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La dictadura de Daniel Ortega ordenó la confiscación ilegal de los bienes de los 222 presos políticos que fueron excarcelados y desterrados a los EE. UU. el pasado 9 de febrero.
La Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó a la Procuraduría General de la República proceder “inmovilizar y el decomisar a favor del Estado de Nicaragua de los bienes que todos los condenados tengan en los Registros públicos de la Propiedad y Mercantil”, incluyendo las acciones y sociedad mercantiles que posean.
La resolución contiene casi los mismos elementos que la "sentencia" contra los 94 nicaragüenses declarados apátridas por la dictadura el 15 de febrero pasado, en la que también se ordenó la confiscación de sus bienes.
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