6 de mayo 2024
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El colectivo de defensores de derechos humanos Nicaragua Nunca + celebró su quinto aniversario con un debate en San José, Costa Rica, sobre cuáles son las rutas de la justicia sin impunidad para Nicaragua, seis años después de la Rebelión de Abril.
En este foro, celebrado el martes 30 de abril de 2024, conversamos con cuatro actores internacionales: Paula Bertol, exembajadora argentina ante la OEA; Claudia Paz y Paz, fiscal guatemalteca y exintegrante del GIEI; Ángela Buitrago, fiscal colombiana e integrante del grupo de expertos de la ONU sobre Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN); y Alexandro Álvarez, jurista chileno y exmiembro del Meseni de la OEA y del GHREN.
Les preguntamos sobre el juicio que ya se inició en Argentina contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros 12 altos funcionarios, por crímenes de lesa humanidad, y sobre un posible juicio contra el régimen de Ortega en la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción Nicaragua reconoce, por violaciones a los convenios internacionales contra la apatridia y la tortura, y esto fue lo que nos dijeron.
El Informe del GIEI 2019
Claudia Paz y Paz: Hicimos nuestro mayor esfuerzo para que el informe fuera lo más científicamente comprobado. Intentamos, con las dificultades que teníamos, incluso recrear las escenas del crimen, reconstruirlas, identificar con mapas, fotografías y videos, reconstruir lo más exacto posible lo que había ocurrido.
El informe logró no solo señalar con evidencia, los patrones en las que había ocurrido la represión, sino la responsabilidad de las más altas autoridades del Gobierno. El informe insiste en que se debe de investigar al presidente Ortega por la comisión de estos crímenes y también fue el primer documento internacional. Luego fue recogido por otros, como los informes del GHREN, en que señaló contundentemente que se trataba de crímenes de lesa humanidad.
La importancia del informe en aquel momento es que contrastó la narrativa del Gobierno de que las marchas pacíficas habían sido un intento de “golpe de Estado”, y creo que el informe destruyó esa narrativa y también señaló con claridad que eran las fuerzas de seguridad o grupos paraestatales los responsables de la inmensa mayoría de los casos, y que estos hechos se leían a la luz del derecho internacional como crímenes de lesa humanidad.
Queda continuar en estos caminos de búsqueda de la verdad y la justicia, los esfuerzos que ya se están haciendo desde Argentina en jurisdicción universal, los esfuerzos que se pueden hacer también desde el sistema interamericano, el trabajo del GHREN.
Seguir documentando, seguir denunciando lo que ocurre en Nicaragua son avenidas que, aunque no lleven frutos inmediatos, si presionan al régimen Ortega-Murillo, y lo más importante, hacen que frente a todo lo que ocurre en el escenario mundial, que son también gravísimos problemas de violaciones de derechos humanos, hará que Nicaragua no salga de la agenda, y eso permita que la presión de la comunidad internacional, política y ojalá económica, siga sobre el régimen para que se detengan las graves violaciones de derechos humanos.
El juicio penal en Argentina 2022
Paula Bertol: Toda la comunidad internacional está con una gran incidencia, alzando la voz para que este tema no decaiga. En Argentina se está llevando a cabo un proceso virtuoso, a partir del 5 de octubre de 2022 con (el abogado) Darío Richarte y su socio.
Argentina tiene en su Constitución Nacional el artículo 118 que abre esta puerta, habilita hablar de la jurisdicción universal. Estos abogados prestigiosos tenían contactos, eran muy reconocidos en la justicia penal argentina y pudieron conversar a fondo sobre las posibilidades de que esta causa se abriera y que este juez y este fiscal pudieran dar lugar y ver, y escuchar la documentación y los testimonios.
Yo quiero que ustedes sepan que en la Argentina todo lo que ustedes están haciendo, está presentado. No hay nada de lo que construyan día a día que, en la causa argentina, no se haya presentando.
En este momento hay más de 15 personas junto a Ortega y Murillo, denunciadas, todos miembros del Ejército, de los grupos parapoliciales. Con el nombre y apellido de gente que participó en la masacre de abril y que hoy forma parte de la dictadura, y creemos que más temprano que tarde será convocada para que pueda tener una indagatoria.
Y en caso de ser convocados a indagatoria, si no concurrir con el tiempo, también esperamos la orden de captura internacional. ¿Qué significa esto? Que Nicaragua se puede transformar en una cárcel para muchos. Porque salir de allí sería estar expuesto a esa captura internacional de parte de muchísimos países. Imaginamos que pueden ir a Rusia, a China, a Cuba. Pero van a ser muchos los lugares donde los dictadores no van a tener cabida. Y esto es una prisión enorme para ellos, y para sus familiares.
El informe del GHREN ONU 2023 y 2024
Ángela Buitrago: Hemos concluido en estos dos informes que tanto el presidente Daniel Ortega como la vicepresidenta Rosario Murillo y varios de los altos funcionarios del Estado, en esta centralización del poder que están siendo plenamente identificados, muchos de ellos deben ser sometidos a investigaciones judiciales. Porque una característica tan esencial, lamentablemente en Nicaragua, es la impunidad total.
El Estado debe rendir cuentas, pero también las personas que han realizado estos comportamientos. Que el Estado de Nicaragua rinda cuentas por sus obligaciones en virtud de las Convenciones que ha suscrito desde hace muchos años y estamos refiriéndonos en particular a la tortura y al tema de la convención para reducir los casos de apátridas.
Estamos promoviendo que haya varios focos que, por aspectos fundamentales en el tema de la personalidad y la nacionalidad, puedan ser iniciados en otros países. El GHREN señala, sin lugar a dudas, la violación propia de las normas constitucionales nicaragüenses, pero sobre todo el Derecho Internacional que nos permite generar la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia.
No se pueden dejar estos hechos impunes. Los actos que hemos registrado posteriormente con el GHREN, en cuanto tiene que ver con la falta de cooperación de Nicaragua, con mecanismos multilaterales, universales y regionales de derechos humanos, el desacato judicial en que se encuentra permanentemente Nicaragua con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la falta de investigación inicialmente y condena, pues los hace ya responsables de los crímenes que se han cometido frente a estos elementos. Esperamos ir avanzando para que podamos, por lo menos con la prórroga del mandato hasta el año 2025, generar esta rendición de cuentas también de manera internacional.
La CIDH y la OEA ante el retiro de Ortega
Alexandro Álvarez: El Consejo Permanente de la OEA, once días antes de que Nicaragua dejara de ser parte de la organización, ha señalado que seguirá dando seguimiento al cumplimiento de las convenciones que Nicaragua no ha denunciado, entre las cuales está la Convención Americana de Derechos Humanos, y en particular señala la resolución del Consejo Permanente de la OEA de noviembre 2023. Esto supone que hay una voluntad política que no se había observado antes en la historia de la organización de hacer seguimiento particular de la situación de derechos humanos de Nicaragua.
A veces pareciera que la crisis en Nicaragua está en un punto muerto en el que no se avizoran en el horizonte cercano. Pero la situación de Nicaragua está perfectamente vigente en el contexto político. La historia nos muestra que estos procesos producen ventanas de oportunidad para las cuales hay que estar preparados.
Hay varios aspectos en los cuales las distintas crisis de derechos humanos, al menos en nuestro continente, han ido generando nuevos estándares de derechos humanos. Lo que hoy día damos por sentado, como el derecho a la verdad y la memoria, es el resultado de la lucha de la sociedad civil argentina y chilena. Por ejemplo, en armar una narrativa que permitiera a las organizaciones internacionales dotar al derecho internacional de conceptos jurídicos para exigir verdad y justicia, memoria, reparación, garantías de no repetición como estándares que no existían hasta antes de estas luchas sociales. Todos los procesos transicionales comparados han estado por debajo de los estándares internacionales en nuestra historia. Y en ese contexto no va a ser ninguna sorpresa ni es ninguna idea descabellada pensar que la preparación para la transición nicaragüense puede generar nuevos estándares, sobre todo sobre participación de las víctimas en los procesos transicionales, sobre tratamiento de violaciones a los derechos humanos que han solido ser olvidadas en procesos transicionales como la prisión política, el exilio y la apatridia.
La Corte Internacional rechazó una solicitud de Nicaragua en un juicio. contra Alemania, supuestamente por la violación del Convenio para la Prevención del Genocidio por su apoyo a Israel en la guerra contra Hamás en Gaza. Ortega recurre a esa Corte porque es el único instrumento internacional cuya jurisprudencia reconoce, y se ha hablado mucho desde hace varios años de que Nicaragua debería ser enjuiciado en esa Corte por violación a los Convenio de Prevención de la Tortura y la Apatridia. Tenemos ya seis años bajo tortura en el país y hay cantidad de evidencia sobre esa violación también de la apatridia que se instauró en la Constitución de Nicaragua también desde hace más de un año. ¿Por qué no progresan esas, esas iniciativas? ¿Es un asunto jurídico o es un asunto político?
Enjuiciar a Ortega en La Haya es un tema político
Claudia Paz y Paz. Tanto de la jurisdicción universal como los procesos ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos tienen sus tiempos, tienen sus momentos, sus pasos, pero están avanzando. Creo que el de Argentina es el que está más avanzado, en este momento, de jurisdicción universal. Y coincido también por la experiencia de Guatemala, muy parecida a la de Chile, fue lo internacional lo que destrabó lo nacional, pero eran regímenes diferentes. Fue la jurisdicción universal en España, en la solicitud de extradición de los implicados en genocidio, lo que destrabó los procesos nacionales. Entonces, aunque no tengamos certeza de cuál de estos distintos procesos que se han mencionado es lo que va a provocar y hacer la presión en su momento y cuándo va a ser ese momento, creo que en todas esas vías vale la pena y hay que seguir trabajando.
En estos casos estamos hablando de procesos que son iniciados, no ante los ejecutivos, las cancillerías de los países, sino los poderes judiciales y también en algunos casos, sobre todo en los sistemas internacionales de protección, tanto los Estados como las víctimas, el sistema interamericano, obviamente el sistema universal, pueden presentar sus peticiones.
Tu pregunta sobre qué responsabilidad tienen otros Estados, como ocurrió ahora ante la Corte Internacional de Justicia, denunciando el incumplimiento de la Convención contra el Genocidio de Israel, como abogada internacionalista puedo decir que la vía está abierta en el mismísimo sentido. Esa es una ruta que se nos ha aclarado como otra posibilidad jurídica que existe, por ejemplo, violaciones de la Convención apatridia.
Pero es un tema difícil, sí, más bien político, de que entre gitanos no nos leemos las manos. Es muy difícil para un país denunciar a otro país y más en su región. En la región centroamericana veo muy difícil que cualquier país, por más que reconozca las graves violaciones de derechos humanos que está cometiendo el régimen, vaya a denunciar a Nicaragua. No veo ni a México ni a Guatemala, pero no es un tema jurídico, es un tema político. Habría que entonces trabajar desde nuestro lado como organizaciones en construir esa voluntad política de algún Estado que sí, que diga yo me atrevo a denunciar en Nicaragua, y vaya adelante con esa denuncia.
Ángela Buitrago. Para nosotros es un problema de ambas naturalezas porque hay un compromiso internacional que no puede estar supeditado a si un país le da gusto o no. Técnicamente, vimos que hasta Nicaragua demandó ante la Corte Internacional a Alemania y eso significa que los países tienen obligaciones internacionales. Eso lleva a que, entendiendo que hay un aspecto jurídico fundamental, que es que en el Derecho Internacional los bienes jurídicos son de protección de todos, no solo de uno, pues tendrían que actuar en conformidad, hay una obligación internacional y esta obligación la tienen todos los países.
Aquí hay un punto muy importante, incluso la discusión de las personas que han recibido las nuevas nacionalidades, de todos modos, siguen siendo objeto de ataques o persecución, que tendrían un gran sentido, en esos países, formular las denuncias.
Entonces, sí es un tema político en el sentido de cómo van a proceder y frente a qué Estados van a actuar, pues bienvenido que sea una acción inmediata. Y dos, esto no es un solo informe, estas son decisiones de organismos como la ONU en plenas sesiones, donde se han acatado también las informaciones que han hecho los diferentes organismos y las diferentes investigaciones y los diferentes grupos que se han creado para esto. Los países no tienen una obligación asumida a través de todos estos compromisos internacionales. Yo entiendo la decisión política, es una decisión política muy fuerte, pero también entiendo las obligaciones suscritas a nivel internacional. Creo que las víctimas podrían y deberían optar por esta vía sin lugar a dudas porque tendrían un derecho claro allí.
Milei y el juicio en Argentina
El juicio que está avanzando en Argentina, ¿en qué etapa se encuentra hoy y qué nivel de autonomía tiene la Fiscalía, el sistema judicial para darle cabida a ello, para llevarlo a término, bajo el Gobierno de Milei?
Paula Bertol. El proceso judicial que se está llevando a cabo en la Argentina tiene absoluta y total autonomía. Quienes lo llevan se muestran optimistas, pero el juez en el juicio es hoy uno de los candidatos para integrar la Corte Suprema y entonces también eso hace que haya discusiones y ruidos políticos con respecto a su perfil. Porque siempre ocurre que cuando hay candidatos a formar la más alta magistratura de un país, hay muchas voces disidentes y otras que apoyan.
Sin perjuicio de eso, la Fiscalía está trabajando sin detenerse. Empezaron con nueve denunciados, ya van 15, se acercaron muchísimos testimonios que se tomaron algunos en forma física en el lugar, otros vía Zoom. Y como les dije, todo lo que sale de investigación tanto de la OEA como de la ONU, el gran trabajo que hace “Nicaragua Nunca +” está en el expediente. Somos optimistas con este tema.
Con respecto al presidente Milei, él va a ser muy claro oponiéndose a las dictaduras de nuestro continente. Lo ha dicho en varias oportunidades, hablando de los que pasa en Nicaragua, Cuba y Venezuela. No tengo dudas de que el presidente Milei va a ser un gran apoyo para que el proceso de Nicaragua termine y llegue a la democracia plena.
El consenso latinoamericano y la Corte Interamericana
Todos tenemos muchas expectativas en relación al trabajo que está realizando el GHREN y a después de haber identificado la responsabilidad de la cadena de mando de la represión en Nicaragua se requiere judicializar estos procesos, abrir procesos de investigación penal. Y llevarlos a la justicia. ¿A qué justicia si en Nicaragua colapsó la justicia?
Alexandro Álvarez. Existen algunas posibilidades técnicas de avanzar en esos procesos en los cuales si habría responsabilidad individual. Lo que ocurre es que en un proceso, por ejemplo, por tortura, por apatridia ante la Corte Internacional de Justicia, el examen de los hechos judicialmente y los fundamentos van a ser a su vez el fundamento de procesos que en otros foros puedan llevar a responsabilidades individuales.
Para efectos de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, como tú decías, la necesidad de promover la voluntad política de algunos Estados, de promover a su vez estas acciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de manera explícita que existe una obligación de garantía colectiva. Lo ha dicho explícitamente en sus últimos informes el presidente de la Corte.
Los Estados de la región tienen la obligación colectiva de actuar, desde la pasada Asamblea General de la de la Organización de los Estados Americanos, las resoluciones sobre Nicaragua se aprueban por consenso. Ese consenso incluye Argentina, Bolivia, incluye a todos los países centroamericanos, a México, a Chile. Estoy poniendo algunos ejemplos, nada más, pero no hay que olvidarse de ese hecho político fundamental. Significa que todos los países del continente, que tienen distintas aproximaciones ideológicas, reconocen el hecho fundamental de las violaciones generalizadas a los derechos humanos en Nicaragua, eso no era algo que ocurría al comienzo de la crisis. Y ahí la acción de las organizaciones de víctimas y organizaciones de defensa de derechos humanos en Nicaragua será fundamental. Y yo solamente quiero recordar que la apatridia y la tortura están dentro del incumplimiento de las obligaciones de la Convención Americana.
Paula Bertol. La denuncia de los Estados en la Corte Interamericana y en la Corte Internacional está integrada por juristas muy prestigiosos entre ellos Uriel Pineda que está trabajando el tema de la apatridia. El tema político es central, porque uno puede tener hacer muchos esfuerzos jurídicos en la búsqueda de una salida, pero si finalmente el Estado no toma una decisión política de hacer esa denuncia, nunca se va a lograr. Y bueno, no hay descanso en la búsqueda de soluciones para Nicaragua.
El papel de las víctimas
¿Qué le recomendarían ustedes a las víctimas nicaragüenses, a la Asociación Madres de Abril, a las Asociaciones de excarcelados políticos o de familiares de presos políticos, de torturados, que han realizado ya enormes esfuerzos, agotando hasta donde es posible la documentación de hechos, pero no tienen la capacidad de investigación penal, que solo la tienen otro tipo de instancias especializadas?
Alexandro Álvarez. Debe darse un paso más para convertir a las víctimas en agentes de cambio. Las organizaciones de derechos humanos que han tenido un compromiso en el contexto de la crisis, como el “Colectivo Nicaragua Nunca +” deberían profundizar y multiplicar la reflexión sobre herramientas narrativas que permitan la agencia política de las víctimas. Después de la Segunda Guerra Mundial, dejó de ser un derecho internacional solo de los Estados, y pasó a ser un derecho de las comunidades, de las personas, y de las víctimas.
Paula Bertol. La vida es hoy, con todo el dolor que pasaron, con todo lo que siguen atravesando. Tenemos para ver hacia atrás y también ver hacia adelante. El trabajo que hacen organizaciones como las que nos invitaron acá, en la búsqueda de la verdad, en que nadie quede impune, que el que las hizo, las pague, sería bueno que ese pasado tan duro, tan doloroso, no les impida vivir el hoy y construir el mañana.
Así que yo deseo para todos ustedes que se haga realidad la frase de Nietzsche que dice “lo que no mata, fortalece”, y que todo lo que pasó en Nicaragua a partir de 2018 los encuentre fuertes para saber que pueden mejorar sus vidas, que las pueden transformar y que se puede hallar una solución, que es posible.
