De docentes universitarios en Nicaragua a trabajar “en lo que sea” para sobrevivir en Costa Rica

Separados de sus puestos de trabajo, o expulsados de Nicaragua, centenares de docentes han tenido que abandonar las aulas para buscar nuevas opciones laborales, dentro o fuera del país. CONFIDENCIAL conversó con tres de ellos, radicados en Costa Rica, que accedieron a contar sus historias bajo los seudónimos de Bradford, Karime, e Ignacio.

Además de reprimir a los ciudadanos que a partir de abril de 2018 se expresaron en las calles demandando el fin del régimen Ortega - Murillo, la dictadura también puso en la mira a los profesionales y empleados estatales de cualquier nivel académico o de confianza, lo que significó miles de despidos, tanto de docentes como de médicos y administradores, pero también secretarias, conductores, conserjes, etc., por no comulgar con las tesis oficiales.

Karime fue uno de ellos. Cuando se graduó de Enfermería en la primera mitad de la década pasada, recibió una extraña asignación en concepto de servicio social: tendría que dar clases gratuitas de estudios sociales, (materia rebautizada como 'formación en valores'), y biología, a alumnos de cuarto y quinto año, sabiendo que tenían que cumplir con la indicación de aprobar a los alumnos sí o sí.

Si alguno resultaba aplazado, “teníamos que redondearles una calificación de 60”, que es el mínimo para aprobar en Nicaragua. “Fue así como entré a la docencia, después de lo cual, me extendieron un certificado de licenciado. Cuando terminé el año, me dieron dos certificados más, que tengo guardados, pero no los presento porque tienen esa bandera rojinegra”, dijo el profesional.

Después de esa experiencia docente, combinó en distintos tiempos la enfermería con el magisterio, al ver que sus antiguos alumnos lo buscaban para que les impartiera clases privadas de refuerzo, en temas que les dejaban en la universidad, o para que les ayudara dando clases a sus hijos.

Aunque desde 2016 comenzó a trabajar para el Ministerio de Salud (MINSA), no tuvo un contrato formal hasta enero de 2018 porque, “como siempre he sido antisandinista, cuando llegaban las elecciones municipales o presidenciales, me mandaban a votar y yo no iba. Yo siempre les decía lo que no me gustaba en el hospital. En enero de 2018 me dieron un contrato de ocho meses, pero como comenzaron las protestas, y yo participé en eso, me quitaron ese privilegio”, rememora.

Ante el asedio que le siguió al declararse abiertamente antigobierno, Karime decidió salir de Nicaragua, atravesando la frontera con Costa Rica por sitios irregulares.

Al llegar a San José, una ciudad que no conocía, fue a parar al Parque La Merced, donde una vendedora ambulante se apiadó de su situación, y se lo llevó a su casa. Ahí tuvo que colaborar en la pequeña panadería propiedad de la señora. Luego consiguió empleo cuidando ancianos por un salario de 180 000 colones (unos 285 dólares o 10 000 córdobas al tipo de cambio aproximado de ese momento), mucho menos que el salario mínimo vigente en Costa Rica.

En la actualidad trabaja 60 horas semanales en el área administrativa de una empresa de vigilancia donde le pagan 320 000 colones (unos 630 dólares o 23 000 córdobas), que sigue siendo menor que el salario mínimo actual.

Aunque su salario compra en Costa Rica mucho menos de lo que ese mismo monto permite adquirir en Nicaragua, Karime está claro que no puede volver a su tierra, hecho que de cuando en cuando le recuerdan voces amenazantes “de alguien que me dice que me va a palmar, [asesinar, en el argot nicaragüense], y que ya sabe dónde vivo”.

Bradford... el ingeniero que plancha ropa ajena para sobrevivir

Bradford estudió Ingeniería Electrónica y, cuando descubrió el gusto por la docencia, se dio cuenta que podía ganarse la vida haciendo algo que le gustaba: formar a la siguiente generación de ingenieros, labor que tuvo que dejar de ejercer, después que descubrieran que había apoyado a sus alumnos que participaron en las protestas que explotaron en abril de 2018.

De su época como docente, recuerda el modo en que los estudiantes de UNEN [la oficialista Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua] iban cerrando el círculo contra los alumnos que adversaban al Gobierno, “y como presidían cada salón de clase, yo tenía que ejercer mi labor con mucha precaución”, refiere detallando cómo entre varios docentes habían elaborado la lista de estudiantes de UNEN que debían recibir el aprobado en todas las asignaturas, incluyendo aquellas a las cuales ni siquiera asistían.

Después de 2018, en la universidad comenzaron a crear grupos de docentes, (similares a los que había en los barrios), a los que entregaban camisetas con mensajes alusivos al Gobierno, y les exigían participar en marchas sabatinas, o les decían que tenían que reportar con la alta jerarquía de la universidad, a los estudiantes que mostraran su inconformidad. Por su parte, los alumnos de UNEN espiaban a los estudiantes y a los docentes que opinaran en contra del Gobierno.

Su salida del país ocurrió de forma inesperada. Recuerda que ya conocía la circular donde se establecía que cualquier docente, administrativo, o todo el que trabajara en una universidad, tenía que informar con anticipación si quería salir del país.

De visita en Costa Rica, un amigo de la facultad le comunicó que “solo estaban esperando que yo regresara a Nicaragua, para hacerme lo que le hacían a todos los opositores, que en ese momento era llevarlos a El Chipote”, por lo que decidió exiliarse inmediatamente en ese país.

Aunque buscó emplearse en aquello que había estudiado, tuvo que aceptar un puesto en un centro de llamadas en español, al confirmar que sus títulos universitarios no eran reconocidos a priori por el Estado costarricense, y que para lograrlo, tenía que completar una complicada serie de requisitos, que incluyen “tener licencia de conducir de todas las categorías”.

“Tenés que tener determinadas certificaciones. Tu título debe estar validado por el CONARE [el Consejo Nacional de Rectores], que pone muchas trabas, y prácticamente habría que volver a iniciar la carrera, porque al evaluar la malla curricular de Nicaragua versus la de Costa Rica, hay muchas asignaturas que tienen otro nombre, así que tenés que llevarlas otra vez, y eso obliga a tener que repetir casi la mitad” del pénsum.

Relata que ha recibido ofertas de una agencia de empleo, pero en todos los casos es para trabajar en labores para las que está sobrecalificado porque aquí “nuestros estudios no tienen validez. No tienen valor alguno, ni se reconoce nuestra capacitación profesional”, asevera llorando.

Bradford está entusiasmado porque, después de enviar su currículo de manera infructuosa a varios centros y universidades, acaba de presentarle un resumen de toda su experiencia laboral y mis títulos al gerente de un instituto técnico que le ofreció apoyo para “equiparar mi título de técnico, pero no el de ingeniero”, lo que solo podrá hacer cuando entre en vigor el convenio que firmó CONARE con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Por ahora, su esperanza es poder ejercer la docencia, para dejar de vender su capacidad como redactor de tesis a un estudiante de la Universidad de Costa Rica; no tener que volver a planchar ropa ajena, ni cuidar junto con su hermano (también experto en Informática), la pequeña pulpería de la señora que, generosa, les ofreció albergue a cambio de ayudarle a vender gaseosas y meneítos.

Creando oportunidades

Cuando Ignacio se graduó de Ingeniería Industrial en 2010, siempre tuvo claro que lo suyo no era buscar que una prestigiosa empresa lo empleara para hacerse cargo de sus máquinas o de sus sistemas, y se fue a una lejana comarca en el norte del país, donde no había electricidad para iluminarse, y menos para activar un motor para extraer agua.

“El último poste de luz estaba a 60 kilómetros, así que diseñé un sistema de bombeo fotovoltaico para llevarles agua. Llevé mi sistema a un concurso internacional. El proyecto salió ganador, y el siguiente año se estaba ejecutando. Siempre me sentí atraído por lo social. Yo no pagué un solo córdoba por estudiar en una universidad, y por eso quería retribuir. Para mí es más importante usar mis conocimientos para ayudar a la gente, que ir a una empresa de renombre, como la mayoría de mis compañeros”, relató.

Después de trabajar para compañías madereras del sector industrial, y de ser contratado por una empresa de maquinaria alemana que lo envió a Guatemala a capacitarse en diseño de sistemas neumáticos, Ignacio estudió “algo de inglés, así como estructura organizacional, y luego, de forma autodidacta empecé a formarme con software de gestión, que es una herramienta para no tener que trabajar de forma arcaica”.

Eso le permitió seguir siendo ampliamente conocido en el gremio de los ingenieros industriales, lo que a largo plazo tendría muchas consecuencias positivas, (cuando lo llamaron a dar clases a nivel universitario) así como -al menos- una negativa, cuando el régimen se fijó en él.

La noticia de que la prestigiosa Universidad Centroamericana le ofreció una clase especializada llamada Diseño de Planta, (conocida también como Planeación y Diseño de Instalaciones Industriales), le llenó de orgullo, lo que se vio magnificado por una evaluación internacional que lo calificó con “cinco sobre cinco, y le dio muy buenas recomendaciones. Después, la UCA me encomendó diseñar la clase de Planeación y Control de la Producción 1 y 2; pero ajustadas al mercado laboral nicaragüense. Luego me ofreció impartirlas, así como la clase de Administración de Mantenimiento Industrial”.

Ignacio relata que, cuando el régimen confiscó la UCA, y trató de sustituirla con una entidad a la que llamó ‘Casimiro Sotelo’, (como el joven que luchó contra la dictadura somocista, desde las aulas de la misma UCA), él recibió una curiosa una 'oferta de aceptación no voluntaria', para impartir clases en la nueva universidad y para reclutar a otros docentes que impartieran clases ahí.

“Me contactaron a mí porque conozco a varios docentes: algunos que están afuera, otros que tienen casa por cárcel, y otros que se han quedado dentro guardando silencio. Me dijeron: 'Tengo esta plaza para vos’, y pregunté directamente: ¿puedo decir que no? “No te lo recomiendo”, me dijo. Entonces dije que sí, pero que me diera chance para sacar varios trabajos que me habían encomendado y pagado, y me permitieron presentarme la primera semana de enero con mi currículo, mis papeles de soporte, pasaporte e identificación”.

Demás está decir que, a los que sí llegaron con toda esa documentación les retiraron sus pasaportes. Para cuando llegó la primera semana de enero, Ignacio ya no estaba en Nicaragua: cruzó a pie la frontera con Costa Rica, acompañado de su esposa e hija “acosados por el Ejército y por la Policía nicaragüense”, pero sintiéndose bendecidos por el apoyo recibido de parte de dos organizaciones que les ayudaron a salir.

Aunque pudo encontrar un empleo en el que se desempeña como técnico, Ignacio no está contento con simplemente ganar un salario para pagar sus cuentas, por lo que está buscando cómo “crear alguna empresita”, además de diseñar un curso de administración para pequeños negocios familiares, de refugiados que está presentando a distintas organizaciones, con la esperanza de que le ayuden a hacerlo realidad.