13 de mayo 2021
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La Policía rivense detuvo este miércoles 12 de mayo a dos personas que cuidaban la entrada al Resort Aqua Nicaragua Oceanfront, ubicado en la Costa Esmeralda, en reacción a la denuncia por presuntas amenazas proferidas en contra de trabajadores del lugar, pero los liberó unas horas después.
“La Policía comprobó que no hubo tal delito de amenazas, que fue una denuncia falseada para usurpar la propiedad, así que los pusieron en libertad”, dijo Javier Cardoza, asesor legal de Inversiones y Desarrollos S.A. (Indisa), propiedad de la familia del empresario Armel González que reclama ser codueña del resort.
Al final de la mañana del pasado lunes, la Policía rivense recibió una denuncia en la que se aseguraba que seis hombres armados de machetes y una pistola, habían invadido el referido resort, diciendo que lo hacían por instrucciones de González y Cardoza.
“No puedo invadir mi propio activo”, dijo el aludido, al asegurar que Indisa es codueña de la propiedad que ahora le reclama Tree Top Villas Nicaragua S.A. (TTV), mostrando como prueba, un contrato de arriendo de bien inmueble celebrado entre ambas empresas el 31 de marzo del 2021.
Según el testimonio de la Escritura Pública número 17, firmada por el abogado y notario público Martín Oswaldo Paniagua, en la fecha citada comparecieron dos personas ante él: la sicóloga Adriana Alejandra González Bolaños, en representación de Indisa, y el contador Norlan Eliseo López, quien actuaba en nombre de TTV.
Las partes firmaron el contrato para dejar constancia de que Indisa cedía a TTV, el ‘proyecto Aqua’ (donde está el resort, que incluye 24 villas y tres lotes; un restaurante, un spa y una casa club) en arriendo por tres meses prorrogables, al costo de 700 dólares mensuales, estipulando las sanciones a aplicar si los pagos no se hicieran a tiempo, así como la obligatoriedad de avisar con 30 días de anticipación, la intención de extender o rescindir el contrato.
González se ampara en la existencia de ese contrato firmado por ambas partes, como prueba de que Indisa es dueña de la propiedad, y que lo único que hizo fue recuperar el control de “mi propio activo”.
CONFIDENCIAL habló con dos fuentes que trabajan para TTV, quienes accedieron a presentar sus puntos de vista bajo condición de anonimato. Las fuentes dijeron que “firmamos el contrato de arrendamiento, porque Indisa llegó diciendo que era el dueño de la propiedad, pero Armel nos bloqueó el restaurante, el área de lavandería y el spa (que está embargado por la DGI), y nos forzó a firmar ese contrato”.
“Armel dijo que tenía las escrituras inscritas, pero solo lo están provisionalmente”, añadió.
Contraacusaciones
Otro elemento en el que no hay coincidencia, es en la afirmación de González, que reclama la propiedad sobre la porción de costa donde está asentado el restaurante, que está sobre la arena.
“Eso no le pertenece a nadie: le pertenece al Estado. Es imposible que alguien tenga títulos de propiedad sobre las costas”, exceptuando las grandes fortunas de este país, dijo otra de las fuentes que trabaja para TTV. “A todos los demás, se las dan en arrendamiento” por una cantidad determinada de años, reclamó.
El abogado Cardoza refutó ese argumento, recordando que las propiedades que existían antes que se promulgara la Ley de Costas (se refiere a la Ley 690 o Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras, publicada en La Gaceta 141 del 29 de julio del 2009), mantenían su estatus de propiedad privada, tal como en efecto lo señala el citado texto legal.
“La Ley de Costas no es retroactiva”, recordó el letrado.
A pesar de esas diferencias, las partes mantenían los compromisos suscritos en el contrato, hasta que el pasado 1 de mayo, Norlan Eliseo López, en su calidad de apoderado general de administración de TTV, escribió un correo electrónico dirigido a Adriana González Bolaños, “accionista… de Indisa”, en la que le notifica “la terminación anticipada de los contratos de arriendo”.
Argumenta que al revisar el Registro Público del departamento de Rivas, constataron que Azor S.A. es la dueña del inmueble que habían recibido en arrendamiento, “por lo que Indisa carece de derechos de dominio sobre los mismos”, lo que considera un impedimento para que pudiera habérselos arrendado, en primer lugar.
“TTV envió una carta de terminación de contrato sobre el restaurante, (que está en la arena, y es por consiguiente propiedad del Estado), y sobre el spa, sobre el que pesa un embargo preventivo a favor DGI. El de lavandería no se canceló, porque parece que ese sí es de él”, dijo una de las fuentes de TTV.
“Si tuvieran igual o mejor derecho que nosotros, nos habrían llevado a juicio”, respondió el abogado Cardoza, al cuestionar que TTV use ese argumento para tratar de quedarse con la propiedad.
“TTV no se quiere quedar con nada. Ellos son los que quieren quedarse con algunas propiedades y hacerlas bienes comunes”, opinó la fuente.
