6 de agosto 2022
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La detención del renombrado periodista José Rubén Zamora, ganador del premio Maria Moors Cabot y declarado uno de los héroes de la libertad de prensa mundiales en el año 2000 por el International Press Institute, atrajo la atención internacional a finales de julio sobre el deterioro del andamiaje institucional guatemalteco.
Juan Luis Font, periodista de investigación y durante 17 años director de El Periódico –cuyo propietario es Zamora– lamenta lo que ocurre en su país y lo compara con los días de las pesquisas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuando muchos creyeron en Centroamérica que habría finalmente justicia.
“Ahora lo que estamos exactamente (es) frente a la venganza o retaliación de estas personas o grupos, que están buscando quién se las debe. Entonces han iniciado una campaña muy dura contra antiguos fiscales que procesaron varios casos de corrupción, antiguos jueces y periodistas”, explica este profesional, quien está radicado fuera de su país, a buen resguardo, mientras lo persiguen judicialmente como otros de sus colegas.
Juan Luis, ¿cómo se le explica al mundo que el Gobierno de Guatemala ha detenido a un periodista de renombre internacional como Zamora?
El péndulo ha llegado al extremo opuesto en que se encontraba en el año 2015, cuando se arranca por medio de la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y por medio del Ministerio Público en esa época, dirigido por Telma Aldana, y se persigue a una gran cantidad de personas corruptas.
Ahora lo que estamos exactamente (es) frente a la venganza o retaliación de estas personas o grupos, que están buscando quién se las debe. Entonces han iniciado una campaña muy dura contra antiguos fiscales que procesaron varios casos de corrupción, antiguos jueces y periodistas. José Rubén es la figura más reconocida y galardonada en periodismo de Guatemala.
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La Fiscalía acusa a Zamora de haber recibido 200 000 quetzales de forma ilícita. Pero en su primera comparecencia, él lo rechazó y aseguró que es un montaje del presidente Alejandro Giammattei. ¿Cuál es el fondo de la acusación?
Es difícil (saber). Todavía el Ministerio Público no ha hecho claro cuál es la acusación concreta contra José Rubén. Ha hablado de una declaración de un exbanquero muy corrupto, por cierto, que ya fue procesado por un caso importante de corrupción en un banco no estatal, pero con presencia del Estado en Guatemala. Esta persona dice que él le prestó 200 000 quetzales, que son poco más de 25 000 dólares, a José Rubén. Él dice que fue por motivos de chantaje.
José Rubén afirma que fue un préstamo que le hicieron y que puede demostrar que ese dinero lo ingresó inmediatamente a las cuentas de El Periódico. Lo utilizó para pagar los costos del diario. Pero nosotros no conocemos cuál es la acusación completa, porque ayer mismo se suspendió la reunión y se acusó a los abogados defensores del periodista de haber participado en la trama del encubrimiento—dicen ellos— de este presunto préstamo.
Una de las primeras medidas tomadas por las autoridades fue el embargo de las cuentas de El Periódico, ¿qué impacto directo tiene en ese medio? ¿Pueden operar?
No puede seguir operando administrativamente. No puede, por ejemplo, pagarles a sus reporteros o cobrarles a sus anunciantes que tienen muy pocos. Es un golpe muy duro. Sin embargo, creo que va a lograr resistirlo porque cuenta con la solidaridad de una parte de la sociedad, y mucha convicción de su redacción.
El Periódico, para que entiendan tus oyentes, es el diario que en Guatemala publica con más frecuencia hechos de corrupción, atribuibles al actual Gobierno y a los anteriores.
¿A qué apuesta entonces la Fiscalía de Consuelo Porras?
A acallar a uno de los medios, sino el más importante, al que más aguijonea, cuestiona, refleja todo el tiempo la corrupción del sistema. Tenemos un retorno del sistema de corrupción por todas sus anchas. Están recobrando el poder, han logrado cooptar el sistema judicial no voy a decir que por completo, pero casi; han logrado controlar casi completamente la Fiscalía general y tienen las cortes, tanto la Suprema como la de Constitucionalidad.
Tenemos una concentración gigantesca de poder en un grupo político que está conformado por diferentes partidos, pero que en términos generales los mueve el mismo objetivo: el enriquecimiento vía el manejo de fondos públicos.
La Conferencia Episcopal denunció que hay miedo en Guatemala y que la Fiscalía está dominada por una “Fundación contra el Terrorismo”, ¿qué incidencia tiene esta Fundación en las decisiones del Gobierno guatemalteco?
Tiene tanta incidencia esta Fundación, por ejemplo, que cuando los postuladores—que son básicamente los decanos de las Facultades de derecho del país— estaban eligiendo la nómina para que el presidente desde ahí escogiera al nuevo fiscal general de la República, cuando vieron que siete de los 15 postuladores se negaban a votar a favor de la actual Fiscal, ellos plantearon un recurso legal por medio del cual se hacía punibles que estas personas no votaran por ella.
Al mismo tiempo, la Corte de Constitucionalidad les exigió votar de esa forma. Finalmente, los siete postuladores—que se oponían—se vieron amedrentados y terminaron votando a favor de esta señora, quien inmediatamente fue reelecta por el Presidente.
Eso es para explicarte una parte de la cooptación del poder, pero en términos generales lo que vos estás viendo es una concentración gigantesca y la utilización del mismo para garantizar la impunidad, a quienes en este momento están aprovechándose de los fondos públicos, pero también a quienes ya habían sido sancionados y ahora están viendo beneficios.
Por ejemplo, José Rubén Zamora dice: Mi acusador es una persona que tiene retenidos por parte de la Fiscalía poco más o menos 4.5 millones de dólares en sus cuentas personales; a cambio de procesarme, él va a obtener el levantamiento del embargo de sus cuentas.
Hay una persecución contra otros colegas en Guatemala, incluyéndote, ¿cuál es tu situación? ¿Pueden seguir haciendo su trabajo?
Solo parcialmente. Yo no estoy en Guatemala, sufro una persecución por parte de un exministro de comunicaciones y obra pública, muy corrupto que se llama Alejandro Sinibaldi. Se le embargaron cuentas en Suiza con poco más o menos 9 millones de dólares, además de por lo menos unas 35 propiedades de gran envergadura en territorio guatemalteco. Esa persona que fue cubierta por los equipos que yo dirigía tanto en El Periódico—yo fui director del mismo durante 17 años– y luego fundador de la revista Contrapoder.
En ambos medios, cubrimos con mucha prolijidad diría yo, la función de este señor, establecimos los métodos de concursos simulados para otorgar obra pública. Contratos que permitían el encarecimiento de la obra una vez iniciada hasta en el 40 %, pagos de comisiones, otorgamientos de contratos ficticios, supervisión engañosa.
Este señor sale a acusarme a mí y dice: él me cobraba a mí (dice refiriéndose al periodista) para tener buena prensa. Inmediatamente los reporteros que trabajan conmigo dicen: ¿buena prensa? Nosotros tenemos nueve reportajes investigativos en que demostramos todo esto que acabo de decirte.
Todo este ambiente hostil contra el periodismo, ¿cómo está impactando en el resto de colegas?
Hay una impresionante solidaridad y determinación de no dejarse avasallar. Sin embargo, debo decir que también hay miedo. Hay una persecución gigantesca hacia la prensa en los departamentos. Me preocupa enormemente lo que está ocurriendo en las regiones.
Mucho de lo que vemos en Nicaragua ocurre en Guatemala, si querés a menor escala. No de una manera tan estructurada, pero nuestro mayor temor es que vamos rumbo a constituir un modelo semejante.
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Algunos dijeron que les preocupaba convertirse en una “Nicaragua 2.0”, ¿por qué este escenario es tan temido?
Porque desaparecen prácticamente todas las garantías. Nosotros vemos con horror que los nicaragüenses que son acusados por el Régimen, prácticamente no tienen derecho a la defensa, ni hay publicidad de sus casos. Eso lo tenemos todavía en Guatemala al menos parcialmente y debemos defenderlo con ahínco. Acá tenemos cooptadas a las cortes y el sistema judicial, pero todavía existen ciertos resquicios por medio de los cuales uno se puede salvar.
Para nosotros entrar en esta ruta, es sumamente peligroso, porque nos vemos reflejados en ese terrible escenario nicaragüense. Cuando nosotros, oímos que se están cerrando medios como las radios de la Diócesis de Matagalpa, o se está persiguiendo y cerrando a pequeños medios de televisión por cable en localidades muy pequeñas, hay una idea de imponer un discurso único y permitirle a la sociedad solo informarse a través de las fuentes oficiales.
¿Cómo han reaccionado los otros sectores, la empresa privada?
Aunque inicialmente se mostró exigente del debido proceso en el caso de José Rubén, pronto pareció alinearse. El poder está muy concentrado en Guatemala. El propio empresariado que es muy fuerte en el país pareciera estar entre amedrentado y complacido con la forma en la que se está manejando la cuestión pública.
Amedrentado porque una decisión administrativa del Gobierno puede afectarles en intereses que representan muchos millones de dólares. Pero, por otro lado, complacido porque en términos generales nuestras élites nunca se han apropiado de los valores democráticos.
