3 de julio 2019
AA
Share
“Lo más difícil es la incertidumbre para cualquier inversionista. Toda inversión requiere de un plazo para generar riqueza. Sin inversión privada —y estatal— no hay progreso”, señala Alfredo Lacayo, director ejecutivo de Lácteos Centroamericanos S.A., (Centrolac), que fue el único empresario que aceptó ser citado por su nombre para la elaboración de este reportaje.
Todos los demás —desde consultores en materias afines a la administración de empresas, hasta gerentes y directores de cámaras— pidieron mantenerse en el anonimato, por temor a ser objeto de represalias gubernamentales que ahonden más sus dificultades.
El sexto reporte de Monitoreo de las Actividades Económicas de Nicaragua (MAEN), elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en colaboración con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), detalla los estragos causados por la reforma fiscal, y su hermana, la reforma a la Seguridad Social. Las empresas que respondieron al cuestionario indicaron que “las principales estrategias y medidas a tomar incluyen la búsqueda de reducción de costos y en general de la estructura productiva; despidos adicionales, traslado parcial de costos a precios, compra de materias primas a precios más bajos y cambios en el modelo de negocios”.
Menos y menos leche
Lacayo, de Centrolac, confiesa que está haciendo todo lo posible para que sus números estén ‘en negro’, pero “el último año ha sido duro”, al punto que el consumo de sus productos se redujo en 12%.
En el otro extremo de la hoja de cálculo, advierte un incremento acelerado de los costos, “por el efecto cascada” de la reforma, que viene “en varias olas”, identifica. “Cuando te suben los impuestos, haces los cálculos de costos basado en las afectaciones directas, pero luego, la materia prima llega más cara —porque las reformas también afectan a los suplidores— y después se caen los volúmenes de venta, porque aumenta el desempleo”, especifica.
Al ser una empresa grande, que además exporta, la opción de irse a la informalidad está descartada, pero no para muchos de los pequeños proveedores con los que trabaja, que le piden “operar fuera del sistema para no pagar impuestos. Quieren vendernos ‘por fuera’ y como no lo aceptamos, hemos perdido proveedores que prefieren trabajar de manera informal”, reveló.
El resultado es que están comprando menos leche cruda; así que fabrican menos leche, pero sí más mezcla láctea, lo que de todos modos está en línea con los cambios que ha sufrido la demanda, en la que la gente compra más mezcla láctea y menos leche, además que prefieren los envases de medio litro, porque tienen menos dinero para comprar de todo, incluso alimentos.
La estrategia comercial también apunta a olvidarse de seguir elaborando los productos nuevos que acababan de sacar al mercado. “Esos los estamos descontinuando para concentrarnos en los de mayor demanda”, con lo que además se ahorran costos de bodegaje, explicó.
Otras líneas que también salieron de la jugada son aquellas cuya carga impositiva es “poco clara, como el jugo de naranja, cuyos impuestos crecieron como en 500%”, de donde podría resultar que llegue a haber más producto importado, que producto elaborado localmente.
Las plantas de producción también han sufrido cambios. El más notorio de ellos es que ahora hay menos personal (la planilla se ‘aligeró’ en 45%); por menos tiempo (han reducido horarios de trabajo); que descansan más (no se están pagando vacaciones); y producen menos (antes laboraban seis días a la semana; ahora solo cuatro), en donde nadie hace ni cobra horas extras.
Si bien la entrada en servicio del proyecto de energía solar iniciado hace bastante tiempo les permite ahorros del 50% en la factura de electricidad, la empresa también se ha dispuesto a consumir menos energía, disminuyendo el uso del aire acondicionado, y siendo más eficientes en el uso de las máquinas.
De paso, han incrementado la tercerización de algunos servicios, como el transporte a determinadas zonas del país, donde la cantidad de producto consumido no justifica enviar un camión cargado de productos que no se venderán.
La caída de las ventas en el comercio
Tres gerentes de empresas dedicadas al comercio de productos de consumo masivo, así como de insumos para la producción, pintaron panoramas similares en los que el común denominador son las bajas ventas, y una sensación de asfixia propiciada por la soga de las reformas que “mataron a la industria”, tal como graficó uno de ellos.
Esta fuente —que trabaja en la gerencia de la filial local de una multinacional con presencia en el país— explica que “los distribuidores se quedaron sin capital de trabajo y sin financiamiento”.
La solución que están aplicando es importar menos, aunque eso les hace más difícil cumplir con los pedidos que reciben. La fuente dijo saber que algunos de sus colegas se han decidido por ‘medidas alternas’, como el ‘factoring’, “para poder cubrir costos de importación y distribución”.
Al igual que todos los gerentes referidos antes, las empresas del área comercial también han tenido que reducir personal en el último año y medio, y las que contrataban personal temporal han tenido que dejar de hacerlo.
Esta fuente —directora de un gremio empresarial adscrito al Cosep, que solo habló después de recibir autorización del presidente de su cámara— dijo que, para disminuir gastos operativos, las empresas tuvieron que reducir o eliminar beneficios al personal; a la vez que mermaban los fondos de promoción o mercadeo.
Dependiendo del tipo de productos, algunas han tenido que revisar sus portafolios, para ver cuáles líneas siguen siendo rentables y cuáles no, optimizando inventarios y reduciendo sus importaciones, todo lo cual incide para que se desmejoren sus tiempos de entrega.
La simplificación de rutas de distribución significa que, si antes podían surtir directamente a diez pulperías, ahora solo lo hacen con seis o siete. En los casos en que es posible, entregan el producto a mayoristas, para que estos los redistribuyan entre esas pulperías.
Las empresas que comercializan insumos productivos aguantaron lo más que pudieron sin prescindir de su personal. Cortaron costos de otras formas —incluso, saliendo del pasivo laboral— pero la continua línea descendente de sus ventas —este sector espera caídas adicionales del 25% para el segundo trimestre— los obligó a despedir a trabajadores valiosos y experimentados, cuya ausencia afectará más su desempeño comercial.
Un académico consultado por CONFIDENCIAL explica que la Administración de Daniel Ortega prefirió “gravar los ingresos y no las ganancias, porque sabe que muchas empresas verán una gran disminución de sus utilidades. De esa manera, el Gobierno se aseguraba de obtener algún ingreso”.
Tal como lo confirman los testimonios de los gerentes consultados, el pronóstico general de este académico es “más informalidad y más precariedad. A muchas empresas ya no les conviene ser formales, porque tienen que afrontar mayores costos en materia de impuestos y de Seguridad Social, con lo que lo único que logró el Gobierno es asegurar que recaudará menos impuestos”, vaticinó.
Cerrando sucursales financieras
El gerente de una empresa de microfinanzas regulada por la Superintendencia de Bancos, relató a CONFIDENCIAL que la fórmula a aplicar en 2019 es una continuación de la que tuvieron que aplicar en 2018: ahorro de costos y reestructuración de créditos.
Para aplicar la primera no se requiere haberse graduado con honores de ninguna escuela de negocios. Basta con aplicar el sentido común, aunque en este caso, la clave es saber hasta dónde apretar las tuercas, o hasta dónde socar la faja.
Si el año pasado se dictaron medidas para ahorrar electricidad y papelería de oficina, y se adquirieron menos equipos, se redujeron las inversiones, y se vendieron los aparatos y vehículos que ya no se necesitaban, para lograr un ahorro de 22%, la continuación de esa política debería llevarlos a ahorrar 15% más en 2019.
Más doloroso aún, la empresa tiene ahora 20% menos personal que hace trece meses: 7% fue despedido, y el otro 13% es gente que renunció para irse del país, y la empresa aprovecha para congelar esa plaza. “Reacomodamos los costos, haciendo el mismo trabajo con menos personal”, graficó el administrador.
Además de cerrar casi el 10% de sus sucursales en todo el país, asegurándose que mantendrá la capacidad de atender a sus clientes en las plazas que siguen siendo productivas, y mientras veía cómo una empresa de la competencia cerraba el 62.5% de sus oficinas, este gerente también se ha dado a la tarea de aplicar una medida básica de ‘ingeniería financiera’, para mantener alta la calidad de su cartera.
“Estamos reestructurando las deudas de los clientes en mora, ampliándoles los plazos para que puedan pagar”, con lo que se evitan tener que hacer provisiones en su contabilidad, tal como mandan las normas de la Superintendencia, y las de la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami).
La estrategia es muy sencilla: desde el momento en que se le reestructura el préstamo, técnicamente ese cliente deja de estar en mora.
La otra parte de su negocio, que es colocar créditos, sigue funcionando de forma parcial. “Nuestras colocaciones disminuyeron a un tercio de lo que eran antes de la crisis”, confiesa.
Lo que ha variado no son los criterios de selección, sino la solvencia de los clientes, que han perdido, en promedio, entre 40% y 50% de sus ventas, en rubros como comercio, servicios y turismo, lo que los hace caer en mora, y dejar de ser sujetos de crédito.
