ubicada en Los Brasiles, como muestra de los errores de la planificación del régimen de Ortega y Murillo en materia energética.
Bajo el argumento de darle “estabilidad al sistema eléctrico nacional”, la dictadura autorizó esta nueva planta de Alba Generación y le otorgó una licencia por 30 años, con un contrato que, solo por el pago de potencia instalada, supera los 25.1 millones de dólares al año, a pesar de que en términos reales no puede generar más de la mitad de esa potencia.
La dictadura obvió que Nicaragua ya presentaba un exceso de capacidad instalada y que podría recurrir a la compra de energía más barata en el mercado regional. “Para estabilizar el sistema se podía comprar en el mercado regional. No había necesidad de más generación”, explicó una fuente consultada en este reporte.
Sin embargo, el objetivo real que buscó el régimen con la instalación de esta generadora, era dar un descanso a las plantas Hugo Chávez y Che Guevara —también agrupadas en Alba Generación— que igual mantienen sus cobros fijos por la potencia instalada.
Un plan que ha resultado beneficioso económicamente, más aún ahora que las operaciones de Alba Generación enfrentan trabas por las sanciones de Estados Unidos impuestas contra la corrupción y la violación de los derechos humanos de la dictadura orteguista.
Nuevas inversiones temen el impacto de sanciones
El régimen ha frenado la apertura de plantas de Alba Generación y están apostando a captar inversores dispuestos a colocar su dinero en generadoras que utilicen energías limpias y supuestamente más baratas, como la geotermia y solar.
Sin embargo, la sombra amenazante de las sanciones pende sobre estos nuevos proyectos que busca desarrollar la dictadura, que enfrenta actualmente una dura etapa de aislamiento internacional.
El principal proyecto de estas nuevas inversiones es la planta de gas de la empresa estadounidense New Fortress Energy (NFE) en Puerto Sandino, que tiene un año de retraso en sus operaciones, y cuya última información es que comenzaría a operar a mediados de 2023.
Esta planta está proyectada a inyectar hasta 300 megavatios de energía al Sistema de Interconectado Nacional (SIN) generados a base de gas natural. Sin embargo, la inestabilidad económica y principalmente el riesgo político en Nicaragua por las sanciones de Estados Unidos, han frenado la puesta en marcha de esta inversión.
La misma empresa en su informe del 31 de marzo de 2022, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), admite que “es posible que podamos invertir tiempo y capital en un proyecto que involucre a una contraparte que pueda ser objeto de sanciones”.
El 24 de enero de 2023, el Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa Newton Energy una licencia provisional de dos años para desarrollar un parque de generación de energía solar con capacidad de 100 megavatios, también ubicado en Puerto Sandino, en el occidente de Nicaragua.
Este parque solar está previsto a ser el de mayor capacidad de generación por medio de energía solar desarrollado en el país. Estará ubicado en la Finca La Virgen, dos kilómetros al oeste de Puerto Sandino, en Nagarote, León.