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El régimen de Daniel Ortega ha condenado a “desaparición forzada” a los ciudadanos detenidos en los últimos meses
El régimen de Daniel Ortega ha condenado a “desaparición forzada” a ciudadanos detenidos en los últimos meses en el país, incluyendo a sacerdotes de la Iglesia Católica, cuyo estado y paradero son desconocidos.
Entre ellos, el padre Fernando Zamora Silva, canciller de la Diócesis de Siuna, y el padre Jaime Montecinos, de Sébaco, en Matagalpa. Familiares de los prisioneros políticos que conversaron con CONFIDENCIAL, relataron que luego del arresto ilegal han recorrido delegaciones policiales departamentales o de los distritos de Managua, hasta llegar a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. Pero la Policía no confirma cuál es la ubicación de ellos, y a veces lo hace muchos días después.
La dictadura realizó dos grandes redadas en abril y mayo pasado, además de otras detenciones recientes, y en la mayoría de estos casos ocultan el estado y la ubicación de los prisioneros políticos.
Otro de los casos es el del excarcelado político Juan Carlos Baquedano, secuestrado el dos de agosto en Jinotega. Su familia asegura que fue trasladado a Managua, pero las autoridades no confirman su ubicación exacta.
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