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Se vislumbra un “esquema de estafa y de robo”, con altas probabilidades que “se involucre el Estado de China”
A pesar de derogar la Ley 840, la concesión del fallido canal interoceánico en Nicaragua entregada al empresario privado chino Wang Jing, Daniel Ortega mantiene su amenaza de hipotecar, una vez más, la soberanía nacional bajo un nuevo “esquema de estafa y robo” en el marco de su alianza con China y Rusia, advierten ambientalistas y opositores nicaragüenses.
La dictadura derogó la concesión canalera, pero mantiene vigente la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico y de Creación de la Autoridad del Gran Canal.
A pesar del fracaso del megaproyecto once años después, el discurso de la dictadura mantiene viva su promesa. Críticos al régimen temen el involucramiento poco transparente del Estado chino.
La Ley del Gran Canal provocó desde 2013 hasta inicios de 2018 más de cien marchas campesinas y de pueblos indígenas que protestaban por la opacidad del proyecto y la amenaza de arrebatarle sus tierras. Los líderes campesinos en el exilio, Medardo Mairena y Francisca Ramírez, reaccionaron a derogación de la concesión canalera.
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