22 de febrero 2024
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Un tribunal panameño ordenó este jueves la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá tras ser condenado a más de diez años de prisión por blanqueo de capitales en el caso conocido como 'New Business'.
Además, se sumó una segunda petición de arresto relacionada con el caso Odebrecht, por el que el expresidente panameño irá a juicio.
La decisión vinculada al caso 'New Business', que fue tomada por la jueza Baloísa Marquínez, analizó "la gravedad del delito imputado, el riesgo de fuga evidenciado por la conducta del sentenciado, la necesidad de garantizar la efectividad del proceso judicial y el incumplimiento de la medida cautelar de reporte", dijo en un comunicado el Órgano Judicial (OJ) de Panamá.
"Se concluye que la detención preventiva en contra del expresidente condenado es proporcional y necesaria para asegurar la comparecencia del sancionado ante la justicia y salvaguardar los intereses de la sociedad", precisó el OJ.
La jueza ordenó la detención preventiva de Martinelli tras admitir una petición de la Fiscalía de cambio de la medida cautelar dictada inicialmente de impedimento de salida del país.
El pasado 15 de enero fue la última vez que el exgobernante se reportó para el cumplimiento de dicha medida cautelar, lo cual, según el Tribunal, "revela, desde esa fecha, un incumplimiento de sus obligaciones procesales, que agrava aún más el riesgo de fuga, máxime cuando la causa solo se encuentra a la espera de que sean resueltas solicitudes de aclaración".
El exgobernante fue condenado a diez años y seis meses de prisión por el delito de lavado de dinero en el llamado caso 'New Business', una compleja trama para comprar irregularmente la Editorial Panamá América S.A. (Epasa) que publica tres diarios.
Después de que la sentencia quedara en firme el pasado 2 de febrero tras serle rechazada la casación, Martinelli se asiló en la sede diplomática de Nicaragua el 7 de febrero alegando que la condena se trata de una persecución política en su contra para impedirle participar en las elecciones del 5 de mayo próximo como candidato presidencial.
Aunque Martinelli se autodeclaró como un “perseguido político” y no ha presentado ninguna prueba de ello. La falta de evidencias no evitó que la dictadura de Daniel Ortega le otorgase asilo político por considerar —según una nota de la Cancillería nicaragüense— que es un “perseguido por razones políticas” y por “encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad”.
Caso Odebrecht
Además del caso 'New Business', la jueza Marquínez también ordenó la detención preventiva de Martinelli "dentro del proceso seguido por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, en el denominado caso Odebrecht".
La jueza lo resolvió así tras una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de cambio de la medida cautelar a Martinelli, "toda vez que ha mostrado intención de evadirse de la justicia panameña al serle otorgado un asilo político por la República de Nicaragua", señaló el comunicado.
El expresidente salió absuelto dos veces en el caso conocido como "Pinchazos" (escuchas ilegales), pero aún debe enfrentar junto a sus dos hijos el juicio por Odebrecht por blanqueo de capitales.
En España también es investigado por presunta corrupción por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en Panamá, y además por el supuesto espionaje a una mujer en la isla de Mallorca.
Autoridades panameñas negaron salvoconducto
Martinelli sigue asilado en la sede diplomática de Nicaragua tras serle negada la petición de salvoconducto necesaria para viajar a territorio nicaragüense.
“La solicitud de salvoconducto para la salida del territorio de la República de Panamá del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ha sido denegada con base en lo que dispone el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933”, anunció la Cancillería de Panamá en un comunicado.
En respuesta, la dictadura de Daniel Ortega acusó al Gobierno de Panamá de “violar las Convenciones sobre Asilo”, y reiteró que el asilo a Ricardo Martinelli “ha sido concedido por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad”.
La Cancillería convocó a su sede a la embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval Meza, a quien se le hizo entrega de la nota mediante la cual se informa al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua del rechazo de la solicitud de salvoconducto para que Martinelli abandone el país.
Además, recordaron a la embajadora la “obligación de garantizar que la sede de la Misión Diplomática a su cargo preserve las funciones que está llamada a cumplir (...) por lo que la misma no debe ser utilizada de manera incompatible”.
EE. UU. rechazó el asilo a Martinelli
Ese asilo concedido por Nicaragua fue condenado también por Estados Unidos ya que, según dijo en redes sociales el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, esta es otra medida del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para “socavar el Estado de derecho y subvertir la justicia”.
La familia Martinelli ha enfrentado la Justicia estadounidense: los hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, confesaron en Estados Unidos haber blanqueado 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht y, tras pagar cárcel por ello, fueron deportados a Panamá el año pasado, una situación similar a la de su padre en 2018, cuando fue extraditado tras pasar un año preso en el país norteamericano por el caso ´Pinchazos´, del que fue absuelto dos veces en Panamá.
Tras la deportación de los hijos del expresidente, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a Martinelli prohibiéndole la entrada a territorio estadounidense, así como a sus familiares, y lo acusó de estar involucrado en “corrupción a gran escala”.
En cuanto a la inhabilitación política de Martinelli, que tenía previsto presentarse como candidato presidencial a las próximas elecciones del 5 de mayo con muchas posibilidades de victoria según las encuestas, el Tribunal Electoral aclaró a inicio de febrero que una vez tenga la copia de la sentencia en firme contra el exmandatario, “se procederá al trámite correspondiente de manera expedita y conforme lo establece la Constitución”.
