El dilema de los generales del Ejército ante la sucesión dinástica

Este es el comentario de Carlos F. Chamorro en la edición del 25 de febrero de 2024, en Esta Semana. A continuación, un fragmento:

Cuando Daniel Ortega se mofa de los nicaragüenses que han recibido la ciudadanía española, lo que hace es burlarse de sus propios partidarios al degradar aun más la institución presidencial, y al mismo tiempo enaltece el extraordinario gesto de solidaridad de España que pone en evidencia la persecución política de su dictadura.
Daniel Ortega también intenta justificar sus acciones represivas, presentándose él y su esposa como herederos del general Sandino, máximo símbolo de la defensa de la soberanía nacional. Pero todo mundo sabe, incluyendo a los mismos sandinistas partidarios de Ortega, que con la ley 840 del canal interoceánico, la ley Ortega-Wang, promulgada en 2013, hipotecó por 100 años la soberanía nacional al entregar el territorio nacional al empresario chino Wang Jing, para la supuesta construcción del canal y una decena de subproyectos. Y a pesar del fracaso y la estafa del proyecto canalero, esa ley sigue viva al día de hoy. Por eso cuando Ortega dice, ahora si vamos a hacer el canal, aludiendo a su alianza con la República Popular China, significa más corrupción, la amenaza de un despojo masivo de propiedades, y más tráfico de influencias.
Y fue precisamente en otro aniversario del general Sandino, hace dos años, cuando Daniel Ortega mancilló el nombre del héroe nacional, al invocar al Sandino antintevencionista, para
para justificar su apoyo a la invasión militar en Ucrania del dictador Ruso Vladimir Putin.
Y nuevamente, este 21 de febrero, Ortega compareció rodeado por el alto mando del Ejército y la Policía, que representan el pilar principal de la dictadura que ahora compromete su respaldo al discurso de odio y venganza, y a su mensaje de sumisión como peón de los intereses de las potencias de Rusia y China en Centroamérica.
Mientras tanto, los 20 generales del Ejército encabezados por el general Julio César Aviles, que se negaron a desarmar al ejército paramilitar de Ortega, y que durante más de una década han representado el tapón institucional en el ejercito que impide el ascenso de los oficiales en la carrera militar, se debaten ante la incertidumbre de la sucesión dinástica.
¿Será reelegido el general Avilés por un cuarto período como jefe del Ejército en 2025, ¿Cuál es el futuro de los otros 19 generales, ante la eventual salida de Avilés? ¿Se declararán leales a Murillo, o serán desplazados por los altos militares que serán nombrados por la sucesora del poder?
Nadie puede predecir, por ahora, el desenlace de estas preguntas. Pero al someterse a la dictadura de Ortega, bajo el liderazgo del general Avilés, el Ejército de Nicaragua ya renunció a su mandato constitucional, y también ha hipotecado su futuro a la suerte de la sucesión dinástica.