16 de agosto 2018
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A partir del primero de octubre el país habrá caído en estado de recesión económica, y ni las medidas de austeridad que sugirió el ministro Iván Acosta en la Asamblea Nacional, ni la reforma presupuestaria aprobada allí, ni una colocación record de los C$9,035.6 millones en bonos autorizados a emitir, puede cambiar eso.
Se considera que una economía ha caído en recesión cuando completa dos trimestres consecutivos sin mostrar crecimiento de signo positivo, y ese es el caso de Nicaragua.
El 17 de julio pasado, el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, informó que el Índice Mensual de Actividad Económica de mayo mostraba una disminución del 4.9 % con relación a mayo de 2017, y expresaba su previsión optimista de que “a partir de julio y agosto se normalice la situación”.
La situación no solo no se ha normalizado, sino que el declive económico se ha profundizado tanto, que el Ejecutivo tuvo que solicitar la aprobación ‘de urgencia’ de una reforma al Presupuesto General de la República, donde recorta el 9.2% de los ingresos.
Por otra parte, el ministro Acosta sostiene la tesis que, a pesar de las medidas contractivas que contiene la reforma presupuestaria, las previsiones de crecimiento se mantienen en torno al 1%, pero ¿es realista esa proyección?
“Creo que no. A grandes luces se nota que hay una caída del PIB, y agrego algo más: a finales de septiembre, técnicamente este país entra en recesión económica. Serían dos trimestres consecutivos con comportamiento negativo del PIB trimestral, que también elabora el Banco Central”, pronosticó el economista Néstor Avendaño.
El presidente de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (Copades), advierte que la caída de la producción será de al menos 3.5% en este año, lo que implica un descenso de ocho puntos porcentuales, si se compara con el 4.5% de crecimiento que se esperaba antes del inicio de la Rebelión de Abril.
“Lo doloroso de que se contraiga la producción es que unos 180,000 empleos formales serán destruidos por esta crisis económica”, dijo al ser entrevistado en el segmento Cuentas Claras, del programa de televisión Esta Noche, que se transmite por Canal 12.
Solo salvaron a empleados públicos
A juicio de Avendaño, la reforma presupuestaria se hizo para enfrentar el grave frenazo que sufre la economía del país.
Hay una caída de la producción este año, lo que implica que se reduce el consumo en las familias. También se reduce la inversión fija del sector privado, y la inversión fija del sector público, donde se observa menor adquisición de maquinaria y equipo, aunque la construcción se mantiene más o menos bien, explica el experto.
Otros rubros que también están marcados con signo negativo son las exportaciones, cuyo volumen disminuyó; así como las importaciones, que cayeron en valor y volumen ante el descenso de la producción, por lo cual los aranceles también disminuyen, y con ellos, los ingresos tributarios.
Ante esa caída de ingresos tributarios de alrededor de 7,500 millones de córdobas, “lo único que queda por hacer en un país pobre como el nuestro es reducir el gasto, porque si fuéramos un país rico, actuaríamos de forma contraria: el Banco Central usaría córdobas para comprar títulos valores a Hacienda para incrementar el gasto y acelerar el crecimiento”, explicó.
Aunque lamenta la destrucción de empleo en el sector privado, Avendaño calcula que no ocurrirá lo mismo en el sector público. Esto es así gracias a un diseño deliberado de la reforma presupuestaria, que tanto Acosta como el diputado (FSLN) Wálmaro Gutiérrez corrieron a presentar como una muestra de ‘generosidad’ de la administración de Daniel Ortega.
“La reducción del gasto generará impacto en el empleo público, pero es mínimo. Lo que se reduce en gran forma en el gasto corriente -aunque no está muy claro en la reforma- es la compra de bienes y servicios de consumo, porque prácticamente no están operando al ritmo tradicional con que lo hacen en tiempos normales”, dijo Avendaño.
“La reforma del Presupuesto también indica que se está tratando de proteger el empleo, por lo que podemos deducir que la planilla del Estado seguirá más o menos igual a como estaba”, añadió.
¿Córdobas por dólares?
Este miércoles, la Asamblea Nacional aprobó la Ley que permite crear un ‘Comité de Estabilidad Financiera’, y emitir unos ‘Bonos de Estabilidad Financiera’ (BEF), aunque sin detallar las condiciones en que serán comercializados, ni quién querrá comprarlos, siendo que están cubiertos por la sombra de una masacre perpetrada por el Gobierno.
La pregunta principal que se hacen los expertos es ¿quién los va a adquirir: los ‘amigos’ (y hasta los miembros) de la familia presidencial; Albanisa con sus millones; los bancos, los ahorrantes o las empresas?, además de querer saber cuál es el riesgo asociado a esos bonos, que es lo que al final determina cuál es la ganancia que obtiene el comprador.
Róger Arteaga, que fuera gerente regional del BCIE en Nicaragua, aseguró que “esos bonos no son nada atractivos”, porque se están emitiendo a 25 años, pero también porque están denominados en dólares pero serán pagados en córdobas, recordando que existe una gran diferencia entre la capacidad de compra de ambas monedas, brecha que será presumiblemente mayor con el paso de los años.
Siendo que es muy dudoso que el sistema financiero o los inversionistas privados decidan comprar esos bonos, Arteaga cree que quiénes sí lo harán son los especuladores internacionales que acostumbran comprar las deudas de dudosa reputación por una fracción de su valor, para exigir después el pago total de la deuda.
“Lo que puede ocurrir es que vengan especuladores a comprar esos bonos, y regresen cuando tengamos un nuevo gobierno a exigir que se les pague el valor total, y es por eso que no creo que esta emisión sea conveniente”, argumentó.
“Puede ser que el sector público, o gente ligada al gobierno, o las empresas mixtas, compren esos bonos para especular con ellos. Acapararlos, de modo que cuando haya un cambio, venir a castigar al nuevo gobierno, diciendo: págame. Eso es especulación. Es una amenaza bien seria”, insistió.
Avendaño coincidió con Arteaga al asegurar que no cree que los bancos vayan a comprar los BEF porque están denominados en dólares, y en este momento, los bancos necesitan dólares para pagarle a los depositantes.
Su duda también está fundamentada en la más que previsible incertidumbre de los inversionistas financieros cuando se pregunten si la inflación llegará a ser mayor que la devaluación, o cuál será el régimen cambiario en el futuro, siendo que el actual es obsoleto; o cuál será la tasa de rendimiento de esos bonos.
“Incluso, existe un riesgo que hay que decir sin ambages: la libre convertibilidad. Si no se da una respuesta sólida a la salida de depósitos, se puede crear un ‘toque de queda’ a la salida de capitales, lo que trastornaría el entorno macroeconómico del país”, advirtió.
