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Defensores de DD.HH. advierten que intenta volver al arreglo con los grandes empresarios, pero nadie está interesado en asociarse con el ilegítimo.
La propuesta de Daniel Ortega de “borrón y cuenta” de las masacres perpetradas en abril de 2018, cuando el Estado cometió delitos de lesa humanidad en Nicaragua, fue rechazada por víctimas de la represión y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que la calificaron como un “anzuelo político” para buscar legitimidad y advirtieron que “no habrá perdón ni olvido”.
Ortega realizó la promesa durante la toma de posesión de su cuarto mandato presidencial consecutivo desde 2007, marcado por el aislamiento internacional, el debilitamiento de su base política, y las sanciones contra su régimen, como las que este lunes diez de enero impusieron de manera coordinada la Unión Europea y Estados Unidos, luego de las votaciones sin garantías democráticas de noviembre pasado.
Francys Valdivia Machado, presidenta de la Asociación de Madres de Abril (AMA), que suma los esfuerzos de las madres y familiares de las víctimas de la represión, reivindicó el derecho a la memoria desde su cuenta de Twitter.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que no hubo ni una insinuación de rectificación en el discurso del gobernante. Ortega intentó confundir a la población, erigiéndose como víctima cuando fue victimario, dijo Núñez, pues mantiene la narrativa de que su régimen fue objeto de un golpe de Estado en 2018 y lo que busca es impunidad, pero estos crímenes no “pueden quedar en el olvido”.
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