2 de marzo 2024
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La ambición del régimen por controlar y explotar la minería de oro y la ganadería en las regiones autónomas del Caribe nicaragüense, ha quedado en evidencia con la imposición —por medio de “cooptación o coacción”— de sus simpatizantes en las estructuras de autogobierno caribeño, de acuerdo con el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
“Dominar las estructuras de autogobierno es fundamental para mantener el control económico sobre el territorio y los recursos de las regiones autónomas, en línea con actividades económicas estratégicas como la minería del oro y la ganadería”, determinó el informe, presentado el 29 de febrero de 2024 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra, Suiza.
El Grupo de expertos resaltó que, desde 2018, ha incrementado la represión hacia los líderes, activistas y organizaciones defensoras de los derechos indígenas y afrodescendientes.
Como ejemplo destacó la represión a las protestas del partido indígena Yatama, en 2019 y 2023, en contra del fraude electoral en las votaciones regionales y municipales de esos años. Así como las acciones represivas contra el líder del partido y diputado Brooklyn Rivera Bryan, a quien se le negó la entrada al país en 2023 y, meses después, fue encarcelado en Nicaragua, tras regresar de forma clandestina.
Así como la condena a ocho años de la diputada suplente Nancy Elizabeth Henríquez por supuestamente difundir “noticias falsas” y atentar contra “la integridad nacional”.
Persecución generalizada en la Costa Caribe
Yatama, que por años fue aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), finalmente perdió su personería jurídica el 3 de octubre de 2023, a solo cuatro meses de las votaciones regionales que se realizarán este domingo 03 de marzo de 2024, en las que se espera que el FSLN se quede con el control absoluto de los Gobiernos de ambas regiones autónomas, como lo hizo en las votaciones nacionales de 2021 y municipales de 2022, donde no hubo competencia.
“Los actos de represión incluyeron acoso, amenazas, criminalización, detención arbitraria, confiscación de bienes y prohibición de entrar en el país. Como consecuencia, muchos líderes y activistas se han visto obligados a esconderse y/o huir del país”, detalló el GHREN.
El objetivo de la dictadura, reiteró el grupo, es “eliminar las voces críticas organizadas entre estos pueblos”.
Utilizan a colonos a favor de la dictadura
Subrayaron que esta ampliación de poder político vino acompañado de la imposición de violencia ejercida por colonos armados, quienes invaden las tierras comunales de los indígenas, principalmente los territorios mayangnas Sauni As, ubicados en el Caribe Norte.
“Los asaltos violentos de colonos han causado la muerte de 46 personas —33 por arma de fuego—. En algunos casos, los cadáveres recuperados presentaban signos de tortura y mutilación. Mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual, se quemaron casas y se desplazó a personas por la fuerza”, denunció el GHREN.
Una investigación de CONFIDENCIAL, publicada en abril de 2023, reveló que, en los últimos diez años, unos 70 indígenas misquitos y mayangnas fueron asesinados por colonos invasores. Mientras, otro centenar ha sido víctimas de secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, traumas psicológicos y heridas que los han dejado con amputaciones o cuadripléjicos.
Prevalece impunidad
A pesar de estos altos índices de violencia en las comunidades del Caribe, las autoridades estatales no hacen “investigaciones prontas, imparciales y eficaces”. Más bien, niegan la responsabilidad de los colonos y procesan a miembros de las comunidades afectadas.
Además de los dos dirigentes de Yatama presos, hay al menos ocho indígenas entre la lista de presos políticos condenados por delitos fabricados y otros 25 mayangnas que son perseguidos por la Policía Nacional, institución que los ha acusado —sin pruebas— de asesinatos, secuestros, extorsión, incendios y portación de armas. Mientras, en los territorios indígenas, los invasores siguen actuando con impunidad.
“El Grupo ha recopilado información que apunta a que el Gobierno está instrumentalizando a los colonos para reconfigurar y asegurar el control sobre las tierras comunales y su explotación”, alertó el GHREN.
Aclararon que, dada la complejidad de los hechos y las limitaciones de tiempo, hace falta una mayor investigación y recolección de pruebas. “En la medida de los recursos disponibles, el Grupo seguirá investigando este asunto”, adelantaron.
