Yonarqui Martínez y Gonzalo Carrión: “Los reos de conciencia quedan en indefensión”

El Colegio de Abogacía de Cataluña otorgará a nueve abogados nicaragüenses, entre ellos varios expresos políticos, desterrados, desnacionalizados, o en condición de casa por cárcel, el Premio Internacional al Valor, en reconocimiento a la labor desarrollada en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses.

Los galardonados son Vilma Núñez de Escorcia, Álvaro Leiva, María Oviedo, Gonzalo Carrión, Yonarqui Martínez, Ana Margarita Vijil, Róger Reyes, Mónica López Baltodano, y Uriel Pineda.

Entre los premiados asistirá a la ceremonia el próximo 20 de junio en Sabadell, Barcelona, (España), Yonarqui Martínez, quien explicó que “todos quisiéramos estar ahí, pero no a todos les es posible. Y esto es una prueba más de la solidaridad que tienen los colegas abogados en todas las partes del mundo”.

¿Qué significa este reconocimiento para ustedes que desde hace varios años se encuentran en el exilio y también desnacionalizados?

Yonarqui Martínez. La verdad es que es algo inesperado. Significa la resistencia que tenemos aún los defensores de derechos humanos y, a Dios gracias, el reconocimiento de estas instituciones y el seguimiento que nos han dado a través de los años. Acordate que desde 2018 estamos tratando de documentar y denunciar lo que pasa en Nicaragua. Fue una sorpresa, esto es gracias al reconocimiento y a la participación de cada uno de los usuarios que confían a diario en nosotros en esas denuncias y en documentar al régimen Ortega-Murillo.

Gonzalo Carrión. Yo lo vinculo como una expresión de solidaridad del Colegio de Abogados y Abogadas de Cataluña, y el vínculo estrecho con lo que pasa en Nicaragua, con la realidad de Nicaragua, en la cual personalmente tengo más de 30 años en la defensa de los derechos humanos, lo que ha sido muy difícil en los últimos seis años.

Lo recibo con humildad y con el compromiso de reafirmar el activismo, independientemente de lo que nos ha estado haciendo la dictadura Ortega-Murillo, y particularmente en contra del pueblo nicaragüense.

Durante varios años defendiste a presos políticos como abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, también como abogada independiente, asumiendo muchísimos riesgos contra tu persona y tu familia. ¿Hubo algún caso judicial específico o alguna acción del Gobierno que te obligó a exiliarte?

Yonarqui Martínez. Hubo muchas causas, pero la última fue porque ya era imposible ejercer la defensa. No podía estar porque era un riesgo para mi libertad y era un riesgo hacia mi vida. Lamentablemente, creo que todos los abogados a los que nos quitaron la licencia y que pasamos por muchas cosas, valoramos nuestra seguridad antes de antes de tomar una decisión.

La masacre del Carlos Marx

Vos trabajaste muchos años en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, liderado por la doctora Vilma Núñez de Escorcia. El régimen te criminaliza después de la masacre contra la familia del Barrio Carlos Marx en 2018. ¿Qué ocurrió en ese caso? ¿Por qué te involucran y te acusan, y qué ha pasado seis años después?

Gonzalo Carrión. En la masacre contra la familia del Carlos Marx, donde asesinaron a seis miembros de tres generaciones, abuelo de dos niños y los padres de los niños, prácticamente tropecé yo con un equipo de colegas. Me aproximé a la zona del incendio, incluso en el contexto de riesgo porque operan en la zona paramilitares con la protección de la Policía Nacional, y llegué para ver las condiciones que tenía esa masacre, varias horas después. No obstante, encontramos una cantidad significativa de pobladores y colegas tuyos que estaban todavía documentando lo que ahí sucedió. Seis meses después, el jefe del Chipote, el comisionado general Luis Pérez Olivas, presenta como caso esclarecido la masacre, involucra a unos jóvenes que ellos denominaron delincuentes del M 19 de abril en ese asesinato, y dice literal “el sujeto Gonzalo Carrión se presentó a lo inmediato brindando declaraciones para desvirtuar los hechos”. En consecuencia, me imputan participación en grado de encubrimiento, obviamente fuera de todo lo sucedido, porque ese es uno de los crímenes mejor documentados por el periodismo y por las organizaciones de derechos humanos, un crimen de lesa humanidad que fue repudiado a nivel internacional. Entonces, seis meses después, bajo presión, cambian la versión de familiares de sobrevivientes de ese crimen, me involucran y eso obligó que el mismo día me resguardara durante diez días en Managua y saliera 28 de diciembre (de 2018) hacia Honduras y el 30 de diciembre a San José, Costa Rica.

En este momento ¿hay algún espacio para los abogados defensores en Nicaragua? ¿Cuál es la situación de los más de 120 presos políticos para poder ser representados ante esa maquinaria de condenas que existe en el país?

Yonarqui Martínez: La situación de los abogados defensores no es fácil. No hay condiciones, no hay seguridad. No hay ningún tipo de prerrogativa que nos indique que se respetan los derechos de los abogados; se les cercena su derecho laboral. Lamentablemente, los presos políticos son los que sufren las represalias indirectas del régimen. Al actuar en contra de los abogados defensores que están defendiendo a cada uno de los de los encarcelados, y son expulsados, perseguidos o amenazados, los reos quedan en indefensión, porque tienen que ser representados por abogados del Estado, por la Defensoría.

Recordemos el caso del sacerdote al que le fue impuesto un abogado y este más bien estaba elogiando la administración de justicia. Entonces, lamentablemente no hay condiciones de seguridad. Si existen defensores que de manera valiente, casi en la clandestinidad, se encuentran tratando de colaborar y de ayudar, obviamente no estamos como antes, pero siempre se les está dando seguimiento. Se está tratando de ayudar a la familia, asesorando a la familia. La situación ha cambiado, es muy difícil, pero nuestra tarea es estar con ellos, hasta que sean excarcelados.

Veamos la otra cara de la moneda sobre este sistema de injusticia que hay en Nicaragua. ¿Cómo valoran la labor que desarrollan jueces y fiscales del régimen que acusan y condenan a los perseguidos políticos? ¿Pueden alegar alguna suerte de atenuante en el cumplimiento de órdenes?

Gonzalo Carrión. Absolutamente no. No hay justificación lógica ni jurídica. Incluso la razón política solo demostraría cómo se han sometido a la voluntad del poder central de la familia Ortega-Murillo, porque las autoridades del Poder Judicial desde la máxima magistratura, el de Corte Suprema, magistrados de Apelaciones, jueces de todos los niveles, se rindieron frente a la voluntad del poder central de la familia Ortega-Murillo y contribuyeron a la ruina de ese Poder Judicial. De hecho, ya venía desde el 2007 esa concentración y esa subordinación, hasta que lograron doblegar absolutamente toda expresión de independencia.

Y no obstante eso, hay que reivindicar conductas de jueces y juezas que, tratando de separarse de esa subordinación absoluta, violatoria de los derechos humanos en el país, les han pasado la cuenta y no son pocos los jueces que han salido del país precisamente por tratar de distanciarse. De tal manera que el Poder Judicial está completamente en ruinas, como todos los poderes del Estado.

Pero hay un patrón, poca posibilidad de defensa material por las condiciones de cómo se empeoró en los últimos años, al extremo de que no solo se hacen audiencias en el anonimato, ya no son audiencias orales y públicas, sino que las hacen en las unidades donde están privadas de libertad las personas.

Más de 1200 historias documentadas

¿Se puede seguir ejerciendo alguna clase de defensa legal de derechos humanos desde el exilio? ¿Puedes ejercer tu profesión como abogada en el exilio?

Yonarqui Martínez. Perfectamente, podemos seguir. Yo sigo dándole seguimiento a mis usuarios. Es un trabajo en equipo. Existen personas valientes todavía, existen ciudadanos comprometidos con la causa, y esto nos ha ayudado a que nos retroalimenten de información. Nosotros podemos realizar escritos y luego las diferentes personas pueden interponerlo. No es fácil, pero si se mantiene la documentación, no podemos dejar el seguimiento. Recordemos que existen presos políticos que ya están condenados. No hay ningún proceso, al estar condenado, solo están en el Juzgado de ejecución, pero si se les da seguimiento, por ejemplo, el caso de don Eliseo Jesús Castro Baltodano, que se encuentra en el Lenín Fonseca todavía después de que le dio un derrame cerebral. Entonces lo que hacemos nosotros como abogados, es darle seguimiento y hacer peticiones.

La semana pasada, el Colectivo de Defensores de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, del que sos uno de sus fundadores, cumplió cinco años de laborar desde Costa Rica. ¿Qué desafíos tiene hoy ese colectivo?

Gonzalo Carrión. Seguir documentando, mejorando la documentación y el registro para fortalecer también el acompañamiento a víctimas que están en Nicaragua, incluyendo personas presas políticas, familiares que, a pesar del estado de terror, siguen denunciando en medio del anonimato, pero siguen denunciando. Fortalecer ese proceso de acompañamiento, incluso con miras a que la víctima, que es la central, el que decida ejercer acciones más allá de lo que en Nicaragua no se pueda hacer, nosotros fortalecer esa parte documental. En simultáneo con el proceso de nuestra labor de incidencia a nivel internacional, nosotros siempre estamos haciendo acciones ante la Comisión Interamericana, haciendo uso de los mecanismos regionales interamericanos y de los mecanismos universales.

A pesar de esa arremetida que se ha agravado en estos últimos años, con destierros y despojo de nacionalidad y confiscaciones, el Colectivo reafirma en estos cinco años que no solo vamos a continuar acompañando a las víctimas en su dolor, sino que también estamos haciendo algo para que no se olviden las historias. Tenemos más de 1200 historias documentadas, 180 de ellas son de víctimas de tortura. Entonces con la decisión de la víctima, en la oportunidad que tengamos sea acompañarles con acciones internacionales, sea contra el Estado, por violación a los derechos humanos o acciones que se posibiliten en algún país para acciones penales y que los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos no sigan en la impunidad.