2 de agosto 2018
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La crisis que vive el país, que ya ha causado el despido de unas 215,000 personas, según un estudio de Funides, ha elevado el nivel de mora en el sistema financiero local, al haber cada vez más personas –hasta 45%, según Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico de Asistencia al Consumidor- se ven imposibilitadas de pagar las deudas contraídas.
“Desde antes que comenzara la crisis, los usuarios ya tenían problemas de mora, endeudamiento, y sobreendeudamiento”, explicó López al ser entrevistado en el programa de televisión Esta Noche, que se transmite por Canal 12. “A partir de abril, el usuario de este tipo de servicios ha resentido el impacto económico, por lo que muchos han optado por refinanciar, o por adquirir una deuda para pagar otra”, explicó.
López relata que conoce muchos casos de pequeños empresarios o simplemente asalariados que perdieron su negocio o su empleo, y se quedaron sin posibilidad de seguir abonando a sus préstamos. El Centro Jurídico acompañó a muchos de ellos en sus procesos de renegociación de deudas, lo que no siempre fue posible.
Por ello, optaron por preparar un anteproyecto de ‘Ley Especial de Moratoria’, que fue consultado con muchos de los involucrados, y luego presentado ante la Asamblea Nacional junto con 5,000 firmas, para que se le dé el trámite de ley.
De aprobarse, la propuesta permitiría que durante algún tiempo, los bancos y entidades de microfinanzas ofrezcan mejores arreglos que el que el cliente tiene establecido. “Esta propuesta de Ley es una oportunidad para sobrepasar la crisis, no para atender los acuerdos cotidianos”, aclaró López.
Respiro para pagar
La ley ofrecería plazos de seis a ocho meses para que el usuario al menos abone a la deuda, que queda congelada, igual que los intereses moratorios, dejando intacta la clasificación del cliente. “Lo que buscamos es fijar un plazo, nivelar el monto de las cuotas, y que no se afecte el record crediticio del cliente”, detalló.
Según ese criterio, esta Ley ofrecería un respiro a comerciantes como los del mercado de Masaya, a los que se les quemó su mercadería, por lo que no tienen forma alguna de honrar sus deudas, o a aquellos que se quedaron sin trabajo, y quizás ni siquiera recibieron liquidación, porque las empresas para las que laboraban ni siquiera tenían posibilidad de pagar las prestaciones de ley.
López descarta que la Ley de Moratoria represente un problema adicional para los bancos o para las empresas de microfinanzas, porque “muchas entidades fondeadoras tienen seguros contratados; aparte, estamos promoviendo que el usuario se acerque a negociar con su banco, en vez de desaparecérsele por seis meses, y haga un arreglo, quizás pagando un monto menor”.
“Presentamos esta propuesta porque las entidades bancarias no están aplicando las normativas de forma adecuada. Eran demasiado discrecionales, y se estaban prefijando con base en las políticas establecidas antes de la crisis”, refirió.
“En las últimas dos semanas después que sometimos esta iniciativa de Ley, empezamos a notar que los bancos y muchas instituciones de microfinanzas comenzaron a disminuir el maltrato que le daban a los usuarios. Comenzaron a ser más flexibles”, aseguró.
López reconoce que a pesar que presentaron el anteproyecto a las bancadas parlamentarias del Frente Sandinista y del Partido Liberal Constitucionalista, “es posible que quede engavetada, como muchas que hemos presentado en estos cinco años de existencia, pero estamos seguros que eso hará que [bancos y microfinancieras] traten mejor a sus clientes, y que pongan los pies sobre la tierra, porque necesitan captar recursos”, recordó.
