6 de marzo 2024
AA
Share
Daniel Ortega y Rosario Murillo han impedido regresar a Nicaragua a al menos 145 nicaragüenses en los últimos cuatro años, "como una herramienta más para perpetuar una espiral de silencio", señala el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre el país centroamericano, que además describe cómo funciona estos "destierros de facto".
Entre 2021 y 2024, el grupo contabilizó que se ha prohibido la entrada a Nicaragua a 66 mujeres y 79 hombres, entre ellos 15 niñas y niños.
El informe, presentado en Costa Rica, señala que han podido determinar el modus operandi de las autoridades cuando se trata de prohibir el ingreso de nacionales por vía aérea o terrestre.
Las aerolíneas o empresas de autobuses envían a la Dirección General de Migración y Extranjería, con antelación, las listas de pasajeros que tienen intención de entrar a Nicaragua.
Listas y búsqueda en Internet y redes sociales
Las autoridades de Migración utilizan esas listas para comparar los nombres con otro listado actualizado que reciben periódicamente proveniente del Ministerio de Gobernación, ahora del Interior, sobre los casos en los cuales podría haber alerta, para ordenar su destierro.
Los funcionarios de Migración complementan la información recibida por el Ministerio del Interior con búsquedas de información sobre las personas señaladas en Internet y redes sociales, y cualquier dato, publicación en redes sociales o vínculo considerado “sospechoso”, es suficiente para armar una ficha sobre la persona que viaja y considerarla no apta para ingresar al país.
En esos casos, en las fechas previas al viaje de regreso, la aerolínea o la empresa de autobuses establece contacto con la persona a través de un mensaje de WhatsApp, correo electrónico o por medio de una llamada telefónica y le informa que tiene prohibida la entrada a Nicaragua, sin darle mayor explicación, sino informándole que se comunique con las autoridades nicaragüenses, que ignoran los mensajes.
Destierro de nicaragüenses en aumento desde 2023
"Este patrón se ha acentuado durante 2022 y 2023, en particular después de la expulsión masiva de (222) personas en febrero de 2023 y ha sido utilizado tanto en contra de personas que residían en Nicaragua y habían salido del país por razones personales o laborales con la intención de regresar, como personas que residían fuera de Nicaragua, pero mantenían una relación especial con el país", explicó.
Según el informe, en 2021 se presentaron tres casos de prohibición de ingreso al país o destierro de facto: dos hombres y una mujer; y en 2022 se presentaron 19 casos (7 mujeres y 12 hombres).
En 2023, el número de casos documentados aumentó más del 500%, llegando a 110 personas (48 mujeres, 62 hombres, de los cuales 15 son niñas y niños), advirtió.
En 2024, hasta la fecha de publicación del informe, a 12 personas nicaragüenses (9 mujeres y 3 hombres) les ha sido prohibido el ingreso a su país.
Víctimas son periodistas, sacerdotes, académicos, abogados...
Las víctimas nicaragüenses de estos destierros "eran en su mayoría periodistas, sacerdotes, académicos, abogados, personas defensoras de los derechos humanos y familiares de víctimas y de las 317 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad", puntualizó el Grupo de Expertos.
Los casos identificados muestran, sin excepción, que el perfil de las víctimas es de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales y sus familiares, agregó.
Esas personas se han visto imposibilitadas a regresar a Nicaragua desde Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Panamá, entre otros.
"Apátridas de facto"
El grupo advirtió que la decisión de prohibir el ingreso a su propio país viola el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en la vida familiar, el derecho a la libertad de circulación y a la libertad de elegir su residencia, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua.
Por tanto, indican en el informe, las víctimas pueden considerarse "apátridas de facto" al enfrentarse a una situación similar a la de un apátrida, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
263 nicaragüenses desterrados
La dictadura también ha expulsado a 263 nicaragüenses y a 21 extranjeros sin el debido proceso legal desde 2022, denunció el Grupo de Expertos.
"Estas personas fueron llevadas a la frontera o expulsadas por vía aérea directamente por las autoridades nicaragüenses", precisó.
Además de la expulsión de las 222 personas excarceladas en febrero de 2023, el Grupo de Expertos ha identificado 6 casos de expulsión entre marzo de 2023 y febrero de 2024, que afectaron a 40 nicaragüenses (3 mujeres, 34 hombres y 3 niños).
"En un caso se trató de una familia completa; en otros dos se trató de expulsiones colectivas de miembros de la Iglesia católica", detalló.
También incluyen los 19 miembros de la Iglesia católica, entre ellos los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, que fueron excarcelados y expulsados hacia el Vaticano el 13 de enero de 2024.
Tanto en los casos de expulsiones colectivas como en los individuales, las víctimas fueron obligadas a subir a un avión hacia otro país o a cruzar la frontera terrestre, de acuerdo con el informe, que asegura que en ningún caso las víctimas pudieron interponer recursos en contra de la decisión de ser expulsadas.
Al menos 21 extranjeros han sido expulsados
De igual forma, el Grupo de Expertos ha documentado 21 casos de expulsiones arbitrarias de extranjeros con residencia legal en Nicaragua, entre ellos periodistas, cooperantes, sacerdotes y miembros de comunidades religiosas.
Entre ellos ha identificado seis casos de expulsiones colectivas, cuatro de las cuales ocurrieron en el primer semestre de 2023, todas de integrantes de comunidades religiosas.
El informe detalla que las víctimas nunca pudieron someter su caso a revisión ante una autoridad competente.
En virtud de los testimonios recabados y de la documentación analizada, el grupo dijo tener motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicaragua ha violado de forma sistemática y con intención discriminatoria, el derecho de sus nacionales a la libertad de circulación y de escoger su residencia, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También estima que el Gobierno afectó de igual forma el derecho de los extranjeros que se hallaban legalmente en su territorio a no ser expulsados sin base legal y sin debido proceso, consagrado en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Grupo de Expertos, formado por el alemán Jan Simon, la uruguaya Ariela Peralta y la colombiana Ángela Buitrago, ha denunciado en sus dos informes que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos.
*Con información de EFE
