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Este es el comentario de Carlos F. Chamorro en la edición del 4 de febrero de 2024, en Esta Semana. A continuación, un fragmento del mismo:
El régimen ha continuado extendiendo su política de confiscaciones ilegales y extorsión económica, no solamente contra los perseguidos políticos, sino también contra sus familiares y contra ciudadanos que ni siquiera están mencionados en la lista de sus decretos confiscatorios, que también son ilegales.
Estas acciones policiales, como las que se ejecutaron contra los propietarios del condominio Farallón de Sotavento y el hotel Casablanca, en San Juan del Sur, o la extorsión económica contra la empresa Pastelería Margarita, forman parte de la venganza política y la corrupción económica que sostiene al régimen en el poder.
En primer lugar, porque el artículo 44 de la Constitución Política de la República, prohibe de forma taxativa la confiscación de bienes.
Ademas, los mecanismos de extorsión económica, a través de la Dirección General de Ingresos, las alcaldías, y la dirección General de Aduanas, se aplican de forma generalizada contra grandes, medianas y pequeñas empresas, a las que les imponen multas, y reparos, para negociar el pago de coimas millonarias.
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