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Para Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, el Estado policial del régimen Orteguista es desmantelable, pero asegura será un proceso largo.
El informe “Concentración de Poder y Debilitamiento del estado de Derecho en Nicaragua”, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que la concentración de poder en el Ejecutivo nicaragüense, dirigido en los últimos 14 años por el régimen Ortega-Murillo, ha facilitado en Nicaragua la imposición de un estado policial, sobre todo desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
Para la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH y relatora para Nicaragua, este estado policial que el régimen orteguista mantiene en el país es desmantelable, aunque, destacó que sería un proceso “largo”, que requeriría “en primer lugar” la realización de “elecciones justas, transparentes, con garantías propias de unas elecciones democráticas”.
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