5 de julio 2021
Excluir a Nicaragua del tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) es una sanción de tal magnitud, que ni el Gobierno, ni los exportadores, ni los trabajadores quieren sufrir, según la opinión de cuatro economistas y expertos fiscales de dos centros de pensamiento basados en Guatemala y El Salvador.
Luego de tres lustros de haber entrado en vigencia –el 1 de abril del 2006, para el caso de Nicaragua- el Tratado convirtió al país y la región en una plataforma exportadora, lo que permitió que Nicaragua más que sextuplicara sus exportaciones a Estados Unidos, pasando de 228.4 millones de dólares en ese año, a 1402.1 millones en 2020, según datos del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).
El texto del tratado comercial es tan extenso, y sus repercusiones políticas y económicas son tan grandes, que ninguna decisión –ni definición- en torno a él, resulta ser sencilla, como lo grafican Roberto Rubio-Fabián, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, (Funde) de El Salvador, y Abelardo Medina Bermejo, coordinador del área de Análisis Macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), desde Guatemala.
“Primero, hay que decir que hay dos tipos de sanciones: aquellas más generalizadas, que van a atacar tanto a las finanzas públicas, como a la economía, y las que van directamente contra los que dirigen la dictadura, los que están al frente del gobierno autoritario. Con la experiencia que se ha tenido en Venezuela, Estados Unidos tratará de no ir mucho por sanciones económicas generalizadas, para tratar de no afectar a la población”, precisó Rubio.
“Habría que ver qué es realmente lo que el Gobierno de Estados Unidos entiende por exclusión del Cafta, porque pudiera ser simplemente que las exportaciones de Nicaragua dejen de gozar de tratamiento preferencial cuando entren a Estados Unidos, o podrían adoptar medidas más agresivas, como gravar las exportaciones procedentes de Nicaragua”, precisó Medina Bermejo.
“Si se establecen aranceles que afectan las exportaciones nicaragüenses, definitivamente que van a perder competitividad, y el déficit de la balanza comercial se les va a disparar”, avizoró el salvadoreño Rommel Rodríguez, economista de Funde.
Nicaragua caería en desventaja
Su connacional, Rubio-Fabián, opina que “no hay duda que Nicaragua –uno de los países que más ha aprovechado el Cafta- se podría ver perjudicada, porque eso provocaría bastante desempleo en la industria textil y alimenticia. La comunidad internacional todavía tiene más instrumentos para ir directamente contra los propios dirigentes, aplicándoles sanciones directas, que afectan menos al conjunto de la población... aunque será inevitable que haya impacto económico”, admitió.
“Los márgenes que tiene la dictadura para enfrentar esto desde el punto de vista económico son limitados, y pueden caer sobre el resto de la población, aunque entonces podrán echarle la culpa al Gobierno de Estados Unidos, como en Venezuela. Por eso creo que Estados Unidos puede y debe ser firme, y sancionar de forma quirúrgica”, explicitó.
Después de exponer las dos posibilidades que podría implementar la Administración Biden, el guatemalteco Medina Bermejo dijo que incluso si solo hay una exclusión de los tratamientos preferenciales, “eso pondría en desventaja competitiva las exportaciones de Nicaragua”.
“Según información disponible, el 49.3% de las exportaciones nicaragüenses tienen a Estados Unidos como destino. Eso quiere decir que si hay una pérdida de competitividad, ese porcentaje podría disminuir significativamente, y dado que Nicaragua no tiene posibilidades de competir en otros mercados, podría representar un golpe muy serio a los exportadores, así como a la generación de empleo vinculada a esos sectores”, detalló.
Para el también economista salvadoreño Luis Membreño, presidente de Membreño Consulting, ser excluidos del acuerdo “es algo grave, porque en la medida en que se pierdan esas preferencias arancelarias, no se podrá competir en ciertos sectores -como el textil- con países como China, Vietnam, y otros que tienen mayor competitividad. Lo que nos permite exportar con ventaja hacia Estados Unidos, son justamente las preferencias arancelarias”, recordó.
El riesgo de recaudar menos y endeudarse más
Una disminución de las exportaciones conlleva a una caída de la actividad industrial y del empleo, lo que se traduce en menor consumo interno, todo lo cual redunda en una disminución de las recaudaciones.
“Este tipo de gobierno populista, al que le gusta dar subsidios y regalar lo que no tiene, se verá afectado porque los recursos son escasos, y eso puede afectar a su base de simpatizantes, o a los que lo apoyan porque les da cosas, sea una lámina (de zinc) o cualquier regalo”, dijo el salvadoreño Rubio-Fabián.
“El tema importante es que los estados pierden recaudación, pero no bajan el gasto, y recurren a otros mecanismos para poder cubrir su déficit. Eso puede llevar a emisiones inorgánicas de moneda, lo que conduce a inflaciones e hiperinflaciones en determinados casos, situación que Nicaragua ya ha vivido con anterioridad”, dijo Membreño.
Su análisis le lleva a considerar que, en la medida en que la actividad económica se reduzca y la recaudación de impuestos no cumpla sus metas, se incrementa el déficit, lo que lleva a la necesidad de financiamiento interno, dado que el externo no está disponible. Al incrementar la deuda para financiarse por medio de préstamos, o colocación de bonos, existe el riesgo de iniciar una espiral inflacionaria, explicó.
“Si lo vemos en abstracto, y sin tener todas estas consideraciones, pudiéramos decir que si se aumentan los impuestos y se reducen las ganancias de las empresas, obviamente habrá una menor recaudación, que podría producir un aumento del déficit fiscal, y consecuentemente, del endeudamiento público”, coincidió el economista Medina Bermejo, del Icefi.
“Si hay una menor recaudación, y el nivel de gasto permanece constante, hay una posibilidad de endeudar más al país, lo que pudiera llevar a un nivel de insostenibilidad de la deuda en el mediano plazo”, aunque “no parece que en el corto plazo se vayan a cumplir esas expectativas, salvo que ocurra un problema dramático de emigración de empresas extranjeras, o privadas”, advirtió.
Martínez, de Fuden, dijo que si en algún momento, el Gobierno de Nicaragua experimenta una restricción de tipo fiscal, “dada su condición de gobierno autoritario, puede pensar que la salida sea tener otra moneda que le dé cierta holgura. Yo sé que eso es un disparate, pero si ya pasó aquí en El Salvador, ¿por qué no allá, y si le funciona a este, al menos en el corto plazo, por qué no?”, reflexionó.