13 de agosto 2017
AA
Share
Entre 2006 y 2016 la actividad minera metálica– y la extracción de oro en particular– se consolidó como el tercer rubro de exportación del país, alcanzando 317 millones de dólares el año pasado y un máximo histórico de 432 millones de dólares en 2013.
La industria extractiva se concentra en torno a dos empresas: el grupo colombiano Mineros, que opera la empresa Hemco en Bonanza, y el grupo canadiense B2Gold que dirige las empresas Desminic, en La Libertad, (Chontales), y Triton en mina El Limón, en León. Pero al menos una decena de empresas extranjeras realiza actualmente estudios de exploración.
Un estudio realizado para la Cámara Minera de Nicaragua, por el economista Néstor Avendaño, director de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (Copades), asegura que de cada dólar generado por esta actividad, por lo menos 66 centavos quedan en el país a través de compras de bienes y servicios, remuneraciones y pago de impuestos. La minería genera casi 5,000 empleos directos, con una remuneración promedio superior a los 20,000 córdobas mensuales.
“En 2016 el salario nacional promedio mensual de los asegurados activos en la actividad de mina y cantera, fue de 20,379 córdobas equivalentes a 712.09 dólares”, afirmó el presidente de Copades.
Avendaño afirmó en el programa televisivo Esta Semana que se transmite este domingo que el estudio permite desmitificar la idea de que la minería es una ‘actividad isla’, pues cuando se analiza el insumo total, las compras intermedias, las materias primas y el valor agregado de las dos empresas mineras metálicas (Hemco y B2Gold), se evidencia que el 66% del valor bruto de producción se queda en el país, es decir, solo el 34% se va al exterior.
La segunda contribución de la actividad minera en Nicaragua, según el estudio, tiene que ver con las compras de insumos nacionales que realizan las mineras para operar, entre los que destacan la energía eléctrica; servicios financieros, contables y de auditoría.
Otro componente es la contribución al mercado por la vía tributaria. De acuerdo al estudio de Copades, entre 2012 y 2016, las empresas mineras metálicas aportaron al gobierno central la suma aproximada de 56 millones de dólares en concepto de impuestos, de los cuales casi 20 millones de dólares fueron transferidos a las alcaldías ubicadas en la zona de explotación minera.
Sin embargo, otro estudio realizado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y el Centro Humboldt, destaca que la minería está cobijada por un régimen tributario especial, que le otorga incentivos y exoneraciones, disminuyendo la base imponible del Impuesto sobre la Renta. El subdirector del Centro Humboldt, Víctor Campos, señaló en Esta Semana, que hay secretismo de parte del Ministerio de Hacienda, y no es posible conocer en detalle la contribución fiscal de la industria. Avendaño coincidió en que la información sobre el pago del IR no está disponible.
En el caso de la minería no metálica (producción de arena, piedra cantera, hormigón, cemento y agregados para la construcción), 80 centavos ingresan a la economía nacional. Este resultado determina que la explotación de minas y canteras se considera una actividad motor o impulsora del crecimiento económico, particularmente el oro y los materiales utilizados en la construcción, debido a su fuerte encadenamiento.
Centro Humboldt: “vigilar estudios de impacto ambiental”
Los estudios de Copades e IEEPP-Humboldt coinciden en la importancia de la contribución económica que la minería metálica realiza en los distritos mineros, pero discrepan en relación al impacto ambiental y las concesiones que se otorgan en cobertura del territorio nacional y exploración.
El estudio de Copades registra que el área concesionada para la explotación de minería metálica de oro y plata equivalen a 7.9% del espacio terrestre nacional, pero la superficie solicitada para explotación es de 1,660 kilómetros, o sea del 1.4% del territorio del país, del cual se usa un poco más de 300 kilómetros cuadrados.
Sin embargo, en el debate televisivo en Esta Semana este domingo, el subdirector del Centro Humboldt, Víctor Campos, afirmó que existen algunas diferencias que deben explicarse como la suma del área concesionada más el área solicitada, que es la que se toma sobre la superficie total, y que da como resultado una discrepancia en los datos.
“A nosotros nos da un 10.7% del territorio nacional, que está entregado para exploración y explotación, porque ahora son una sola. Antes se debía pedir por separado, pero con la ley del 2001, es una sola la que se hace”, explica Campos, quien agrega que en teoría las empresas mineras deben realizar un estudio de impacto ambiental para cada concesión de exploración y explotación.
El área útil que oficialmente el Gobierno declaró para la minería es un total de 58,949 hectáreas, que se traducen en un 38% de la superficie disponible del país, que está siendo concesionada en la actualidad. El estudio de Humboldt destaca que esta es un área considerable desde la perspectiva de superficie otorgada.
El director del Centro Humboldt manifestó que la creación por ley de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), a la que se le entrega más de 10,000 hectáreas para ponerlas en concesión a los inversionistas que mejor les parezca, podría agudizar la situación pues esta superficie no contempla el 38.8% que el Gobierno oficialmente declaró.
Con Eniminas se está duplicando el área concesionada del país, y lo más preocupante es que el 25% de esta, se encuentra en áreas protegidas o subzonas de amortiguamiento, las cuales no están preparadas para una presión como la que ejerce la industria minera en Nicaragua.
“Hay que hacer la relación beneficio-costo porque es muy fácil hacer la fracción económica de la actividad minera, pero esta se desarrolla en un territorio concreto y tiene impactos concretos”, manifestó Campos.
Los ciudadanos promueven procesos de resistencia porque saben que en otros lugares donde ha habido minas, existe destrucción medioambiental. Según Campos, la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, es una de las leyes más laxas que existen en América Latina porque se sigue promoviendo la inversión extranjera y no la regulación.
A pesar de que es palpable la inversión extranjera, las instituciones del Gobierno se han debilitado en su acción y regulación. Estas y otras actividades están bajo la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y el Marena y ambas deben dividir obligaciones.
“Si el MEM entrega concesiones, el Marena debería vigilar que se hagan estudios de impacto ambiental y un plan de gestión ambiental al que se le debe dar seguimiento. Debemos encontrar soluciones en conjunto, pues estos son retos que el país tiene en proceso de apertura”, finalizó Campos.
Caminic llama al diálogo en mina La India
Desde hace varias semanas los habitantes de la mina La India, ubicada en el municipio de Santa Rosa del Peñón, 78 kilómetros al noreste de León, mantienen protestas en contra de la empresa minera Cóndor, y se oponen a una concesión otorgada a esta compañía.
Un grupo de pobladores apoya a la compañía, pero otra parte de la comunidad está en desacuerdo porque consideran que al avanzar el proyecto podrían ser desalojados de sus casas.
El secretario de Caminic Sergio Murillo aseguró que la clave para que el conflicto se solucione es la tolerancia. Argumentó que hasta que las partes afectadas y la empresa se sienten a discutir los temas, podrá existir un acuerdo que beneficie a todos.
“Esta es una empresa que está desarrollando un negocio lícito. Vino, aplicó, cumplió con los permisos y revisamos sus trabajos de exploración. El conflicto existe porque unos no quieren, otros sí, y otra parte desea que se proteja la minería artesanal. Yo te aseguro que sentándonos con esa gente y la empresa y la Cámara, vamos a llegar a un acuerdo”, afirmó Murillo.
El compromiso de la industria
Mientras en la minería industrial los niveles de seguridad son altos y se ha logrado reducir drásticamente la accidentalidad, en la minería artesanal los riesgos siempre son mayores.
Caminic impulsa, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y el Ministerio del Trabajo, acciones para desarrollar la minería artesanal de forma ordenada, trasladando las buenas prácticas del sector industrial para reducir el riesgo y la accidentalidad.
“Lo que se está haciendo en Bonanza con los planteles de minería artesanal y lo que se está haciendo en La Libertad con el plantel Los Ángeles, definitivamente nos marcan un buen camino, es decir, formalizar y desarrollar esas culturas de buenas prácticas, y este definitivamente es el camino”, aseguró Murillo, secretario de Caminic.
