25 de febrero 2020
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Las dudas acerca de quién es el dueño de la Distribuidora del Norte y la Distribuidora del Sur (Disnorte y Dissur), marcan el día a día de las relaciones de esas empresas con los generadores de electricidad, que ahora se debaten entre confirmar si el 84% de las acciones de ambas empresas están en poder de Albanisa (a través de terceros), o volvieron al control del Estado.
Fuentes del sector energético que han hablado con CONFIDENCIAL a condición de mantenerse en el anonimato, dicen que el consorcio TSK – Melfosur Internacional (TMI), ya no es el dueño de las empresas distribuidoras de electricidad, aunque el control financiero de la distribuidora lo sigue manteniendo Albanisa por medio del sancionado ingeniero Francisco “Chico” López.
Pero el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas, consultor en temas de energía eléctrica, tiene otra tesis: ambas empresas están ya bajo control estatal.
Fernando Bárcenas, ingeniero eléctrico y consultor en temas de energía. // Foto: Claudia Tijerino
El experto recordó que las leyes y normativas del sector eléctrico sufrieron un cambio trascendental a inicios de siglo, cuando se segmentó la industria eléctrica y se conformó el mercado eléctrico con tres sectores que tienen relaciones comerciales entre sí, los que dejaron de estar integrados bajo una misma administración.
“Cuando ocurre eso, la empresa distribuidora pasa a ser de índole privada, regulada por normas y por un ente especial dedicado a proteger a los clientes cautivos, de que los otros agentes cumplan su función con la mayor eficiencia posible”, definió.
Pero “cuando la empresa privada desaparece, y no aparece una empresa privada a la cual vender o traspasar las acciones”, [porque el titular de las acciones puede ceder su contrato, previa aprobación de parte de las autoridades], “este servicio público de distribución de energía pasa automáticamente a estar operado por el Estado”, aclaró.
Esto implica que, si bien se ha producido una nacionalización de facto de la empresa distribuidora, “no se puede decir que ha habido un abuso, donde se ha roto el esquema por una medida autoritaria, sino que, en los hechos, si un servicio público no está manejado por un privado, tiene que estar obligadamente manejado por el Estado”, insistió.
Otra fuente del sector eléctrico consultada por esta publicación, reconoció que todo lo concerniente a la propiedad sobre Disnorte y Dissur “se ha manejado muy herméticamente; solo conocemos rumores, por no hay nada que se sepa con exactitud”.
“Hasta el día de hoy, la conformación accionaria permanece invariable, lo que no impide a efectos prácticos que, bajo las actuales circunstancias del país, la administración efectiva pueda estarla llevando un grupo diferente al accionario”, señaló.
“De hecho, el ingeniero Gustavo Acosta es a efectos legales el gerente adjunto en representación del Estado (16 % de las acciones), pero a efectos prácticos es el gerente general. Eso ya dice algo, pero no es concluyente”, reconoció.
Y ¿quién es el dueño?
El abogado César Aróstegui vuelve a la tesis del ingeniero Bárcenas, y recalca que “efectivamente, la ley prevé que es obligación del Estado suministrar el servicio de energía eléctrica, y que lo puede hacer a través del sector privado, que es lo que está ocurriendo en este momento”.
Explica que, en el caso de las distribuidoras, el Estado interviene a través del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), del mismo modo que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), puede intervenir a las instituciones bajo su supervisión.
En todo caso, es “el Estado, (no Albanisa, o una sociedad que pertenezca a la familia), quien las interviene para que se siga prestando el servicio, y nombra a un interventor a través del INE.
Lo lógico, aunque la Ley no lo dice así de forma específica, sería que las pusieran bajo control de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), porque esta entidad estatal tiene capacidad para dirigir una empresa distribuidora.
“Sería como estar regresando la concesión de distribución, que es un monopolio geográfico”, explica Aróstegui, reconociendo que “esto no ha sucedido así, es solo lo que dice la teoría”.
“Las distribuidoras siguen existiendo jurídicamente; ellas son las titulares de la distribución., Son sociedades nicaragüenses, constituidas bajo las leyes de Nicaragua. Los accionistas son otra cosa”, aclaró.
La pregunta que se hacen todos los que conforman este sector es “¿quiénes son los titulares de las acciones Disnorte y Dissur? ¿Quiénes son los accionistas?”, detalló Aróstegui, remarcando que por el hecho que el registro de la propiedad dejara de público, no hay certeza sobre a quién fueron traspasadas las acciones de ambas empresas.
“Se decía que el dueño era TMI, pero ¿quiénes son los verdaderos accionistas, los dueños de las acciones que conforman esas dos sociedades anónimas?, que es a quienes les fueron otorgadas las concesiones de distribución eléctrica”, insistió.
Cuando las acciones de Disnorte y Dissur pasaron de ENEL a Unión Fenosa, la empresa de capital español se hizo con las dos concesiones para distribuir electricidad en todo el territorio nacional que es lo que tenía un valor comercial.
Después de tantos años, la industria se pregunta qué ha sucedido con esas acciones, porque es un hecho que “Disnorte y Dissur siguen existiendo como sociedades. No han sido disueltas, así que desde la perspectiva jurídica, son sociedades que existen, y siguen siendo titulares de derecho, incluyendo la concesión de electricidad”, explicó el jurista.
“El sistema sigue funcionando. La pregunta es quién es el dueño de las acciones. El misterio a resolver aquí es quiénes son los dueños de las acciones de Disnorte y Dissur”, preguntó.
La vulerabilidad del sector eléctrico
Más allá de quién es el el dueño del 84% de las acciones de Disnorte y Dissur –e incluso si se demostrara que le pertenecen a la sancionada Albanisa- el abogado César Aróstegui prácticamente descarta que la administración de Donald Trump sancione a las distribuidoras, porque el resultado sería dejar el país a oscuras.
“Creo que será difícil que Disnorte y Dissur sean objeto de sanciones directas, no porque Estados Unidos no pueda, sino porque hay una razón política muy grande, y es que el país quedaría a oscuras. Las empresas del sector dejarían de operar”, avizoró.
Opina que si la intención fuera seguir estrechando el cerco económico sobre los negocios de la familia gobernante, la alternativa no sería sancionar a Disnorte y Dissur, sino a sus generadoras de electricidad, porque “eso sí está vinculado al negocio de hidrocarburos, donde está metida la familia a través de Albanisa, y eso sí les dio un golpe fuerte”, consideró.
