21 de noviembre 2024
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Los bancos nicaragüenses que reabran cuentas bancarias a los funcionarios e instituciones sancionados por la OFAC y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos corren el riesgo de perder las corresponsalías con los bancos internacionales, por lo que no podrían realizar transferencias, transacciones internacionales, ni tener cuentas corrientes, “si Estados Unidos decide aplicar la ley”, explicó a CONFIDENCIAL un abogado especializado en derecho bancario.
Sin embargo, el politólogo e investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, considera que aunque la nueva “ley forzará a los bancos a acatar la normativa, estos podrán ejecutar un voluntary self-disclosures (VSDs) ante el Tesoro y el Departamento de Justicia, e incluso otras entidades fuera de Estados Unidos”.
Con esto, Nicaragua se está “autocalificando de Estado forajido”. Por lo cual, los bancos corresponsales podrían aplicar “la política de 'de-risk' (des-arriesgarse), cuando el Tesoro considera que una entidad o país está actuando fuera del marco del proceso establecido de sanciones (Venezuela, Irán, Rusia, por ejemplo),y procede a notificar a la institución bancaria violatoria, y al mismo tiempo notifica a los corresponsales bancarios”, agrega.
La iniciativa titulada “Ley de Protección de Los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas” dejará sin efecto en territorio nicaragüense las sanciones impuestas por países y organismos extranjeros a instituciones, personas y entidades públicas.
Además, amenaza con multas, sanciones, la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones a las entidades que apliquen las sanciones extranjeras.
También, señala que pueden enfrentar “responsabilidades penales que correspondan por el delito de traición a la patria”.
Bancos están “maniatados”
El abogado experto en banca señala que al aprobarse esta iniciativa los bancos quedarán “maniatados porque, por una parte tiene que cumplir una decisión soberana de Estados Unidos y Ortega dice mi decisión también es soberana”.
Orozco coincide que el sistema financiero nicaragüense tiene que cumplir con la ley nacional, “a pesar de que vaya en contravención de la norma internacional de sanciones”.
El economista y excarcelado político, Juan Sebastian Chamorro, agrega que en este caso “los bancos quedan en un dilema bien complejo, porque por un lado las regulaciones internacionales, particularmente los bancos que están sujetos a la regulaciones de Basilea y otra normativas internacionales pueden contradecir lo que la dictadura quiera imponer”.
Chamorro considera que esta ley es una “expresión política para tratar de dar seguridad a los funcionarios, empresas y allegados al régimen, pero lo cierto es que ellos no van a estar tranquilos con esa declaratoria artificial de ilegalidad de las sanciones”.
Sanciones se pueden extender a otras sedes centroamericanas
Si los bancos nicaragüenses pierden las corresponsalías con los bancos internacionales y se convierten en “cooperativas de ahorro y crédito” corren el riesgo de desaparecer tal como ocurrió con Bancorp, que fue sancionado y tuvo que disolverse al no poder operar.
“No podía hacer operaciones, no podía tener transferencias, no podía tener tarjetas de crédito ni de débito, no podía utilizar ninguna de las plataformas logísticas que usan los bancos, que son las plataformas donde están las cuentas”, explica el jurista.
Incluso, si los bancos nacionales deciden trabajar con los bancos de su red centroamericana, que sí tienen corresponsalías con bancos en Estados Unidos, podrían ser sancionados, agrega el experto en leyes bancarias.
Al no existir bancos con corresponsalías también se afectaría el comercio nicaragüense porque las importaciones y exportaciones se hacen a través de los bancos.
“El comercio se vería perjudicado: tanto las importaciones, o sea los productos que llegan a Nicaragua, como las exportaciones, los productos que salen a Nicaragua porque tendrían problemas para recibir los pagos”, agrega el abogado.
Asimismo, se afectarían las remesas porque son pequeñas transferencias “y si no tenés corresponsalía en Estados Unidos, ¿cómo vas a mandar la remesa?”, cuestiona.
Segundo intento para evadir sanciones
La dictadura de Daniel Ortega ya había intentado obligar a los bancos a reabrir las cuentas de las instituciones y funcionarios sancionados por Estados Unidos por intermedio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
En febrero de 2021, reformó la Ley 842, Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias, con la cual incluyó al Estado dentro del concepto de “persona consumidora o usuaria” en un intento de obligar a las instituciones financieras a reabrir las cuentas que le cerraron a los funcionarios y cómplices del régimen que fueron sancionados.
De tal forma, que al convertirse el Estado en “un cliente más”, instituciones como la sancionada Policía Nacional podían quejarse ante la Oficina de Defensa del Consumidor, del Mific, e iniciar un procedimiento que lleve a multar al banco.
Economistas ya habían explicado que obligar a los bancos comerciales a transar con cualquiera de los sancionados traería serias consecuencias, al privarlos de sus bancos corresponsales en Estados Unidos, entidades que son indispensables para hacer cualquier tipo de negocio internacional: desde una remesa o una tarjeta de crédito, hasta recibir los pagos por las exportaciones que hacen las empresas, o efectuar algunas operaciones del sector público.
“La banca radicada en Nicaragua, no podría tener ninguna relación funcional con bancos en el exterior, porque toda transacción pasa por un banco en Estados Unidos, que facilita e investiga todos los fondos que se están moviendo”, señaló un economista en febrero de 2021.
Orden de desconocer sanciones fue incluida en la Constitución
La decisión de desconocer las sanciones en territorio nicaragüense también fue incluida en la iniciativa de reformas a la Constitución Política de Nicaragua, enviada por Daniel Ortega, este martes 19 de noviembre de 2024.
En el artículo 5 de la iniciativa se establece que “ninguna medida violatoria del derecho internacional” tomada por gobiernos extranjeros en “contra de instituciones, funcionarios o personas nicaragüenses tendrá validez para el Estado nicaragüense” y seguido señalan que el Estado “tiene el derecho de tomar las medidas que sean necesarias para proteger su soberanía”.
Asimismo, se incluyó en artículo 1 de la reforma a la Constitución como traidores a la patria a los nicaragüenses que defiendan “toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo”.
