23 de febrero 2024
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El control político y la captura del Estado está en manos del Ejército de Nicaragua y militares retirados, los cuales han sido el brazo derecho de Daniel Ortega desde su retorno al poder en 2007. Este estamento gerencial se enfrenta con disyuntivas y ansiedades políticas por su complicidad con el régimen y el eventual retiro de Ortega del Ejecutivo.
En la medida que los tiempos ‘naturales’ de Daniel Ortega se achican, y Rosario Murillo profundiza su control y radicalización, la vinculación del Ejército con el régimen está llegando a un punto crítico en donde el costo-beneficio de seguir apoyando a la dictadura en vez de defender la Constitución y el interés nacional, se hacen más onerosos ya que el beneficio para el país y para ellos disminuye. El esquema de control excluyente del clan liderado por Murillo, así como la naturaleza corrupta y represiva de gobernar, se sopesan con el interés de apoyar la sucesión a cambio de mantener puestos en el Gobierno o ascensos dentro de la entidad militar.
Esta situación pone de relieve potenciales purgas y rupturas en el corto plazo.
Tanto los exmilitares como los 20 generales ascendidos por Daniel Ortega que desde hace más de 15 años encabezan el “tapón institucional” del Ejército con el general Julio César Avilés a la cabeza, después de tres períodos en el cargo, enfrentan un dilema inmediato ante la sucesión dinástica. ¿Obtendrá Avilés un cuarto período como jefe del Ejército en 2025, en pleno ascenso al poder de Rosario Murillo? ¿Qué futuro les depara a los otros 19 generales, ante la salida de Avilés, o su eventual reelección en el cargo? ¿Rendirán su lealtad a Murillo, o serán desplazados por los altos militares “verdaderamente leales” a Murillo, que serán nombrados por la sucesora del poder?
Este grupo leal a Daniel Ortega es gente que lleva más de 30 años en el Ejército, y con edades cercanas a jubilación. Para ellos el chance de una promoción queda en manos de Murillo, lo que significa negociar con el círculo de poder un puesto para ascender a la Comandancia General.
La suerte está echada para los generales Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor, Marvin Corrales, Inspector General, Leonel Gutiérrez, jefe de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, y Rigoberto Balladares, jefe de la Dirección de Información para la Defensa, que están en el círculo inmediata de sucesión a Avilés. Todo está en manos de la decisión de Murillo, que también podría promover a generales más jóvenes que no pertenecen a la tanda de Ortega.
Al interior del Consejo Militar del Ejército persiste ansiedad entre la incertidumbre que provoca la “sucesión dinástica” y la presión externa que apunta a sancionar internacionalmente al Instituto de Previsión Social Militar, el brazo empresarial de los negocios de los altos militares.
El militarismo en el Estado de Nicaragua
La columna vertebral de la dictadura tiene varios nervios conectores, en tres de esos los militares tienen mucha presencia, especialmente en el más estratégico, el control político.
Primero, está un equipo a cargo de mantener estabilidad macroeconómica, manejado principalmente por el presidente del Banco Central Ovidio Reyes y el Ministro de Hacienda Iván Acosta; segundo, un equipo represivo en manos de cuadros de la Policía con experiencia en inteligencia y control social y grupos paramilitares al mando de Horacio Rocha, Zhukov Serrano, y Néstor Moncada Lau; y tercero, un equipo estratégico que mantiene el control territorial y político del país, a cargo de operadores políticos como Fidel Moreno y Gustavo Porras y militares retirados que tienen un vínculo directo con el alto mando del Ejército.
Dentro de estos tres ejes neurales, el último incluye puestos más estratégicos de importancia para la dinastía Ortega-Murillo y están en manos de exmilitares.
Estos puestos incluyen direcciones y ministerios en aeropuertos, minas, supervisión financiera, migración, energía, Seguridad Social, recaudación de ingresos, infraestructura pública y de transporte, a cargo de más de treinta ejecutores u operadores de la captura del Estado.
Por ejemplo, la presencia de militares y exmilitares se ubica en sitios en los que el régimen ha aprovechado para recabar información política mediante el monitoreo de entradas y salidas de personas al país a través de la autoridad portuaria y migración a cargo de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) bajo la dirección de Iván Escobar Ramírez, el capitán Marvin Noé Padilla Fonseca, subdirector general y el comandante Juan Emilio Rivas, oficial de Migración.
La contratación de empresas internacionales para facilitar vuelos chárteres a Managua usando Nicaragua como puente de migración ilegal hacia Estados Unidos ha estado en manos de militares dentro de Aeronáutica Civil.
También el control de la mayor parte de la inversión pública, la cual más del 60% se dedica en obras públicas está al mando del general en retiro Óscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura.
De igual forma, la recaudación tributaria está en manos del capitán en retiro Martin Rivas en la DGI, de donde emana la extorsión contra empresas. También la Zona Franca, y el sector de la minería, que está gerenciados por el Estado, están bajo la tutela de militares retirados.
La Unidad de Análisis Financiero funciona como el ente penalizador y vigilante más fuerte del país ya que tiene el acceso completo a la vida financiera de cualquier entidad formal en el país y tiene la función de eliminar o cerrar cuentas de entidades físicas o jurídicas. Tanto los militares retirados Denis Membreño Rivas como el expolicía Aldo Sáenz mantienen un estricto control de quien tiene activos en el país y a quienes se les puede cancelar.
Además, la estructura militar y cuadros veteranos de la Dirección General de Seguridad del Estado siguen presentes en el control político, e incluye al magistrado Armando Juárez quien montó los casos contra varias organizaciones de la sociedad civil, u otros que están asumiendo el control del Poder Judicial, a través de los magistrados Marvin Aguilar, y Juana Méndez que, después de la barrida, tienen asegurada su reelección.
Toda esta presencia del control de entidades claves refleja lo que el politólogo Allain Roquie llamara militarismo, la presencia gradual del militar en la gestión política a través del aparato gerencial público en puestos que son estratégicamente importantes para el régimen, aunque no para el país.
Si bien no hay militarización en el sentido bélico, la interacción entre estos militares retirados y el Ejército es fuerte, y se produce entre actores dentro de la entidad misma, como con el general de brigada Leonel José Gutiérrez López, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar del Ejército de Nicaragua. De hecho, muchos de estos individuos se han amparado al artículo 92 de la Constitución que permite a militares activos servir a estado en “comisión de servicio”.
En general, la interacción opera como parte del tráfico de influencias cuando los militares en función avizoran su retiro y sopesan su último trabajo entre el ascenso militar o un puesto en el Gobierno. Esta consideración funcional de oficiales del Ejército se ha prestado para negociar favores transaccionales con Daniel Ortega, otorgando lealtad a cambio de premios en el manejo de las empresas y los intereses económicos de Albanisa. La eventual salida de Ortega abrirá muchas interrogantes.
El militarismo amenaza la seguridad nacional
La mayoría de estos militares retirados tienen tres características de importancia con el régimen. Primero, pertenecen a la generación de la Revolución Sandinista, con cuadros en edad promedio mayor a los 60 años. Segundo, no pertenece a una tanda militar, sino que lo que los une es una convicción política pro-Daniel Ortega que se cohesiona con los favores económicos recibidos. Tercero, sus puestos se ubican en espacios tácticos, pero no de geopolítica en pro del interés nacional. He aquí un problema y una gran amenaza para el país.
Al subordinar la seguridad nacional a la influencia de la dinastía, la cúpula militar está poniendo en riesgo la integridad territorial de la nación al atender más los intereses económicos personales de los generales. Esto se observa especialmente en el fracaso de la contención del tráfico de drogas. Mientras el trasiego de drogas continua a escala regional con más de 800 toneladas pasando por Centro América, la incautación de drogas de parte de Nicaragua es la más baja de la región.
Nicaragua decomisó 400 kilos de cocaína en 2023, cantidad ínfima comparado a lo que los países vecinos decomisan, cantidades entre veinte y cien toneladas anualmente, y entre otros resulta que en San Petersburgo las fuerzas de seguridad rusa decomisaron una tonelada de cocaína provenientes de Nicaragua, ante el silencio cómplice del Ejército, la Policía y el clan familiar.
Segundo, la subordinación clientelar pone en riesgo el balance geopolítico regional toda vez que Ortega y Murillo fortalecen sus alianzas militares con Estados antidemocráticos y represivos con vínculos con el terrorismo de Estado, como Rusia e Irán.
Tercero, el Ejército ha liquidado su credibilidad como institución al permitir, primero, la creación de fuerzas irregulares paramilitares, y después, al colaborar con éstos en la represión urbana, hasta convertirse en una fuerza represiva en las zonas rurales, asumiendo un rol político que de persecución y acoso contra los ciudadanos opositores.
Paradójicamente, el Ejército como poder detrás y al lado del trono, se ha convertido en la principal amenaza de la seguridad democrática de los nicaragüenses, al disponer de una inteligencia operativa al servicio de represión, mientras que, al someterse al servicio de Estados forajidos, hipotecó su misión de defensor de la soberanía nacional. La realidad es que el militarismo en la Nicaragua del siglo XXI es la continuidad del proyecto de inteligencia de Ortega en los 80, y sus cómplices tienen más cara de vendepatrias que de héroes o patriotas.
