2 de febrero 2024
AA
Share
La deuda pública total de Nicaragua superó en el tercer trimestre de 2023 la barrera de los diez mil millones de dólares, luego de crecer 5.7% (USD 540.8 millones), con respecto al cierre de 2022, según el Informe de Deuda Pública del Tercer Trimestre de 2023, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
Ese nivel de deuda requirió pagos por más de C$ 24 078 millones (unos 658 millones de dólares), según el Presupuesto General de la República para 2023, en pago de comisiones, intereses y principal, solo para mantenerse al día. Si se le suman los C$ 24 855 millones abonados en 2022 según el Informe de Ejecución Presupuestaria de ese año, preparado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el servicio de deuda pública en ese período se acerca a los C$ 49 000 millones.
La deuda pública total ha crecido en 39.9% (más de USD 2857 millones) en el quinquenio que comenzó en 2019, y acabará (estadísticamente hablando) en diciembre de 2023, cuando se le añadan los datos del cuarto trimestre del año pasado. Si la deuda pública era de USD 7164 millones al cerrar 2019, a septiembre de 2023 sumaba USD 10 021 millones, según Hacienda.
“Mi principal preocupación es en qué se está utilizando el dinero”, confiesa el economista independiente Marco Aurelio Peña, detallando las limitaciones que tiene el país en materia de transparencia y rendición de cuentas, en el que predomina “una institucionalidad y un Estado de derecho resquebrajado, y donde no se aplican normas anticorrupción”.
Según el Banco Central, una buena parte de este dinero se usa para financiar el Programa de Inversión Pública.
Un empresario que ofreció declaraciones a CONFIDENCIAL bajo promesa de mantener su nombre en el anonimato, destacó el alto costo de ese endeudamiento con el que “el Estado impulsa un programa de inversión pública en carreteras, hospitales, centros técnicos, estadios, pero con plata cara”.
“El financiamiento a tasas del 2% con cinco años de gracia y 30 o 40 años de plazo, ya no está disponible para nosotros. ¿Con qué fuentes se financia la inversión pública? Con créditos BCIE, al 6.5% de interés, tres años de gracia, 20 de plazo. Eso se traduce en un servicio de deuda mucho más costoso que cuando teníamos financiamiento blando del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o del Banco Mundial”, detalló.
El presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, Félix Maradiaga, destacó que “si bien no se ven riesgos de incumplimiento de deuda en el corto plazo, es casi seguro que las tasas de interés serán más altas para futuras emisiones de deuda, lo que empeorará aún más la situación”. Maradiaga duda que se materialicen las expectativas del régimen en su nueva asociación económica con la República Popular de China, y que de ser así, “sería con tasas de interés muy altas, como suele ser la deuda china”.
Si bien el saldo de la deuda pública total representó el 58.1% del producto interno bruto (PIB), Peña explica que ese porcentaje está dentro de los parámetros regionales, toda vez que entre 2012 y 2021, se duplicó la deuda pública de muchos países de América Latina, con casos extremos como los de República Dominicana o Costa Rica, que alcanzaron picos de hasta el 100% de su PIB.
Aunque Nicaragua ha seguido esa misma tendencia, el porcentaje a septiembre de 2023 se encontraba en 58.1% del PIB, porque cuando arrancó la carrera alcista en 2012, era de 27.9% del PIB, y para 2021 estaba acercándose al 50%, así que el país no aparece entre los países con mayor deuda pública a nivel regional, pero sí que llegó a más que duplicarse, alcanzando el 60.5% del PIB al cierre de 2022, antes de decrecer en 2023.
Casi USD 8400 millones en deuda externa
Al centrarse en la deuda externa pública, este informe del Banco Central de Nicaragua (BCN), muestra que esta creció 40.9% (más de USD 2430 millones) entre 2019 y septiembre de 2023, al pasar de USD 5949.6 millones, a USD 8381.3 millones.
Desde la llegada de Daniel Ortega a la presidencia en enero de 2007, la deuda externa pública no ha hecho más que crecer, revirtiendo la tendencia observada durante los tres Gobiernos previos: si la presidenta Violeta Barrios de Chamorro la dejó en USD 6094.3 millones; Arnoldo Alemán lo elevó hasta los USD 6374.5 millones, Enrique Bolaños lo disminuyó en 28.5% para entregarlo en USD 4556.0 millones.
Solo el primer año de Gobierno de la era Ortega (que ya dura más de 17 años), vio una disminución de la deuda externa pública, al cerrar 2007 en USD 3415.3 millones, pero desde entonces no ha hecho más que subir año con año, cerrando su primer período constitucional de Gobierno en USD 4263.2 millones.
El segundo quinquenio cerró en USD 5042.1 millones, pero el tercero, concluido en 2021, creció 41.7% para sumar USD 7142.9 millones, acelerando su inflación entre 2022 y los primeros tres trimestre de 2023, concluyendo septiembre del año pasado en USD 8381.3 millones.
En ese esquema de financiamiento destacan los desembolsos entregados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se convirtió en el financista principal de la dictadura. A modo de ejemplo, en todo 2022, el BCIE aportó el 69.3% (USD 457.4 millones de los USD 660.2 millones), ingresados ese año.
Ese porcentaje fue mucho mayor en el tercer trimestre de 2023, cuando el país recibió desembolsos de recursos externos por USD 179.0 millones, de los cuales USD 151.7 millones (84.7%) fueron otorgados por el BCIE.
El empresario citado antes dijo que “aquí se le está dando la espaldas a la cooperación de Estados Unidos y de Europa Occidental, que no ha sido sustituida por Cuba. Ni siquiera han podido sustituir la cooperación taiwanesa, mientras que lo que dan China y Rusia son préstamos. Los chinos no te regalan nada”, sentenció.
Para Maradiaga, al ser tan alto el riesgo político, “los inversionistas serios y de mayor peso en el país son extremadamente cautelosos al invertir en Nicaragua”. Hablando de corrupción, hizo notar que “los niveles de gastos corrientes siguen siendo inusualmente altos, lo que indica que gran parte de esa deuda sigue yendo a los bolsillos del aparato de un Estado-partido; a los privilegios de la nueva oligarquía del Frente Sandinista, y para premiar a una pequeña cúpula de empleados públicos privilegiados por su lealtad a la familia dictatorial Ortega-Murillo”.
