6 de octubre 2015
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El presidente de la Asociación de Internet de Nicaragua (AIN), Max Stadthaghen, rechaza el acuerdo administrativo 003-2015 del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR), que impone nuevos cobros y tasas a los operadores del sector. “La ley está cargando algunos de los rubros selectivamente para buscar cómo generar más ingresos”, dijo en una entrevista en el programa Esta Noche.
Stadthaghen dijo que en esta revisión existen cobros por estructuras que implican directamente al usuario final, como por ejemplo el cobro de mil dólares por los mástiles. “El usuario final ni siquiera va optar al servicio, ya que el cobro no permite distribuirlo a lo largo de un año o dos. No permite proyectar. Son costos de entrada altos”.
El acuerdo emitido el 22 de septiembre en el Diario La Gaceta, estipula cobros en la inversión de infraestructura que permitiera la expansión de cobertura en los servicios de tecnología y telecomunicaciones.
La nueva normativa establece cobros por el uso de la banda 700 MHz para la transmisión de datos en las zonas rurales del país.
Telcor justifica la medida porque existen mayor números de usuarios en transmisión de datos e internet, que se traducen en mayor número de ingresos a las compañías y elevados gastos en administración y monitoreo del ente regulador.
El presidente de AIN sostuvo que la medida impone cobros a tasas existentes y nuevas tasas que no estaban establecidos en la legislación anterior. “No existe un porcentaje patrón. Hay incrementos en unos rubros, introducción de nuevos cobros. Hay incrementos en una de las bandas y no hay incremento en otras. No vemos una lógica común en el tratamiento, y más bien es una diferenciación que confunde y que afecta a todos los operadores, pero afecta más a los medianos y pequeños”.
Agregó que las empresas medianas y pequeñas serán las más afectadas por que no tienen infraestructura masiva, por ende, el despliegue es por cada usuario.
Según Stadthaghen, el discurso oficial que aboga por tener más y mejor internet no está compaginado con acciones concretas. “Estamos totalmente de acuerdo con la visión del Gobierno de que hay que echarlas todas, porque nos estamos quedando atrás. Aun cuando hay avances e inversión, el potencial es muy grande”, dijo.
El experto calculó que con estos nuevos cobros, Telcor podría recaudar entre cinco a siete millones de dólares anuales. “Es un ejercicio que tal vez no está analizado con el nivel de detalle que se requiere, para comprender las implicaciones de la medida”, aseguró.
Stadthaghen dijo que los tres ejes para el mejoramiento de los servicios de telecomunicaciones son: ampliación en la base de usuarios, mejoramiento en las capacidades de prestación de servicio y más calidad en atención al cliente.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo que este acuerdo lo que hace es encarecer los costos y hacer menos competitivas a las empresas. “Es un acuerdo ministerial sin consenso, sin coherencia y no fomenta la industria a través de las mejores prácticas internacionales”, reclamó.
Aguerri sostuvo que si “se llegaran a aplicar las tasas que plantea el acuerdo, lo que hará es encarecer el Internet, el acceso a la televisión por suscripción, y el uso de la tecnología para todos los ciudadanos del país”. “Esto obviamente se tiene que trasladar al consumidor final que es el gran perdedor”, afirmó.
El sector privado considera que el acuerdo eleva las tarifas e impacta en los márgenes de los operadores de telecomunicaciones, poniendo en riesgo la viabilidad de las inversiones y el desarrollo ordenado y sostenible del mercado.
Según la AIN, la medida provocaría desordenamiento del mercado y repudio a mejores prácticas internacionales, con respecto a la racionalización de tasas y derechos por el uso del espectro radioeléctrico, lo cual limitará la competitividad nacional y generaría un impacto especial en las zonas rurales.
La nueva ley limita la posibilidad de ofrecer servicio prepagos a los sectores de menores ingresos, al establecer mecanismos de recolección y pagos inflexibles, según las medidas planteadas por el sector en la comisión de seguimiento.
La AIN presentará un recurso de revisión del decreto, para buscar una salida consensuada con el Gobierno, y conocer quién origina el cobro adicional, según Stadthaghen. “Es muy importante que dialoguemos. Es un tema técnico, de intereses, comercial y de función regulatoria. Pero tenemos que intercambiar información para comprender los resultados de la medida”.
