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Ana L. Álvarez demanda la libertad de sus parientes y de más de 160 ciudadanos, en el marco de campaña “Navidad sin presos políticos”.
Los parientes de presos políticos, tanto de los que se encuentran en la celda policial de El Chipote, como de los que están en las cárceles administradas por el sistema penitenciario en Nicaragua, demandaron este domingo su libertad, mientras denunciaron la implementación de medidas de aislamiento en ambos regímenes carcelarios.
Para Ana Lucía Álvarez, defensora de derechos humanos, sus parientes quedan “expuestos a torturas agravadas”. “Ya ni siquiera nos permiten escribir de puño y letra en las botellas de agua que dejamos, porque como nuestra escritura es un contacto de ellos y ellas con nosotros, ni siquiera eso permiten”, ejemplificó.
“Desde la última visita, que se autorizó en noviembre, no sabemos nada. Las visitas siguen sin ser regularizadas por derecho en el Chipote. No tenemos ninguna información adicional. Los presos políticos están expuestos a torturas agravadas. En el caso de la gente (ubicada en) Auxilio Judicial llevan casi seis meses incomunicados con el exterior, el único contacto es el interrogador”, agregó.
Álvarez, quien es hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil, ambas presas políticas desde junio pasado, informó que en el país hay al menos 167 personas detenidas por razones políticas, según el Mecanismo de Reconocimiento de Presos y Presas Políticas, una instancia que incluso considera ese dato como una cifra aproximada, tomando en cuenta la falta de acceso a información por parte la dictadura de Daniel Ortega y el temor de denunciar que existe entre la población, so pena de enfrentar represalias gubernamentales.
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