26 de enero 2021
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La oferta de recursos externos para financiar la reconstrucción después de los huracanes Eta y Iota, así como para apuntalar las reservas internacionales de Nicaragua, despierta la ilusión entre el gremio de la construcción, que espera ver la llegada del tiempo de vacas, sino gordas, al menos no tan flacas.
En 2016, el desempeño de la actividad constructiva le permitió a ese sector, aportar el equivalente al 5.6% del producto interno bruto. Desde entonces, y a pesar del desplome del PIB nicaragüense, el aporte de la actividad se redujo aún más, hasta 3.8% en 2019, y 3.6% en 2020, lo que ayuda a graficar el ritmo y la intensidad de la caída.
“Eso muestra que nuestra contribución al PIB, ha retrocedido al nivel que tenía hace nueve años, como puede verse comparando los datos del Banco Central de Nicaragua (BCN)”, afirma Leslie Martínez, presidenta de la Cámara de la Construcción de Nicaragua.
Los datos de afiliación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que se usan para medir el empleo formal en el país, también están en línea con ese descenso: es verdad que el sector empleaba a unas 20 000 en septiembre de 2019, y que subió a unas 20 800, en septiembre de 2020, pero ambos números palidecen contra los 40 000 que había en septiembre de 2017.
Martínez detalla cómo “el área efectivamente construida en el sector privado, decreció en -13.1% entre septiembre de 2019 a septiembre de 2020”, al reportarse diversos grados de caída en la edificación de estructuras destinadas al comercio, los servicios, y la industria.
La que sí tuvo un desempeño positivo (cerró el año creciendo 4.5%) fue el área residencial, excluyendo la vivienda de interés social. Esta última, (que representa el 38.8% de la construcción a nivel nacional, y el 51.7% del área residencial total), tuvo un crecimiento de 13.3% en el año que recién concluyó.
¡Gracias, multilaterales!
Partiendo de esa base es que los empresarios dedicados a esa actividad tienen la esperanza que la promesa de recursos extranjeros (algunos ya están en el país), permitirá dinamizar la actividad, de una forma que antes de los dos huracanes de noviembre 2020, ya no creían posible.
Hasta antes de eso, el panorama era muy negativo, porque los proyectos disponibles eran los que dependían de convenios ya aprobados, cuya vigencia concluía en 2020 o 2021.
A finales de noviembre, se confirmó que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la entrega de 185.3 millones de dólares, de los que el 50% fueron comprometidos para financiar el déficit presupuestario, lo que alivió la presión sobre las finanzas del régimen, que así pudo resolver sus urgencias más apremiantes con respecto al déficit del INSS, y el pago de la planilla estatal.
“Los fondos provenientes del resto de multilaterales, irán entrando conforme a los tiempos en que funcionan las burocracias de esas entidades, que están enfocadas en la región, (Centroamérica o América Latina), no solo en Nicaragua, pidiendo que haya mayores niveles de integración”, explicó Martínez.
Los empresarios de la construcción tienen otra petición: que sea más justa la competencia con sus colegas extranjeros habilitados para trabajar en Nicaragua.
“Hasta ahora, las empresas grandes han podido participar [en las licitaciones públicas], aunque vemos que hay grandes empresas extranjeras a las que se les permite introducir equipos (maquinaria) de manera temporal, lo que les da una ventaja sobre nosotros, que tenemos que pagar los impuestos completos”, mientras que los extranjeros pagan solo una fracción, explicó.
De forma adicional, recordó que “las utilidades de la empresa extranjera se van al extranjero. Las que generamos nosotros, se reinvierten en el país”.
“No estamos pidiendo favoritismo, sino reglas limpias, transparentes, justas, que favorezcan a la industria y al patrimonio de la industria de la construcción, cuyo colapso afectaría al empresario privado, generaría desempleo, y afectaría a todas las actividades conexas”, tales, indicó, como venta de materiales de construcción, transporte, alimentación, etc.
Cadur también hace planes
Otro gremio constructor —la Cámara de Urbanizadores— está a la expectativa de que el 2021 sea un buen año, gracias a la disponibilidad de fondos externos para el sector, y a la decisión de la banca privada nacional, de volver a ofrecer créditos hipotecarios.
Ello les podría permitir la construcción de unas 3000 casas en 2021, lo que triplica el desempeño de 2020, pero palidece ante las aproximadamente 6000 colocadas en 2017, citó de memoria una fuente del sector, que prefirió mantenerse en el anonimato.
Lo que más emociona a los urbanizadores son los 171 millones de dólares que ofreció el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que estarán disponibles a mediados de año.
Ese monto se suma a uno previo por 50 millones, de los que 30 millones eran pagaderos a largo plazo, y estaban en un fideicomiso en Banpro, mientras los 20 millones restantes eran para subsidiar la prima, lo que “vino a suplir la demanda en 2018, cuando nadie daba préstamos, y fue la única fuente de financiamiento que tuvimos por un par de años”, recordó la fuente.
El otro elemento que inspira confianza para el presente año, es la apertura del crédito para viviendas por parte de la banca comercial, con lo que “esperamos superar por mucho los números del año pasado, porque puede mejorar la perspectiva de la demanda, al ver que se abre el crédito”, dijo la fuente.
