La Relatora de la CIDH para Nicaragua, Esmeralda Arosemena, asegura que Nicaragua deberá rendir cuentas por la muerte de Hugo Torres, quien era preso político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Nicaragua es signataria de la Convención Americana, y la Convención Interamericana contra la tortura, que la obliga a responder frente a los señalamientos de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Y ante la demanda de una investigación independiente sobre la muerte de Torres, la relatora para Nicaragua de la CIDH estima que el organismo interamericano podría trabajar en conjunto con la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, para ofrecer al Estado sus herramientas para esclarecer los hechos, aunque la negativa del Estado es predecible.
En entrevista con Esta Noche, la jurista panameña exhortó al régimen de Daniel Ortega hacer una revisión exhaustiva inmediata de todas las personas presas políticas de la tercera edad recluidas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote”, para que garantice sus derechos a la salud y cesar las condiciones degradantes a las que están sometidas.
Y sobre los juicios políticos que se desarrollan a puertas cerradas en El Chipote, evalúa que no existen precedentes en América Latina donde se hayan violado tantas garantías judiciales y al debido proceso. “El propio escenario donde se están desarrollando esos procesos ya implica, de por sí, una violación. Solo en las dictaduras de nuestra América pasan esas cosas con los juicios”.
“Es importante que los Estados de la región miren a Nicaragua y tomar un papel protagónico para buscar el retorno real a una vida de libertad y democrática”, advierte.
¿Qué evaluación tiene la CIDH sobre los presos políticos en Nicaragua y sus juicios en la cárcel del Chipote?
Preocupación por la situación de crisis, crisis que no solo se traduce en una de orden político, sino también una crisis de derechos humanos.
La situación de los presos políticos es una situación de violación de derechos en materia de justicia, una justicia sin el debido proceso y sin el cumplimiento de las garantías judiciales que, para un país como Nicaragua, que conozco, que tiene sus normas constitucionales en las que se consagran estas garantías, no solo es la violación de un derecho internacional, de la Convención Americana sino de las propias normas del país.
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