30 de abril 2024
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que ordene al Estado de Nicaragua compensar al estadounidense Jason Puracal, quien estuvo detenido en el país en condiciones “infrahumanas” entre 2010 y 2012. El ciudadano de EE. UU. fue acusado falsamente de crimen organizado, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Mediante el caso Nº 13 926 —Jason Puracal y familiares respecto de la república de Nicaragua—, la Comisión intenta determinar la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la detención “ilegal y arbitraria” de Jason Puracal, su privación de libertad en condiciones carcelarias que “constituyeron tratos crueles, inhumanos o degradantes” y su sometimiento a un “proceso penal violatorio del debido proceso”, como consecuencia del cual fue deportado de Nicaragua.
El caso fue remitido a la Corte IDH, después que la Comisión le dio al Estado de Nicaragua un plazo de dos meses para que informara sobre el cumplimiento de una recomendaciones hechas en un informe sobre el caso de Puracal. No obstante, las autoridades nicaragüenses no atendieron al llamado.
“La Comisión solicita a la honorable Corte que concluya y declare que el Estado nicaragüense es responsable por la violación de los derechos a la integridad y libertad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, propiedad privada, libertad de circulación y residencia y protección judicial, establecidos en los artículos 5, 7, 8, 11, 21, 22 y 25 de la Convención Americana”, se lee en el documento enviado a la Corte por el secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, Jorge Meza Flores.
Miembro del Cuerpo de Paz
Jason Puracal llegó a Nicaragua en 2002, como miembro del Cuerpo de Paz, y luego de casarse con una nicaragüense fijó su residencia en el país. Trabajaba en bienes raíces y tenía una oficina en San Juan del Sur, en el departamento de Rivas. El 11 de noviembre de 2010, la Policía allanó su casa, lo detuvo e incautó sus bienes sin una orden judicial.
El 13 de noviembre de 2010, Puracal fue trasladado a la cárcel de Rivas y dos días después ingresó a la antigua Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, en donde permaneció dos días y fue trasladado a la cárcel “La Modelo”.
De acuerdo a la declaración de la víctima, que entonces tenía 33 años, una vez en “El Chipote”, fue puesto en “una celda individual oscura y sucia, sin acceso a luz natural, sin ropa de vestir o para la cama”. Luego, en La Modelo estuvo en una celda con otras ocho o nueve personas, en “condiciones inhumanas”.
Puracal fue acusado por los delitos de crimen organizado, transporte internacional de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas, lavado de dinero, bienes y activos. El 6 de septiembre de 2011, lo sentenciaron a 22 años de prisión.
La sentencia fue apelada el 5 de octubre de 2011 y el 12 de septiembre de 2012 el Tribunal de Apelaciones de Granada anuló el juicio, porque la sentencia carecía de fundamentos y ordenó la libertad del estadounidense.
El 14 de septiembre de 2012, Migración ordenó la deportación de Jason Puracal por considerar que era un “peligro para la seguridad ciudadana y el orden público”.
El 23 de julio de 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el recurso de casación de la Fiscalía, tanto de forma como de fondo, con lo cual el caso quedó cerrado.
Valoraciones de la Comisión
Para la CIDH, el Estado es responsable por la violación de las garantías del debido proceso y la protección judicial en el marco del proceso penal seguido contra Puracal. En particular, el Estado no le informó sobre su derecho a la asistencia consular por ser un ciudadano extranjero y la duración del proceso penal resultó contraria a la garantía de plazo razonable.
Por otra parte, la Comisión consideró que el Estado es responsable por la violación del derecho a la protección de la honra y dignidad, concretamente la protección del domicilio, al no existir motivación o razones justas por las cuales se aplicó el allanamiento en las oficinas y en el domicilio de Puracal.
De igual manera, que el Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad debido a que “la decisión de convalidación de incautación de los bienes fue arbitraria y no se aportó ninguna evidencia que demuestre la devolución de los bienes que fueron incautados en la investigación penal en contra de Puracal, ni tampoco el pago de una compensación monetaria justa por estos bienes”.
Medidas de reparación
Entre las medidas de reparación solicitadas por la Comisión se destaca una compensación económica para el afectado y su familia, y la realización de “una investigación seria, diligente y efectiva, en un plazo razonable, para esclarecer los hechos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, individualizar a los responsables e imponer las sanciones que correspondan”.
Al mismo tiempo, la Comisión exige que el Estado de Nicaragua adopte las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares y para asegurar que las denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes, en particular aquellas referidas a personas privadas de libertad, sean debidamente investigadas.
Además, pide al Estado disponer mecanismos de no repetición que incluyan ajustar la legislación interna, respecto a la prisión preventiva, específicamente sobre la obligatoriedad de los jueces de decretar esta medida cuando se trate de delitos graves.
